Afiliados, hospitales y obras sociales: los frentes que mantienen al IOMA bajo presión
Mariana Portilla
La situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar en la agenda política bonaerense. Esta vez, el nuevo capítulo llegó de la mano de la diputada provincial Silvina Vaccarezza, integrante del bloque UCR + Cambio Federal, quien presentó un pedido de informes para conocer en detalle el estado de los convenios de reciprocidad que la obra social mantiene con entidades similares de distintas provincias del país.
La iniciativa apunta especialmente a obtener precisiones sobre el acuerdo firmado con el Servicio Médico Previsional (SEMPRE) de La Pampa, luego de que trascendiera que ese convenio podría no encontrarse operativo. La legisladora solicitó al Gobierno bonaerense que informe cuáles son los acuerdos actualmente vigentes, qué cobertura garantizan y, particularmente, cuál es la situación administrativa del entendimiento con la obra social pampeana.
Según plantea el proyecto, en caso de que el convenio con SEMPRE haya dejado de funcionar, el Ejecutivo deberá detallar desde cuándo ocurrió, cuáles fueron las razones y qué medidas se adoptaron para garantizar la atención de los afiliados afectados.
“IOMA mantiene convenios de reciprocidad con la mayoría de las obras sociales provinciales del país para asegurar prestaciones médicas a sus afiliados cuando se encuentran fuera del territorio bonaerense”, sostuvo Vaccarezza en los fundamentos de la iniciativa.
La diputada remarcó además que existe una especial preocupación en aquellos distritos bonaerenses que mantienen una relación cotidiana con provincias vecinas por razones laborales, educativas, comerciales o familiares.
“Es fundamental que los afiliados tengan certezas sobre la cobertura médica cuando se encuentran fuera de la Provincia, especialmente en aquellos municipios bonaerenses que tienen un vínculo permanente con provincias vecinas”, señaló.

El pedido de Vaccarezza aparece en un contexto particularmente sensible para la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses. Durante los últimos meses, como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, IOMA acumuló cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos, afiliados autoconvocados, prestadores y municipios del interior.
La controversia alcanzó uno de sus puntos más altos la semana pasada, cuando la oposición intentó llevar al recinto de la Cámara de Diputados una batería de proyectos vinculados al funcionamiento de la entidad.
La sesión especial había sido convocada con un objetivo central: discutir la situación de la obra social y avanzar con iniciativas destinadas a transparentar su administración, analizar su situación financiera e incluso promover la interpelación de su presidente, Homero Giles.
Aunque los bloques opositores lograron reunir el quórum necesario para abrir el debate, no consiguieron los dos tercios requeridos para tratar los expedientes sobre tablas. La intervención de Fuerza Patria terminó bloqueando el avance de las propuestas y dejó la discusión sin tratamiento legislativo.
Hoy teníamos la oportunidad de debatir en la Cámara de Diputados sobre la situación de IOMA, una problemática que preocupa a miles de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires.
— Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) June 11, 2026
Lamentablemente, el oficialismo decidió no dar lugar a ese debate, impidiendo que se traten y… pic.twitter.com/655AyilTyi
La foto política que dejó el debate frustrado
Más allá del resultado parlamentario, la sesión dejó una postal significativa. La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Unión y Libertad, Hechos, el Frente de Izquierda y otros espacios coincidieron en un mismo reclamo respecto del funcionamiento de IOMA.
Tras el fracaso de la sesión, referentes opositores brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que cuestionaron al gobernador Kicillof y a la conducción de la obra social por evitar una discusión pública sobre los problemas denunciados por afiliados y prestadores.
El presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sostuvo que la jornada dejó una conclusión política clara: “Kicillof no quiere hablar de IOMA”.
Por su parte, la diputada radical Alejandra Lordén aseguró que existen numerosos proyectos legislativos relacionados con la obra social que continúan sin avanzar en la Legislatura y afirmó que la situación de los afiliados se agravó durante el
Ya sentados en nuestras bancas. 2 millones de afiliados de IOMA pagan las consecuencias, mientras otros miran para el costado.
— Alejandra Lordén (@AleLorden) June 11, 2026
La crisis tiene responsables.
Basta de verso. Los bonaerenses quieren cobertura, no excusas. pic.twitter.com/ZjbGjDltIM
La presión política coincidió con otra señal de malestar. Días atrás, afiliados autoconvocados enviaron una carta a la Legislatura bonaerense cuestionando la decisión de no habilitar el tratamiento parlamentario de la situación de IOMA.
En el documento manifestaron preocupación por las dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y distintas prestaciones médicas, además de reclamar respuestas institucionales frente a una problemática que consideran urgente.
Los afiliados sostuvieron que la discusión excede cualquier diferencia partidaria y remarcaron que la cobertura sanitaria de miles de trabajadores estatales bonaerenses no puede quedar al margen del debate público.
La disputa con el Hospital Garrahan
Mientras crecen los cuestionamientos internos, otro frente de conflicto volvió a colocar a IOMA bajo los reflectores nacionales. La discusión gira alrededor del reclamo económico planteado por el Hospital Garrahan. Desde el Gobierno nacional se habló de una deuda superior a los 8.200 millones de pesos, mientras que la conducción de la obra social rechazó esa interpretación.
Homero Giles sostuvo que las diferencias surgieron durante el proceso de auditoría de miles de prestaciones facturadas por el centro pediátrico y afirmó que gran parte de los montos reclamados no fueron reconocidos por inconsistencias detectadas durante la revisión administrativa.
Según explicó el titular de IOMA, de un reclamo inicial cercano a los 9.000 millones de pesos la obra social terminó validando alrededor de 2.000 millones, suma que —aseguró— ya fue cancelada.
La controversia también involucró al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien propuso una auditoría conjunta para revisar expediente por expediente las prestaciones observadas y determinar qué montos permanecen efectivamente pendientes.

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