Sin oferta salarial, crece el malestar gremial y la oposición apunta a las escuelas

La discusión salarial bonaerense volvió a ganar volumen en el arranque de la semana. A los reclamos de los estatales y docentes se sumó este lunes la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que elevó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para pedir la urgente reapertura de la negociación paritaria. El planteo agrega presión sobre el gobierno de Axel Kicillof, que en los últimos días ya había recibido una solicitud similar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La conducción de la AJB reclamó que el Ejecutivo convoque nuevamente a la mesa para discutir una recomposición que permita contener la pérdida salarial. El pedido llega casi seis meses después del acuerdo de enero, que otorgó una suba del 9% con impacto escalonado entre febrero y abril. Desde el gremio que conduce Hugo Russo advirtieron por el deterioro del poder adquisitivo, la inflación, el aumento de tarifas y el peso de la situación económica sobre los ingresos del sector.

Una presión que se acumula

El movimiento de los judiciales se produjo después de que ATE remitiera el viernes pasado una carta a la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas. El escrito fue dirigido a Juan Pablo Lorenzo, con copia al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y reclamó la “urgente reapertura” de las negociaciones paritarias.

Desde la organización que tiene a Claudio Arévalo como secretario general sostuvieron que resulta “indispensable avanzar en una actualización salarial que permita preservar los ingresos de los trabajadores frente al incremento sostenido del costo de vida”. Además, pidieron que el Gobierno provincial cumpla con lo acordado en instancias previas y convoque a una nueva mesa de discusión.

En una entrevista reciente, Arévalo planteó que “hasta el momento no tienen convocatoria del gobierno provincial” y dijo que esa falta de respuesta genera “mucha preocupación”. Según detalló, hace diez días los gremios habían solicitado una convocatoria urgente por el impacto de los datos inflacionarios sobre los trabajadores y trabajadoras estatales.

El dirigente remarcó que el último acuerdo paritario fue del 9,3% en marzo y sostuvo que esa recomposición dejó a “la familia estatal de la provincia de Buenos Aires en una grave situación debido a los bajos salarios que vienen percibiendo”. En ese marco, reclamó una “urgente recomposición salarial” y afirmó que muchos empleados públicos recurren al “pluriempleo” para poder “subsistir”.

Arévalo también apuntó al contexto nacional. “Nación viene asfixiando a la provincia de Buenos Aires”, dijo, aunque aclaró que, aun comprendiendo las dificultades presupuestarias, “la familia estatal necesita tener un aumento salarial” y el gobierno provincial debería contar con un “plan B”. También incluyó entre los reclamos los pases a planta permanente, la derogación de la Resolución 293 en Educación, la continuidad del convenio colectivo de trabajo y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.

Docentes, junio y una carrera contra el cierre de liquidación

En paralelo, la paritaria docente bonaerense ingresó en una semana decisiva para el salario de junio. Tras la última reunión entre el Gobierno provincial y los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la administración kicillofista ratificó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma, pero todavía no presentó una nueva oferta de aumento.

Entrevista GLP. Cerezo advirtió que en Las Heras el gas podría subir un 45% si se recorta la Zona Fría: “No se le puede tirar más carga a las familias”

Los sindicatos pidieron una convocatoria urgente para que cualquier mejora llegue antes del cierre del sistema de liquidación. La preocupación gremial apunta a que una propuesta tardía podría quedar fuera del sueldo de junio y también de la base de cálculo del aguinaldo.

La agenda docente no se limita a los salarios. El FUDB llevó a la mesa reclamos vinculados a condiciones laborales en las escuelas, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS), la aplicación del acuerdo de resguardo ante situaciones de violencia, el derecho a la desconexión y problemas en licencias y herramientas administrativas.

La semana pasada, el Ejecutivo retomó conversaciones con docentes y estatales, pero todavía no acercó una oferta de aumento. En esos encuentros escuchó los planteos sindicales y dejó abierta la continuidad del diálogo, aunque sin fijar una nueva fecha. Hasta ahora, la Provincia sólo presentó una mejora en asignaciones familiares y un plan especial de refinanciación de deudas para estatales bonaerenses.

Escuelas, renuncias y pedido opositor

El cuadro salarial también tuvo derivaciones políticas en la Legislatura. El senador bonaerense del bloque HECHOS-UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Kicillof brinde explicaciones sobre los casos de renuncia de personal docente y no docente en escuelas bonaerenses.

“En la provincia se vienen registrando crecientes dificultades para cubrir cargos y garantizar continuidad pedagógica, especialmente en determinadas áreas curriculares, modalidades y regiones educativas”, sostuvo el legislador. También mencionó la preocupación de distintos actores del sistema educativo por las condiciones laborales, la fragmentación horaria y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La iniciativa pide que la Dirección General de Cultura y Educación, conducida por Flavia Terigi, informe la cantidad total de renuncias docentes registradas durante los últimos cinco años, discriminadas por distrito y nivel educativo, y precise si existen establecimientos con déficit de cobertura. También solicita datos sobre renuncias de personal auxiliar y no docente.

En el inicio del ciclo lectivo, la DGCyE implementó el procedimiento de “Reordenamiento y Unificación de cargos y horas”, una plataforma digital para informar vacantes y activar un circuito de validación con equipos directivos, secretarías de asuntos docentes y tribunales de clasificación descentralizados.

Para Leguizamón, “contar con información oficial, detallada y actualizada resulta indispensable para evaluar la magnitud del fenómeno, identificar áreas críticas y diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer la estabilidad laboral, garantizar la continuidad educativa y mejorar la calidad del sistema educativo provincial”.