Ola de juicios por caminos rurales: fallos, millones y presión sobre intendentes

El conflicto por los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires entró en una nueva fase: la de la judicialización masiva. Lo que empezó como reclamos aislados por el mal estado de la red vial ahora se organiza con estrategia y antecedentes favorables. Productores nucleados en las Sociedades Rurales del Sudeste —que representan a 16 municipios— ya evalúan avanzar en demandas contra comunas donde, sostienen, se cobra una tasa sin que exista una contraprestación efectiva.

La reunión en Rauch, con participación del abogado Jorge Moroni marcó un punto de inflexión. Allí se discutieron alternativas legales y se analizó un escenario que, según admiten en el propio sector, puede escalar rápidamente. La lógica que impulsa esta avanzada es simple: si la tasa vial no se traduce en caminos transitables, su legalidad queda bajo sospecha.

Moroni fue directo ante los ruralistas: hay tribunales con magistrados “probos y prácticos para resolver” en favor de los productores cuando no hay contraprestación. Ese criterio, respaldado por la Constitución, empieza a consolidarse como doctrina en distintos juzgados bonaerenses.

Los antecedentes recientes explican por qué el reclamo gana volumen. En Azul y Daireaux, la Justicia ordenó devolver montos cobrados por tasas viales ante la falta de mantenimiento. En paralelo, en distritos como Hipólito Yrigoyen, Baradero y el propio Azul, hubo fallos que obligaron a los municipios a informar en detalle el destino de los fondos recaudados.

Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el caso de Baradero expone con claridad el cambio de clima. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó a la gestión de Esteban Sanzio presentar documentación detallada sobre el uso de una recaudación que ya ronda los $1.000 millones. La resolución, firmada por los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, fue contundente: el acceso a la información pública es un derecho que no requiere justificación.

El reclamo fue impulsado por la Sociedad Rural local tras no obtener respuestas del Ejecutivo. El presidente de la entidad, Pablo Roller, describió un escenario crítico con caminos “completamente intransitables” y una red que, según denunció, no tuvo intervenciones significativas en años. El abogado Pablo Abdón —también involucrado en otras causas similares— explicó que el eje de los planteos pasa por determinar cuánto se recauda, cuánto se invierte y bajo qué criterios.

Caminos destruidos, cosecha frenada

El trasfondo productivo agrava el conflicto. Las lluvias persistentes, sumadas a una infraestructura frágil —con cerca del 90% de los caminos de tierra—, complican la logística en plena cosecha. En muchas zonas, el avance de la soja apenas alcanza entre el 10% y el 20%, muy por debajo de lo habitual.

Desde el territorio, las voces coinciden en el diagnóstico. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, advirtió: “Si no se cobra la tasa, no se pueden reparar los caminos”. En la misma línea, el jefe comunal de Villarino, Carlos Bevilacqua, remarcó que el mantenimiento requiere recursos constantes: salarios, combustible y maquinaria.

Pero del otro lado, el malestar es creciente. La dirigente de Federación Agraria en Nueve de Julio, Patricia Gorza, cuestionó con dureza la falta de obras: “Qué buen momento para dejarse de joder con la estupidez de ‘no obra pública’. Si no la vas a hacer, deja de cobrarla al menos”.

Nación, Provincia y municipios: responsabilidades cruzadas

El conflicto no se limita a los municipios. Desde el sector rural apuntan también al Gobierno nacional por la falta de ejecución de fondos específicos. Según denuncian, cerca de $189 mil millones del Fondo Hídrico Nacional no se habrían utilizado en 2025, en un contexto de emergencia que ya supera los 13 meses.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza reforzó ese planteo: “Lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse a obras viales”. En paralelo, cuestionó la paralización de obras como la Ruta 5, donde —según afirmó— “no hay máquinas, no hay personal, no hay nada”.

Desde la Provincia, en cambio, buscan mostrar una línea de acción. El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, impulsa el Plan Director de Caminos Rurales, con el objetivo de ordenar una red de más de 120 mil kilómetros. El enfoque apunta a pasar de intervenciones aisladas a una planificación integral, con diagnósticos georreferenciados y criterios técnicos.

El núcleo del conflicto es fiscal y político a la vez. Para los municipios, la tasa vial es una herramienta clave de financiamiento. Para los productores, es un tributo que pierde legitimidad si no se traduce en servicios concretos.

El abogado Moroni lo sintetizó con una definición que empieza a repetirse en tribunales: sin contraprestación, la tasa no se sostiene. Esa premisa abre la puerta a un escenario de litigios en cadena, con potencial impacto en las finanzas locales.

Mientras tanto, en distritos como Rauch, General Alvarado, Necochea y General Pueyrredón, los ruralistas ya analizan dar el próximo paso. La estrategia incluye agotar instancias administrativas, pero con la decisión de avanzar judicialmente si no hay respuestas.