Entre remates y ajuste: la Provincia busca frenar la venta de tierras públicas de Milei

Mientras la Casa Rosada avanza con su estrategia de desprenderse de activos considerados “ociosos” para generar ingresos y reducir gastos, desde distintos sectores políticos, sindicales y productivos crecen las advertencias sobre el impacto que esas decisiones pueden tener en el desarrollo territorial, la investigación científica y la planificación urbana.

En ese contexto, el diputado bonaerense de Fuerza Patria y exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer las herramientas de los municipios para intervenir frente a la venta de inmuebles nacionales ubicados en territorio bonaerense.

La iniciativa aparece en un escenario atravesado por una fuerte disputa entre Nación y Provincia por el destino de predios ferroviarios, tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y desarrollos habitacionales vinculados al extinto programa Procrear.

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La polémica se profundizó tras la publicación del Decreto 322/2026, mediante el cual el Gobierno nacional autorizó la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales declarados en desuso. De ese total, once están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Entre ellos aparecen terrenos ferroviarios de las estaciones Barrow, en Tres Arroyos; Mouras, en la localidad de Salazar, partido de Daireaux; y Mariano H. Alfonzo, en Pergamino. También figura un amplio predio ubicado en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero, donde funcionó un estacionamiento para camiones.

La decisión se inscribe dentro de la política de administración patrimonial que lleva adelante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de disponer de inmuebles considerados innecesarios para el funcionamiento estatal.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que estas operaciones permiten optimizar recursos, reducir costos de mantenimiento y generar ingresos para el Tesoro. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires cuestionan que muchos de esos espacios cumplen funciones estratégicas o podrían destinarse a políticas públicas vinculadas al desarrollo local.

El avance sobre las tierras del INTA

La discusión adquirió una dimensión aún mayor con la situación del INTA. Durante los últimos meses, el organismo avanzó en el cierre de agencias de extensión rural y en la transferencia de inmuebles a la AABE para su posterior disposición.

En territorio bonaerense, las medidas alcanzan dependencias ubicadas en localidades como Vedia, Rojas, Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Necochea, Balcarce, Saladillo y Mayor Buratovich, entre otras.

Frente a este escenario, el gobierno de Axel Kicillof inició gestiones para que parte de esos predios sean transferidos a la Provincia en lugar de ser subastados. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, argumentó que esos espacios podrían utilizarse para fortalecer tareas de investigación, capacitación y extensión vinculadas a la producción agropecuaria.

La Provincia cuenta actualmente con 16 chacras experimentales y considera que la preservación de esas tierras resulta clave para sostener capacidades científicas y tecnológicas.

El debate excede el aspecto inmobiliario. Organizaciones de trabajadores y referentes del sector agropecuario sostienen que detrás de las ventas existe un proceso de reducción de estructuras estatales orientadas al acompañamiento de pequeños y medianos productores.

La respuesta de la Legislatura bonaerense

En ese marco se inscribe el proyecto impulsado por Acerbo. “Nos encontramos ante un inventario dinámico y en expansión de bienes públicos nacionales sometidos a procesos de disposición patrimonial, muchos de ellos localizados en áreas urbanas o rurales de significativo impacto territorial, productivo y comunitario”, advirtió el legislador.

Según explicó, si bien el Gobierno nacional fundamenta las ventas en criterios de eficiencia fiscal, existen numerosos inmuebles cuya relevancia trasciende cualquier análisis económico.

“Numerosos bienes involucrados poseen funciones estratégicas vinculadas al interés público, la investigación científica, el hábitat, el ambiente, la memoria histórica, el desarrollo territorial o el equipamiento comunitario”, sostuvo.

La propuesta busca garantizar que cualquier transformación urbanística derivada de la venta de tierras públicas nacionales quede sujeta a las normas de ordenamiento territorial vigentes en cada municipio bonaerense.

Además, prevé la intervención de organismos registrales y catastrales provinciales para impedir la consolidación de operaciones que no acrediten el cumplimiento de requisitos urbanísticos, ambientales y territoriales.

Una disputa que va más allá de los terrenos

La iniciativa legislativa se suma a una discusión cada vez más amplia sobre el rol del Estado y el destino de su patrimonio.

Durante los últimos meses, la administración libertaria avanzó también con la liquidación de activos vinculados al Procrear y con distintas subastas de inmuebles pertenecientes a organismos nacionales. Según datos oficiales, el Estado ya obtuvo cerca de 280 millones de dólares a partir de estas operaciones.

Mientras la Nación defiende la estrategia como parte de su programa de reducción del gasto público y reorganización estatal, en la Provincia consideran que muchos de esos bienes representan herramientas fundamentales para el desarrollo productivo, la investigación, la vivienda y la planificación de las ciudades.

“La Provincia de Buenos Aires y sus municipios no pueden quedar reducidos a meros espectadores frente a procesos de enajenación de bienes públicos nacionales con potencial impacto estructural sobre sus ciudades, territorios, ambientes y comunidades”, concluyó Acerbo.