Portazo y bronca: Pettovello les cierra la puerta en la cara a los intendentes y escala la tensión por los alimentos
Este miércoles, intendentes bonaerenses y funcionarios provinciales marcharon al Ministerio de Capital Humano para reclamar fondos adeudados del Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero se toparon con un portazo: no hubo recepción de notas ni canales de diálogo. El gesto terminó de recalentar un conflicto que ya venía en escalada.
La jornada estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y formó parte de una línea de acción definida por el Partido Justicialista bonaerense en su última cumbre en La Plata, donde se resolvió profundizar la presión sobre la Casa Rosada.
El primer intento de los manifestantes fue en la sede de Casa Patria Libertad, dependiente del ministerio que conduce Sandra Pettovello. Allí, sin embargo, no se permitió presentar documentación ni canalizar el reclamo. La situación obligó a redirigir la protesta hacia la sede central sobre la avenida 9 de Julio, donde confluyeron los jefes comunales.
Antes de la movilización, los intendentes se habían concentrado en la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, donde firmaron un petitorio conjunto para exigir la transferencia de recursos.
Desde allí, el propio Espinoza reforzó el tono político del reclamo: “El año pasado le dieron $90 mil millones a (Marcos) Galperin en beneficios fiscales y a nosotros nos faltan $80 mil millones. ¿Por qué sí a otros y no a los municipios?”, cuestionó.
La estrategia de la calle como respuesta política
La decisión de movilizarse responde a un cambio de lógica dentro del peronismo bonaerense: ante la falta de respuestas institucionales, el conflicto se traslada al terreno más visible.
“El reclamo es compartido y la situación es muy trágica”, advirtió el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien remarcó que la demanda apunta a recursos “que le corresponden a la Provincia” para sostener la asistencia alimentaria.
El funcionario también expuso el trasfondo social del conflicto: “La gente no llega a fin de mes, hay cierre de PyMEs y cada vez más demanda de alimentos. Esto empieza a tener consecuencias muy graves”.
En esa línea, cuestionó la respuesta oficial: “Pedimos fondos para comida y nos hablaron de alfabetización. Está perfecto, pero estamos hablando de otra cosa. Ahora lo vamos a explicar en la calle”.
Los jefes comunales coinciden en el diagnóstico: el ajuste nacional impacta directamente en los municipios, que terminan absorbiendo la demanda social. El intendente de Benito Juárez, Julio Marini, dijo a GRUPOLAPROVINCIA.COM que "hay una decisión política en desfinanciar a las comunas".
"Milei nos ve como enemigos y, la verdad, es que nosotros somos personas votadas exactamente igual que él, por el voto popular, y estamos poniendo lo mejor para poder asistir a todas esas familias que el Gobierno nacional ha abandonado. Estamos haciendo un esfuerzo terrible para que los servicios no caigan", afirmó.
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, se sumó al reclamo: "Frente a la falta de respuestas de Nación, desde el Municipio y la Provincia seguimos trabajando para sostener estas políticas alimentarias. No vamos a permitir que se desfinancien programas tan sensibles para nuestra comunidad. La seguridad alimentaria es una prioridad y vamos a seguir trabajando en cada instancia para defender sus derechos".
También la vicegobernadora Verónica Magario apuntó contra la gestión nacional: “No miran a la gente. ¿Cuándo viste a Milei en un barrio, en un comedor o en una escuela? Ellos miran números”.
El eje del conflicto: fondos para el SAE
El núcleo de la disputa es el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en la provincia.
Desde la administración bonaerense sostienen que la Nación mantiene una deuda superior a los $220.000 millones vinculados al programa. Además, remarcan que el aporte nacional, que históricamente cubría una parte sustancial, hoy se redujo a niveles mínimos.
Frente a ese escenario, la Provincia incrementó un 30% la inversión, llevando el presupuesto anual a $553.910 millones, y reforzó también el Módulo Alimentario Territorial (MATE), que implica otros $389.692 millones. Sin embargo, en La Plata admiten que el esfuerzo es insuficiente sin transferencias nacionales.
El reclamo no se agota en la movilización. Desde la FAM evalúan avanzar con acciones judiciales por presunto incumplimiento en la transferencia de fondos.
En paralelo, el gobernador Axel Kicillof tiene previsto reunirse con los intendentes para coordinar los próximos pasos en un conflicto que promete escalar. La señal política es clara: sin respuestas, la presión en la calle va a continuar.