La avanzada por IOMA se cocina en Diputados y suma presión con una bicameral
La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a meterse de lleno en la agenda política bonaerense, pero esta vez con un movimiento que apunta directo al corazón de su funcionamiento: la creación de una comisión bicameral en la Legislatura para auditar, controlar y eventualmente condicionar la conducción del organismo.
La iniciativa, impulsada por la diputada radical Priscila Minnaard, se inscribe en un escenario de creciente conflictividad con prestadores, reclamos de afiliados y cuestionamientos opositores a la gestión que encabeza Homero Giles.
Desde el bloque UCR – Unión Cívica Radical, la legisladora planteó que la situación del IOMA excede los problemas coyunturales y responde a un deterioro acumulado en distintas áreas clave. En los fundamentos del proyecto, advirtió que la obra social atraviesa una crisis “prestacional, financiera y administrativa” que requiere una respuesta institucional inmediata.
El eje de la propuesta es la creación de una comisión bicameral de Saneamiento, Normalización y Seguimiento con facultades amplias para fiscalizar el estado del organismo. El objetivo es poner bajo revisión el funcionamiento integral del IOMA, desde su esquema de pagos hasta la calidad de las prestaciones médicas en los 135 municipios bonaerenses.
La iniciativa toma como punto de partida un diagnóstico que se repite en distintos sectores: la acumulación de deudas con clínicas, médicos, farmacias y laboratorios, sumada a las demoras en autorizaciones y la interrupción de servicios, generó un escenario de tensión que impacta directamente en los afiliados.
Uno de los argumentos centrales que expone Minnaard apunta a la situación de los beneficiarios del sistema. La diputada pone el foco en trabajadores estatales, docentes, policías, jubilados y empleados municipales, quienes —por el esquema legal vigente— no pueden optar por otra cobertura.
En ese sentido, los define como “afiliados cautivos”, al señalar que continúan realizando aportes obligatorios sin contar, en muchos casos, con una contraprestación acorde. Según sostiene, esta particularidad refuerza la necesidad de que el Poder Legislativo asuma un rol activo en el control del organismo.
El proyecto no se limita a una auditoría tradicional. La bicameral tendría atribuciones para analizar la deuda del IOMA, supervisar licitaciones, revisar convenios con prestadores y monitorear la ejecución presupuestaria.
Uno de los puntos más sensibles es el carácter vinculante que se propone para sus decisiones. De avanzar la iniciativa, las recomendaciones aprobadas por mayoría deberían ser cumplidas obligatoriamente por el Directorio del organismo durante un período inicial de cuatro años.
Además, se establece que la conducción de la comisión quede en manos de legisladores de la oposición, con el argumento de garantizar una fiscalización “real y objetiva”. En paralelo, el titular del IOMA, Homero Giles, debería comparecer de manera trimestral ante la Legislatura para rendir cuentas sobre la evolución de la gestión.
Presión política en medio del conflicto
El impulso de esta herramienta parlamentaria no aparece aislado. Se da en un contexto donde la obra social enfrenta conflictos abiertos con distintos sectores. En las últimas semanas, la Agremiación Médica Platense llevó adelante un paro de 72 horas por atrasos en los pagos, mientras que otros prestadores vienen advirtiendo por la falta de previsibilidad en los cobros.
A esto se suman reclamos vinculados a prestaciones sensibles, como tratamientos oncológicos, provisión de medicamentos y prácticas de alta complejidad, que en algunos distritos presentan demoras o interrupciones.
El malestar también alcanzó a sectores específicos, como la Policía bonaerense, cuyos representantes elevaron quejas formales por fallas en la cobertura, lo que amplió el frente de conflicto y reforzó la presión sobre la conducción del organismo.
En este contexto, la avanzada de Minnaard convive con otras iniciativas dentro del radicalismo que buscan reformular el funcionamiento del IOMA. Entre ellas, el proyecto encabezado por el diputado Diego Garciarena para otorgarle autarquía financiera y administrativa, con el objetivo de garantizar mayor previsibilidad en el manejo de los recursos.
Ambas propuestas comparten un trasfondo común: la discusión sobre el modelo de gestión de la obra social y el rol del Estado provincial en su administración. Mientras desde la oposición insisten en la necesidad de mayor control y transparencia, también se abre un debate más profundo sobre la capacidad del sistema para responder a la demanda de más de dos millones de afiliados.
En ese escenario, la creación de una comisión bicameral aparece como una jugada que, de avanzar, podría modificar el equilibrio de poder en torno al IOMA y convertir a la Legislatura en un actor con incidencia directa en su funcionamiento cotidiano.