De la protesta médica al reclamo policial: el IOMA acumula frentes y agrava su situación

La crisis del IOMA, que conduce Homero Giles, incorporó en las últimas horas un actor de peso: la Policía bonaerense. El reclamo formal presentado por el Centro de Oficiales Retirados expuso un nuevo frente que se superpone con el conflicto abierto con médicos y clínicas por deudas millonarias, en un escenario que ya tiene impacto directo en la atención de más de dos millones de afiliados.

El planteo de los uniformados —que incluye a efectivos en actividad, jubilados y retirados— fue elevado en abril ante el vicepresidente del organismo, Mariano Cardelli, con un pedido de audiencia urgente.

La nota, firmada por el presidente de la entidad, Hugo Roberto Mansilla, y el secretario Rodolfo O. Hernández, advierte sobre fallas estructurales en la cobertura que “tienden a profundizarse” y detalla problemas en prestaciones críticas.

Reclamo policial: prestaciones demoradas y costos en alza

Entre los puntos más sensibles que marcaron desde el sector aparecen demoras en internaciones, dificultades para acceder a prótesis, falencias en tratamientos oncológicos y obstáculos en prácticas de alta complejidad. A eso se suman aranceles diferenciados elevados y descuentos sobre prestaciones, lo que impacta directamente en los ingresos de los afiliados.

“El estado de conflicto es real e inocultable”, sostuvieron en la presentación, donde también remarcaron que la situación es más grave en el interior bonaerense y en zonas del conurbano. En paralelo, el Centro de Oficiales Retirados —con sede en La Plata y 20 filiales— comenzó a organizar mesas de trabajo para relevar casos y sistematizar reclamos que luego serán elevados a la conducción central.

Médicos en pie de guerra y presión legislativa

El frente policial se suma a una disputa ya instalada con los prestadores. La Agremiación Médica Platense (AMP) llevó adelante un paro de 72 horas tras declarar el estado de alerta por atrasos en los pagos de honorarios, que —según estimaciones del sector— rondan los $1.300.000.000 correspondientes a los últimos dos meses.

En ese marco, el titular del bloque UCR + Cambio Federal en Diputados, Diego Garciarena, recibió a los referentes de la AMP, Gastón Quintana y Maximiliano Quiroga, y fue categórico: “No se puede naturalizar que médicos sostengan la atención sin certezas sobre cuándo van a cobrar prestaciones ya realizadas, esa incertidumbre erosiona el sistema”.

El legislador insistió en que “IOMA tiene que volver a cumplir el rol para el que fue creada: garantizar cobertura oportuna, de calidad y con reglas claras. Hoy eso no está pasando”, y reclamó a la Provincia “regularizar los pagos, ordenar la gestión y garantizar previsibilidad”.

En la misma línea se expresó la diputada del bloque UCR - Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén, quien también mantuvo reuniones con la entidad médica. “La crisis de IOMA asfixia a los profesionales, retrasa pagos, genera incertidumbre y termina impactando directamente en la atención de miles de bonaerenses”, afirmó.

Y agregó: “No se puede seguir mirando para otro lado: hacen falta decisiones urgentes, reglas claras, respeto y dignidad por quienes sostienen el sistema todos los días”.

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Las diferencias también quedaron expuestas en torno a la propuesta de incremento del 6% en las prestaciones, que fijaba valores de $5.500, $6.000 y $7.000 según el tipo de bono, cifras que fueron rechazadas por los profesionales por considerarlas insuficientes.

Autarquía, modelo de gestión y disputa de fondo

En paralelo a la escalada del conflicto, Garciarena volvió a impulsar su proyecto para dotar al IOMA de autarquía financiera y administrativa. La iniciativa propone modificar la Ley N° 6.982 para que los fondos sean transferidos directamente antes del día 15 de cada mes, evitando el paso por la Tesorería provincial.

“El objetivo es que la mutual sea autosuficiente y pueda afrontar los pagos adeudados con mayor previsibilidad”, explicó el diputado, quien además planteó la necesidad de migrar hacia un modelo financiador, con mayor capacidad de auditoría y foco en la medicina preventiva.

“La autarquía es una herramienta que puede garantizar una mayor capacidad de acción y de gestión en beneficio de los afiliados. Hace más de un año que estamos reclamando por el abandono que sufren”, sostuvo, y remarcó que “la salud es un derecho fundamental y la gestión gubernamental tiene que dar respuestas claras, positivas e inmediatas”.

Las críticas al funcionamiento del sistema no se limitan al plano legislativo. En las últimas horas, Lordén fue más allá y advirtió que “hace rato que el acceso a la salud y a los medicamentos no funciona”, al tiempo que describió cortes en la atención y profesionales que dejan de trabajar con la obra social. “Es el talón de Aquiles más importante que tiene el gobierno provincial”, afirmó.

En ese contexto, el nuevo reclamo de la Policía agrega presión sobre la conducción del organismo en un escenario donde los conflictos se acumulan, los prestadores endurecen su postura y los afiliados empiezan a canalizar sus demandas por vías institucionales, a la espera de respuestas concretas por parte del IOMA.