“Todos lloramos las mismas miserias”: intendentes van a la Legislatura por fondos sin ataduras
“Todos lloramos las mismas miserias”, sintetizó un intendente bonaerense al describir el clima que atraviesa a los municipios. La frase refleja el punto de partida de una movida política que tendrá su primer gesto concreto este jueves en La Plata: un grupo de jefes comunales presentará una nota formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, para reclamar mayor libertad en el uso de fondos provinciales.
La iniciativa no distingue colores partidarios. Peronistas, radicales y vecinalistas confluyen en un planteo común: que el 30% de los recursos actualmente condicionados por la ley pueda utilizarse sin destino específico. En rigor, buscan que la totalidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) quede bajo decisión directa de cada distrito.
Un intendente peronista del interior bonaerense fue directo: considera que el pedido de mayor flexibilidad “va a seguir siendo unánime” porque la situación ya no permite priorizar obras de infraestructura por sobre urgencias cotidianas.
En esa misma línea, describió un escenario sanitario complejo, con recortes en programas nacionales que impactan de lleno en los hospitales municipales. “Somos la primera ventanilla donde reclama la gente”, resumió, graficando el rol de los alcaldes como amortiguadores de la crisis.
El corazón del conflicto: la letra chica del fondo
El eje de la disputa está en la normativa sancionada a fines de 2025. La ley de endeudamiento estableció que el 70% de los fondos destinados a municipios sea de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante debe aplicarse a proyectos específicos en áreas como infraestructura, transporte y cultura. Ese tramo, además, queda bajo la supervisión de una Comisión Bicameral que todavía no terminó de ponerse en marcha.
En la práctica, ese diseño implica dos problemas para los intendentes: por un lado, la imposibilidad de usar parte de los recursos para gastos corrientes; por otro, la demora en la ejecución, atada a la validación política y técnica de cada proyecto.
El reclamo ya suma cerca de 70 intendentes. La base del planteo surgió en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo y fue escalando hasta convertirse en una presión directa sobre la Legislatura.
Municipios en alerta por la caída de recursos
Detrás del pedido hay un diagnóstico compartido. La caída de la coparticipación, el deterioro en la cobrabilidad de tasas y el aumento de la demanda social generaron un desfasaje creciente entre ingresos y gastos. En ese contexto, varios distritos ya recurrieron a herramientas extraordinarias de financiamiento para sostener servicios básicos.
En el documento que entregarán a Dichiara, los intendentes advierten que la situación “no resulta sostenible en el tiempo” y que muchos municipios enfrentan dificultades concretas para garantizar el pago de salarios y aguinaldos.
La lógica que plantean es directa: en un escenario de emergencia, la prioridad dejó de ser la obra pública para pasar a ser la administración cotidiana. “Lo más práctico sería que manden la plata de una sola vez y podamos usarla para lo que necesitamos todos los días”, resumió otro jefe comunal involucrado en las negociaciones.
El reclamo llega en un momento delicado para el funcionamiento legislativo. Mientras la Cámara de Diputados ya designó a sus representantes en la Comisión Bicameral —Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli, Mayra Mendoza, Diego Garciarena y Alejandro Rabinovich—, el Senado todavía arrastra demoras que traban la puesta en marcha definitiva del organismo.
Esa parálisis tiene efectos concretos: sin la comisión operativa, una parte de los fondos queda virtualmente inmovilizada. La oposición ya elevó pedidos formales para acelerar el proceso, en un intento por destrabar tanto el control institucional como la ejecución de recursos.
Kicillof, entre el equilibrio fiscal y la presión política
Desde el entorno del gobernador Axel Kicillof sostienen que el esquema actual ya garantiza niveles altos de autonomía, con un 70% de libre disponibilidad. Sin embargo, el volumen político del reclamo introduce una tensión adicional.
La transversalidad del planteo —que incluye dirigentes de la UCR, el PRO y el peronismo— rompe la lógica tradicional de alineamientos y deja al Ejecutivo frente a una demanda difícil de encasillar. Incluso dentro del oficialismo aparecen matices, con sectores que ven con buenos ojos flexibilizar el esquema.