Casi 400 mil prestaciones y fuertes diferencias: radiografía del sistema jubilatorio bonaerense
Siete de cada diez beneficiarios son mujeres, pero cobran menos que los hombres, y el régimen municipal concentra el 67% de los haberes mínimos. La discusión por los nuevos aportantes y los fondos retenidos por Nación agranda la pelea previsional.
Pamela Orellana
El Instituto de Previsión Social bonaerense paga cada mes 393.069 prestaciones a 379.233 personas, un universo que muestra el peso del sistema provincial y también diferencias marcadas entre sectores, géneros y tipos de beneficio.
Los datos consolidados a junio de 2026 permiten mirar más allá del promedio: casi seis de cada diez jubilaciones pertenecen al Magisterio, siete de cada diez beneficiarios son mujeres y la mayor parte de quienes cobran el haber mínimo proviene del régimen municipal.
La radiografía distingue entre 284.317 jubilaciones, con un haber promedio de $1.512.712; 82.904 pensiones, con una media de $881.277; y 25.848 pensiones sociales. La diferencia entre cantidad de prestaciones y personas se explica porque 13.680 beneficiarios reciben más de un pago. En total, el 87,89% de los beneficios es contributivo y el 12,11% restante corresponde a prestaciones no contributivas.
Mujeres, docentes y municipales
La mayoría femenina es contundente: 268.242 beneficiarias representan el 70,73% del padrón. Sin embargo, esa presencia no se traduce en igualdad de ingresos. El haber contributivo promedio de los hombres fue de $1.523.246, mientras que el de las mujeres llegó a $1.360.889, una diferencia de $162.357 mensuales.
El contraste también aparece entre subsistemas. El Magisterio concentra 168.920 jubilaciones, equivalentes al 59,41% del total, con un haber promedio de $1.577.958. En ese grupo, el 88,85% son mujeres. La Administración reúne 63.505 jubilados y jubiladas, con una media de $1.551.782, mientras que el Servicio Penitenciario paga 6.863 jubilaciones con un promedio de $1.884.741.
El cuadro municipal es distinto. Ese régimen alcanza a 44.955 jubilaciones, con un haber promedio de $1.152.332, y a 24.746 pensiones, cuya media baja a $653.322. Además, de los 14.651 beneficios que se ubican en el haber mínimo, el 67% corresponde al subsistema municipal. Entre quienes cobran ese piso, el 71,83% son mujeres.
Menos prestaciones transitorias
El informe también expone un dato de gestión que la administración de Axel Kicillof busca mostrar como avance: la reducción de jubilaciones y pensiones transitorias. En marzo de 2022 representaban el 20,65% del total liquidado por el IPS; en junio de 2026 bajaron al 12,68%.
La mejora se concentra especialmente en el Magisterio, históricamente el sector con mayor volumen de expedientes provisorios. Allí, la transitoriedad descendió del 39,40% al 20,41% en el mismo período. El organismo explica que esos pagos se habilitan cuando existe un derecho indubitado, para evitar que la persona quede sin ingresos mientras continúa el trámite administrativo hasta la resolución definitiva.
La baja no elimina el problema, pero muestra una reducción sostenida del stock pendiente en el subsistema más numeroso. También permite separar dos discusiones que suelen mezclarse: una es el nivel de los haberes y las brechas entre sectores; otra, la velocidad con la que el Estado provincial convierte una prestación provisoria en definitiva.
La caja, entre Nación y los nuevos aportes
La publicación llega mientras el IPS ocupa el centro de dos disputas con impacto financiero. La primera es el reclamo de la Provincia contra la ANSES por más de $2,3 billones correspondientes a transferencias para la caja bonaerense. Después de tres audiencias ante la Corte Suprema, Kicillof dio por terminada la instancia de conciliación en junio y anunció que avanzaría por la vía cautelar.
La segunda discusión se abrió con el artículo 59 del Presupuesto bonaerense 2026, que incorporó al régimen provincial a trabajadores de empresas con capital estatal mayoritario y al personal docente y no docente de establecimientos educativos privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación.
Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Nación y entidades del sector educativo cuestionaron judicialmente la medida, mientras el Gobierno provincial sostiene que esos aportes deben ingresar al IPS.
Según estimaciones citadas en los expedientes y en el debate político, el cambio podría alcanzar a unos 20.000 trabajadores de empresas provinciales y a entre 50.000 y 55.000 empleados de colegios privados. La discusión no modifica todavía los números del boletín de junio, pero anticipa una posible ampliación de la base de aportantes y, al mismo tiempo, agrega incertidumbre hasta que la Justicia defina dónde corresponde ingresar las contribuciones.
En ese contexto, Kicillof vinculó el reclamo previsional con el esquema fiscal nacional: “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.
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