Reforma laboral: revés judicial para el Gobierno
La Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum de Javier Milei y crece la pelea por la reforma laboral. La CGT redobla la presión judicial.
Juan Manuel Villarreal
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno de Javier Milei para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que no están dados los requisitos previstos en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar el salto de instancia.
La decisión representa un nuevo capítulo en la fuerte disputa judicial entre la Casa Rosada y la Confederación General del Trabajo (CGT), que había logrado frenar parte de la reforma en el fuero laboral.
Qué buscaba el Gobierno con el per saltum
El recurso extraordinario había sido presentado por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que el juez laboral Raúl Ojeda suspendiera la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral.
La estrategia oficial apuntaba a acelerar una definición de la Corte Suprema sin esperar el recorrido habitual por las instancias inferiores. El Gobierno argumentó que existía una situación de “gravedad institucional” que justificaba la intervención inmediata del máximo tribunal.
Sin embargo, la Corte descartó ese planteo con una resolución breve pero contundente.
“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, señalaron los magistrados.
La reforma laboral sigue vigente
Pese al rechazo del per saltum, fuentes judiciales remarcaron que la discusión perdió urgencia para el Gobierno porque actualmente la reforma laboral se encuentra vigente.
Eso ocurrió luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara sin efecto la medida cautelar dictada por Ojeda. Los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino suspendieron provisoriamente la cautelar mientras se analiza la apelación presentada por el Ejecutivo.
De esta manera, la normativa volvió a entrar en vigencia mientras continúa la disputa judicial.
La ofensiva judicial de la CGT
La CGT reaccionó rápidamente contra la resolución de la Sala VIII. La central obrera recusó a ambos magistrados y cuestionó especialmente la continuidad de Víctor Pesino.
El planteo sindical surgió después de que el Ministerio de Justicia iniciara los trámites para extender la permanencia de Pesino en el cargo luego de cumplir 75 años.
Desde la central obrera sostuvieron que existió un posible “toma y daca” entre el Gobierno y el magistrado, además de cuestionar que esa sala interviniera cuando ya existían otros planteos judiciales vinculados con la reforma laboral.
La pelea por la competencia judicial
Otro de los puntos centrales del conflicto es la discusión sobre qué fuero debe tramitar la causa.
Mientras el Gobierno intenta llevar el expediente al fuero contencioso-administrativo, históricamente más cercano a las cuestiones del Estado, la CGT busca mantener el expediente en la Justicia laboral.
La jueza Macarena Marra Giménez consideró que el caso debía pasar al fuero contencioso-administrativo y solicitó el expediente al juez Ojeda. Sin embargo, la Cámara Nacional del Trabajo todavía debe resolver cuestiones pendientes sobre su propia competencia.
Ese conflicto podría terminar nuevamente en la Corte Suprema si ambos fueros mantienen posiciones contrapuestas.
Qué cuestiona la CGT sobre la reforma
La central obrera sostiene que varios artículos de la Ley 27.802 vulneran derechos y garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Entre otros puntos, la CGT denunció que la reforma implica una flexibilización de condiciones laborales y afecta principios de progresividad de los derechos sociales.
Por su parte, el Gobierno defiende la constitucionalidad de la norma y sostiene que las modificaciones son necesarias para modernizar el mercado laboral argentino y fomentar el empleo formal.
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