¿Cómo es el plan de Kicillof para desendeudar jubilados?
El gobierno bonaerense puso en marcha un plan para aliviar la situación fiscal de jubiladas, jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario, en un contexto económico adverso que impacta con fuerza sobre los ingresos fijos.
La medida, instrumentada a través de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), parte de un diagnóstico inicial: unas 17.000 personas con beneficios previsionales acumulan deudas por alrededor de $798 millones. Sin embargo, una parte significativa de ese universo podría estar en condiciones de acceder a exenciones previstas por la normativa vigente, pero no las tramitaron por desconocimiento o dificultades administrativas.
El eje de la iniciativa es un esquema de abordaje territorial. Equipos de ARBA, en conjunto con municipios, desplegarán operativos “casa por casa” para contactar a potenciales beneficiarios y acompañarlos en el proceso.
Según explicó el titular del organismo, Cristian Girard, el objetivo es “llegar al jubilado sin que se asuste”, mediante gestiones simples y asistencia personalizada. El operativo contará con la participación de las 172 oficinas que ARBA tiene distribuidas en la provincia.
Además, se realizarán jornadas específicas de atención para resolver trámites en el momento, sin necesidad de gestiones complejas ni intermediarios.
El plan está dirigido a contribuyentes que cumplan con una serie de condiciones: deben tener ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titulares de una única propiedad, que el inmueble posea una valuación fiscal inferior a $6 millones y no estar inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos.
El beneficio contempla tanto deudas acumuladas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que implica un alivio integral para quienes se encuentran en situación de mora.
Cruces de datos y ampliación del universo
Para ampliar el alcance del programa, ARBA ya trabaja con información del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que permitió identificar los primeros casos.
En paralelo, el organismo solicitará a la ANSES una base de datos de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia, con el objetivo de detectar nuevos contribuyentes que puedan acceder al beneficio sin haberlo solicitado.
Este cruce de información busca automatizar procesos y reducir las barreras de acceso a derechos fiscales.
Desde la conducción de ARBA también pusieron el foco en el escenario económico actual. Girard advirtió que la recaudación provincial se encuentra “en niveles de pandemia sin el virus”, reflejando una fuerte caída de la actividad.
Datos oficiales indican que la actividad económica en la provincia registró una variación interanual negativa del 3,6% a febrero de 2026, mientras que la industria manufacturera mostró una baja del 1,7%.
En ese marco, el funcionario sostuvo que resulta clave implementar políticas que contemplen la situación de los sectores más vulnerables y faciliten el cumplimiento tributario.
Un alivio fiscal con foco en la equidad
Desde el gobierno provincial remarcan que la medida no solo apunta a resolver deudas existentes, sino también a evitar que se sigan generando obligaciones innecesarias en sectores que podrían estar exentos.
“Estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos”, señaló Girard. Y agregó que el objetivo es acompañar a una población que históricamente mostró altos niveles de cumplimiento fiscal.
La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia orientada a mejorar la equidad tributaria y a fortalecer el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, en un contexto donde cada peso cuenta.