La bronca de los afiliados del IOMA llegó a la Legislatura: apuntan contra los diputados que frenaron el debate
La situación de IOMA volvió a instalarse en el centro de la agenda política bonaerense. Esta vez, el impulso llegó desde los propios afiliados autoconvocados que denuncian dificultades en el acceso a prestaciones médicas, medicamentos y tratamientos.
Luego de las sesiones frustradas de la semana pasada en la Cámara de Diputados, el grupo elevó una carta a la Legislatura en la que cuestionó con dureza la decisión de no habilitar el tratamiento parlamentario de la problemática que atraviesa la obra social de los trabajadores estatales.
“Resulta inadmisible que se hayan negado a habilitar el tratamiento del tema IOMA en el recinto. Negarse a debatir este asunto implica desconocer la urgencia de quienes hoy enfrentan dificultades para obtener prestaciones médicas, medicamentos y tratamientos”, señalaron en la misiva.
Para los afiliados, la discusión excede cualquier disputa partidaria y requiere una respuesta institucional inmediata. “La obra social no es un asunto menor ni accesorio: es la salud de miles de bonaerenses, trabajadores y trabajadoras que hoy enfrentan serias dificultades para acceder a prestaciones básicas”, expresaron.
En el documento, los autoconvocados cuestionaron lo que consideran una falta de voluntad política para abordar una problemática que afecta de manera directa a miles de familias bonaerenses.
“La negativa a debatir este tema refleja una falta de compromiso con la ciudadanía y una preocupante subordinación de la agenda pública a intereses partidarios. La sociedad no puede aceptar que se postergue la discusión de un problema que afecta directamente la vida cotidiana de tantas familias”, afirmaron.
Los afiliados también reclamaron la apertura de instancias de diálogo y remarcaron que la responsabilidad institucional obliga a escuchar los planteos de quienes utilizan la obra social diariamente.
En otro tramo de la carta, elevaron el tono de las críticas hacia la dirigencia política. “Los representantes del pueblo tienen la obligación de dar respuestas, no de esquivar responsabilidades. La sociedad espera de sus representantes compromiso, sensibilidad y voluntad de encontrar soluciones”, manifestaron.
El cierre del texto dejó en claro que el reclamo continuará. Allí ratificaron pedidos históricos vinculados al funcionamiento de la obra social, entre ellos la autarquía de IOMA y el respeto por los derechos adquiridos de los afiliados.
Diego Garciarena, presidente del bloque UCR-Cambio Federal, analizó la situación del IOMA.
La controversia por el Garrahan sumó un nuevo capítulo
La difusión de la carta coincidió con otro frente de conflicto que volvió a colocar a IOMA bajo los reflectores: la discusión por la presunta deuda con el Hospital Garrahan.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el presidente de la obra social, Homero Giles, rechazó públicamente la existencia de obligaciones pendientes por más de 8.278 millones de pesos, tal como sostiene el Gobierno nacional.
El funcionario explicó que la controversia no está vinculada a pagos impagos reconocidos por la obra social, sino a diferencias sobre la validez y los montos de las prestaciones reclamadas por el hospital pediátrico.
Según detalló, IOMA recibió documentación correspondiente a miles de prestaciones realizadas a afiliados bonaerenses y conformó un equipo técnico para revisar expediente por expediente. Como resultado de esa auditoría, el instituto habría reconocido alrededor de 2.000 millones de pesos de un reclamo inicial cercano a los 9.000 millones.
De acuerdo con la versión de Giles, ese monto ya fue cancelado en su totalidad, incluido un último desembolso de aproximadamente 1.230 millones de pesos.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el titular de IOMA apunta a los valores facturados por determinadas prácticas médicas.
Giles sostuvo que algunas prestaciones presentaban diferencias significativas respecto de los costos que habitualmente se observan en otros centros de alta complejidad. Como ejemplo, mencionó procedimientos de trasplante que, según indicó, fueron facturados por alrededor de 260 millones de pesos cuando en otras instituciones tendrían un valor cercano a los 40 millones.
Desde la conducción de la obra social consideran que esas diferencias explican buena parte de la brecha entre el monto reclamado por el Gobierno nacional y el finalmente reconocido por IOMA.
La controversia también involucró al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien propuso la realización de una auditoría conjunta entre IOMA y el Hospital Garrahan para revisar cada prestación observada y determinar cuáles cuentan con respaldo administrativo, cuáles ya fueron abonadas y cuáles permanecen efectivamente pendientes.
Sin embargo, según la versión expuesta por Giles, la iniciativa no avanzó y el conflicto terminó trasladándose al terreno político.
La postura de la administración de Axel Kicillof es que no existen obligaciones pendientes una vez considerados los montos efectivamente reconocidos por la auditoría realizada por la obra social.