Jubilados bonaerenses: entre el ajuste nacional y la presión creciente sobre la salud pública

La antesala del Congreso Provincial de Salud (Cosapro) en Mar del Plata dejó al descubierto una postal incómoda para el sistema sanitario bonaerense: jubilados con prestaciones resentidas, médicos que advierten por ingresos inviables y municipios que absorben una demanda en alza constante.

El cuadro, lejos de leerse como una foto aislada, empieza a consolidarse como uno de los principales desafíos de gestión para la Provincia de Axel Kicillof en un contexto marcado por la retracción de recursos nacionales.

La medida de fuerza de los médicos de cabecera del PAMI —impulsada por APPAMIA tras la Resolución 1107/26— expuso uno de los puntos más sensibles: la caída en la cápita a $2.100 por afiliado. Según los profesionales, el recorte impacta de lleno en sus ingresos, con reducciones que podrían alcanzar el 50%. Durante 72 horas, la atención quedó limitada a guardias mínimas y urgencias, generando complicaciones en distintos puntos del interior bonaerense.

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Distritos como Tandil, Junín, Azul, Bolívar y Olavarría ya registran dificultades concretas. En Tandil, el recorte llega al 52,5% y se suma un problema administrativo: la falta de autoridades en la delegación local del PAMI obliga a canalizar trámites en Mar del Plata o Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Comisión de Salud local, Matías Tringler, advirtió que esa situación dilata expedientes “en tiempos que son vitales para los pacientes”.

El efecto dominó en municipios y hospitales

La tensión en PAMI no aparece aislada. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Rojas, Román Bouvier, describió el impacto directo en la gestión cotidiana: “Cada vez se nos hace más difícil gestionar con menos recursos. La demanda, por ejemplo, para quienes tenemos hospitales de salud, viene creciendo a pasos agigantados, las obras sociales se demoran en los pagos, IOMA y PAMI, que son las obras sociales del Estado provincial y nacional, se demoran y pagan mucho menos que al privado”.

El diagnóstico se repite en distintos municipios que llegan al Cosapro con una misma preocupación: hospitales municipales sobrecargados y un corrimiento progresivo de pacientes hacia el sistema público. En esa línea, el crecimiento de la demanda ya no distingue regiones ni signos políticos, con intendentes que advierten que la atención “se ha triplicado” en algunos distritos.

En Mar del Plata, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Della Maggiora, sumó otro dato que tensiona la cadena sanitaria: las demoras en los pagos por medicamentos del PAMI. “Empieza a ser más que dificultoso” sostener la cobertura, alertó, en un contexto donde el acceso a remedios aparece como uno de los principales reclamos de los jubilados.

El Colegio de Médicos bonaerense, por su parte, calificó la cápita actual como “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta”. Según sus estimaciones, un profesional debería atender cerca de mil pacientes por mes —más de 30 consultas diarias— para sostener su estructura, un esquema que consideran inviable sin deteriorar la calidad de atención.

IOMA y la presión sobre los profesionales

El frente del IOMA que conduce Homero Giles, suma otro capítulo a la complejidad del escenario. La Agremiación Médica Platense declaró el alerta gremial por una deuda cercana a los $1.300 millones correspondiente a prestaciones de febrero. Aunque comenzaron a ingresar fondos, aún restaba alrededor del 30% del total.

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Desde la entidad señalaron que “se debate con urgencia los pasos a seguir en relación al IOMA porque a la fecha, el Instituto no ha abonado el total de las prestaciones correspondientes al mes de febrero, debiendo completar cerca de $ 1.300.000.000”. El atraso se combina con el congelamiento de honorarios desde octubre de 2025, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo.

El impacto ya no se mide solo en términos económicos. El doctor Carlos Alberto Marcheschi, director de la Diplomatura en Bienestar Perioperatorio de la UNLP, advirtió sobre un escenario de “extrema vulnerabilidad que amenaza con desestabilizar el sistema de salud regional”. Según su informe, los anestesiólogos arrastran deudas salariales desde diciembre de 2025 y enfrentan un nivel de exigencia creciente.

“El estrés financiero crónico erosiona capacidades cognitivas críticas para la especialidad”, planteó Marcheschi, al tiempo que señaló el aumento de guardias como estrategia para compensar ingresos, con consecuencias directas en el desgaste profesional.

Cosapro: más demanda, menos recursos

En este contexto, el Cosapro funciona como un espacio de ordenamiento y diagnóstico compartido. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, viene planteando que el sistema enfrenta una presión inédita, con un incremento de entre el 30% y el 40% en la cantidad de pacientes atendidos.

“El PAMI tiene una caída de financiamiento cercana al 40 por ciento. Están bajando pagos a profesionales y cada vez más pacientes terminan en el hospital público”, afirmó el funcionario, quien vinculó la situación a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei.

El posible recorte del programa Remediar aparece como otro factor de preocupación. “Si sacás eso, millones de personas van a ir a las guardias por cuestiones básicas y el sistema va a colapsar”, sostuvo Kreplak. “Estamos atendiendo entre un 30% y 40% más de población con menos recursos. Es una situación muy exigente”.