Coparticipación municipal: la oposición busca achicar el margen de la Provincia y redefinir el reparto de fondos

La discusión por la coparticipación municipal en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en la Legislatura, en un contexto donde los intendentes vienen reclamando mayor disponibilidad de recursos y el oficialismo busca sostener el esquema vigente frente a la presión opositora. Ahora, el bloque de Unión y Libertad avanzó con un proyecto que propone modificar de raíz el sistema que regula el reparto de fondos desde hace casi cuatro décadas.

Una reforma que apunta al corazón del sistema

El senador Sergio Vargas, autor de la iniciativa, planteó una transformación integral del régimen actual. “Presentamos un nuevo proyecto de coparticipación. Es bastante novedoso y revolucionario, lo ha preparado gente muy técnica”, explicó, al tiempo que subrayó la necesidad de actualizar una ley que data de 1987.

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El eje central de la propuesta es ampliar la masa de recursos coparticipables: los municipios pasarían de recibir el 16,14% al 21% de los ingresos provinciales provenientes de impuestos clave como Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Automotores y Sellos, entre otros. Según los cálculos del propio Vargas, esto implicaría que las transferencias trepen de $3,6 billones a $4,7 billones, un incremento del 31,2%.

La iniciativa también incorpora cambios en la lógica de distribución. Mientras el esquema vigente destina un 58% a todos los distritos, un 37% a salud y un 5% a funciones descentralizadas, el nuevo modelo propone dividir los fondos en cuatro componentes: 60% para todos los municipios, 30% para salud, 5% para seguridad y 5% para educación.

En ese 60% general, se redefine el criterio: 60% por población, 20% según la inversa del gasto público de Nación y Provincia en cada distrito, y 20% por superficie. “Hoy en día, los Estados municipales atienden un conjunto súper amplio de demandas”, argumentó Vargas, al justificar la incorporación de variables como educación y seguridad.

Otro punto relevante es la automatización del reparto de fondos nacionales sin asignación específica, que se distribuirían directamente entre los municipios. “Dejamos de castigar a los municipios que tienen una buena performance de recaudación, para alentar a la eficiencia”, sostuvo.

El trasfondo: intendentes, fondos y una puja sin tregua

La avanzada opositora llega apenas horas después de que la Legislatura cerrara filas para sostener sin cambios el esquema del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), rechazando el pedido de varios intendentes para liberar el 100% de esos recursos.

En una cumbre que reunió a oficialismo y oposición, con figuras como el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, Diego Garciarena (UCR) y Alejandro Rabinovich (PRO), se ratificó el esquema aprobado en diciembre: 70% de distribución automática por CUD y un 30% condicionado a programas específicos bajo control de una comisión Bicameral.

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Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que existe “predisposición a cumplir con la ley”, mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue claro al deslindar responsabilidades: “Nosotros no podemos modificar lo que está determinado por ley. Tenemos que cumplirla”.

El punto más conflictivo sigue siendo ese 30% sujeto a evaluación política. En los hechos, cada municipio deberá presentar proyectos para acceder a esos fondos, lo que introduce un filtro que los intendentes consideran restrictivo en un contexto de caída de ingresos.

Un jefe comunal radical sintetizó el malestar: “Necesitamos fondos para asegurar el pago de sueldos y aguinaldos, lo de las obras en este contexto es secundario”.

Reclamos territoriales y presión sobre la Legislatura

En el territorio, el impacto de los fondos es más acotado de lo que sugiere el volumen global. El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, relativizó su alcance: “Vamos a adherir a este fondo pero no es tan significante como para uno poder solventar todo lo que veníamos haciendo”.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, detalló que su municipio recibirá cuotas de entre 143 y 150 millones de pesos: “Este año no nos cambia absolutamente en nada el presupuesto”. Y agregó que, ante las opciones disponibles, priorizarán infraestructura básica: “Tenemos muchos vecinos todavía que no tienen gas natural para el invierno”.

La ecuación también fue planteada por el radical José Luis Salomón, intendente de Saladillo: “Son fondos que, por supuesto, siempre ayudan, pero no es que nos va a salvar la vida”.

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Este escenario se da en paralelo a una discusión más profunda sobre el Código Único de Distribución (CUD), que define el reparto de la coparticipación y viene acumulando cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Desde el Frente Renovador reconocen que el sistema “necesita una modificación hace años”, mientras que desde sectores libertarios incluso plantean eliminarlo y avanzar hacia un esquema de autonomía plena para los municipios.

En ese marco, el proyecto de UyL aparece como un intento de capitalizar el malestar creciente de los intendentes y llevar la discusión al terreno legislativo, con una propuesta que no solo amplía recursos sino que también reduce el margen de discrecionalidad del Ejecutivo provincial en la asignación de fondos.