La Corte define la cancha y desata una pulseada política más áspera por Punta Mogotes
La decisión de la Suprema Corte bonaerense de cerrar la puerta a un nuevo intento de la Provincia para sacar la causa de Mar del Plata reactivó la disputa política por Punta Mogotes y volvió a exponer el trasfondo institucional que arrastra el conflicto desde 2024.
Con el expediente ya confirmado en el fuero contencioso administrativo local, el reclamo del radicalismo sumó volumen y apuntó directamente contra Axel Kicillof.
El senador nacional Maximiliano Abad se subió al fallo y redobló la presión: “El fallo vuelve a dejar en claro que este tema no puede resolverse en La Plata. Es un tema tan marplatense que debe discutirse y definirse en la ciudad”, afirmó, en una nueva crítica a la estrategia judicial de la Provincia.
La resolución, firmada por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria junto al conjuez Mario Kohan, desestimó el recurso extraordinario federal impulsado por la Fiscalía de Estado y dejó firme la competencia de los tribunales marplatenses.
La Corte cierra el camino a la Provincia
El pronunciamiento del máximo tribunal provincial no solo ratificó decisiones previas sino que además cuestionó la consistencia jurídica del planteo bonaerense.
Según señalaron los magistrados, el recurso “carece de un planteo suficiente” y no logra demostrar la existencia de una cuestión federal que justifique la intervención de la Corte Suprema de la Nación. También descartaron la supuesta arbitrariedad de la sentencia y minimizaron la alegada gravedad institucional.
La discusión por la competencia había monopolizado más de un año y medio de litigio. Desde la presentación de la demanda en octubre de 2024 por el entonces intendente Guillermo Montenegro —hoy senador provincial—, la Provincia sostuvo que el caso debía tramitarse en La Plata y en el fuero Civil y Comercial, argumentando su domicilio legal y la naturaleza contractual del conflicto. Todos esos planteos fueron rechazados en cadena.
Uno de los puntos que terminó pesando en la resolución fue que la Provincia cuenta con una delegación local de la Fiscalía de Estado en Mar del Plata, lo que desarma el argumento sobre dificultades para ejercer su defensa. Con este escenario, el expediente volverá al Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Simón Isacch, donde empezará a discutirse el fondo: quién tiene derecho a administrar el complejo.
Abad endurece el discurso y apunta a Kicillof
Con la cuestión jurisdiccional saldada, Abad buscó correr el eje hacia una definición política. “Kicillof tiene que dejar de dar vueltas y devolver Punta Mogotes a Mar del Plata”, lanzó. En su lectura, la seguidilla de recursos judiciales respondió a una maniobra dilatoria: “La Provincia primero se negó a aceptar el pago y después apeló en todas las instancias. Lo que vemos es una estrategia para dilatar lo inevitable”.
El senador radical también vinculó el fallo con un reclamo histórico de la ciudad: “El fallo reafirma la legitimidad del reclamo histórico de General Pueyrredón y marca un límite al centralismo”. Y agregó: “Punta Mogotes es de los marplatenses, y este fallo vuelve a confirmar lo que venimos sosteniendo desde el primer día”.
La postura no es aislada. En el plano local, el edil Ariel Bordaisco ya había planteado que el esquema actual “distorsiona la autonomía municipal” y sostuvo que “Punta Mogotes no es de Kicillof, es de los marplatenses”.
En paralelo, desde el gobierno bonaerense, el ministro Carlos Bianco había rechazado la avanzada municipal sobre la deuda del complejo y advirtió: “No lo puede hacer, porque si lo haría sería un delito”.
Deuda, concesiones y disputa por el control
El núcleo del conflicto sigue siendo económico e institucional. La Municipalidad de General Pueyrredón, hoy a cargo de Agustín Neme, busca que la Justicia le reconozca la legitimidad para cancelar una deuda estimada en 14 mil millones de pesos que la Administración Punta Mogotes mantiene con el Banco Provincia.
Ese paso sería clave para iniciar el proceso de recuperación del predio, administrado desde 1984 por un ente interjurisdiccional con mayoría provincial.
Mientras tanto, la Provincia avanzó en paralelo con un concurso de ideas para la renovación del complejo, impulsado junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo bonaerense. La convocatoria —de carácter no vinculante— incluye propuestas para intervenir los 24 balnearios, mejorar accesos y revalorizar el sistema de lagunas.
Ese movimiento fue leído desde la oposición local como una señal de que el Ejecutivo provincial busca sostener el control del predio más allá del desenlace judicial. En ese marco, Abad ya había advertido que la discusión excede un expediente y se vincula con la autonomía municipal: acusó a la Provincia de “asfixiar” la capacidad de decisión de la ciudad.
El trasfondo económico agrega presión. A mitad de 2026 vencen las concesiones de los balnearios y crece la incertidumbre entre trabajadores y concesionarios. Algunos establecimientos dejaron de ofrecer reservas anticipadas y empezaron a circular advertencias sobre posibles recortes laborales. El impacto alcanza a carperos, guardavidas, administrativos y comerciantes vinculados a la actividad.
En ese escenario, el senador radical volvió a insistir con una salida política: “Existe una deuda histórica que tiene que saldarse. Esta decisión debe devolver a los marplatenses y batanenses lo que les pertenece”.