La CGT celebró el fallo de la Corte y refuerza su ofensiva judicial contra la reforma laboral
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el pedido de per saltum impulsado por el Gobierno nacional en la disputa por la reforma laboral fue interpretada por la CGT como un respaldo indirecto a la estrategia jurídica que viene sosteniendo la central obrera desde el inicio del conflicto.
En el entorno sindical consideran que el máximo tribunal evitó avanzar sobre una cuestión que, según sostienen, debe ser resuelta dentro del fuero laboral y no en la Justicia Contencioso Administrativa. El rechazo al recurso extraordinario solicitado por el Ejecutivo también fue leído como un nuevo freno para la Casa Rosada en la discusión por la modernización laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
La lectura de la CGT tras el fallo de la Corte
El abogado laboralista Pablo Topet, quien encabeza el equipo jurídico de la CGT, sostuvo que la resolución de la Corte abre un escenario favorable para la central obrera.
“Es una decisión de la Corte que considera que no hay una cuestión de gravedad institucional para que ella intervenga. Desde esta perspectiva es positivo”, explicó el letrado.
Además, remarcó que el tribunal tampoco avanzó sobre otro de los pedidos centrales del Gobierno: la revocación de la medida cautelar que mantiene suspendidos distintos puntos de la reforma laboral.
“Eso también es bueno”, resumió Topet en declaraciones periodísticas.
La central sindical venía acumulando una serie de reveses judiciales en las últimas semanas y temía que un fallo favorable al per saltum consolidara la competencia del juzgado de primera instancia N°63, a cargo de Raúl Ojeda, en detrimento de la Justicia laboral.
La disputa por la competencia judicial
Ahora, la expectativa de la CGT está puesta en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Allí esperan que, una vez resueltas las recusaciones pendientes, se defina finalmente qué fuero debe intervenir en la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma.
Según explicó Topet, si la Cámara Laboral decide asumir competencia se abriría un conflicto positivo de competencia con la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que ya había intervenido en el expediente.
“Ahí debería resolver la Corte la cuestión de competencia”, señaló.
El núcleo del planteo sindical apunta a que sean jueces especializados en derecho laboral quienes analicen las modificaciones impulsadas por el Gobierno en materia de relaciones laborales, huelga y condiciones de contratación.
La comparación de Topet para cuestionar al fuero contencioso
Durante sus declaraciones, el abogado de la CGT utilizó una metáfora para reforzar la postura de la central obrera sobre la necesidad de que intervenga un tribunal especializado.
“A nadie le resultaría atendible llevar un auto para arreglar a un carpintero; menos plausible aún sería ir a un oftalmólogo para atender una fractura”, ejemplificó.
Luego profundizó la crítica y apuntó contra la falta de especialización del fuero administrativo para abordar temas vinculados al mercado laboral.
“Quizás ello explique por qué los programas de televisión no convocan a abogados o jueces especializados en derecho administrativo para explicar cómo se puede contribuir a la formalización del empleo, las razones de la litigiosidad o cómo se podría modernizar la legislación laboral”, lanzó.
Qué busca ahora la central obrera
La CGT insiste en que la discusión debe quedar bajo la órbita del fuero laboral, donde entiende que existe una mirada más específica sobre los alcances de las normas laborales y el derecho de huelga.
“Nosotros planteamos que esto lo debe resolver un fuero especializado. Magistrados que tengan una versación en materia laboral”, sostuvo Topet.
El abogado incluso recordó que esa postura también fue sostenida por el fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, un dato que la central considera clave en la disputa judicial que todavía permanece abierta.
Mientras tanto, la pelea por la reforma laboral suma un nuevo capítulo judicial y mantiene en tensión al Gobierno nacional y al sindicalismo, en una de las discusiones más sensibles de la agenda política y económica.