Transparencia bonaerense: la oposición acelera proyectos para quitarle discrecionalidad al Estado
La discusión por el acceso a la información pública volvió a ganar volumen en la Legislatura bonaerense y muestra coincidencias crecientes entre sectores opositores en torno a una agenda institucional común.
Esta semana, la senadora del monobloque UCR, Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley para ampliar el acceso a la información pública en todos los organismos que dependen del Estado provincial y reciben fondos públicos, en línea con los criterios establecidos por la Ley Nacional 27.275.
La avanzada radical apareció apenas un mes después de que los senadores del PRO Juan Manuel Rico Zini y Alex Campbell impulsaran una reforma de características similares. Aunque con matices, ambas iniciativas parten de un mismo diagnóstico: la legislación bonaerense quedó desactualizada frente a los estándares nacionales e internacionales y mantiene márgenes amplios de discrecionalidad administrativa.
“El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos. Es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones”, sostuvo Neumann en los fundamentos de su proyecto.
La legisladora por la Sexta Sección Electoral planteó además que la normativa vigente “no recoge los principios más importantes respecto de la accesibilidad y máxima publicidad de los actos públicos”, y advirtió que los documentos estatales deben entenderse como una extensión de esos actos.
El texto parlamentario propone que toda persona humana o jurídica, pública o privada, pueda solicitar, acceder y recibir información “completa, veraz, adecuada y oportuna” de cualquier órgano de la administración pública provincial y municipal, sin necesidad de acreditar interés legítimo ni justificar motivos.
Radicales y PRO avanzan sobre el mismo terreno
El proyecto de Neumann coincide en varios puntos con la propuesta presentada semanas atrás por Rico Zini y Campbell. Ambos espacios buscan que el acceso a la información deje de depender del criterio del funcionario de turno y pase a consolidarse como un derecho operativo y exigible.
En una entrevista reciente, Rico Zini explicó que la intención es que “cualquier persona sin abogados de por medio y sin necesidad de justificar sus razones, va a poder pedir información”, porque eso “equilibra la relación entre el Estado y la sociedad”.
La iniciativa del PRO también toma como referencia la Ley Nacional 27.275 y establece principios como la presunción de publicidad, máxima divulgación, gratuidad, informalismo y celeridad en las respuestas.
Además, amplía el universo de sujetos obligados: incluye a los tres poderes del Estado, empresas con participación estatal, concesionarios de servicios públicos, sindicatos, universidades y organizaciones privadas que administren recursos públicos.
“La transparencia no puede ser solo del Poder Ejecutivo”, afirmó Rico Zini al defender la necesidad de que todos los organismos que gestionen fondos estatales queden alcanzados por las mismas obligaciones.
En el caso del proyecto radical, Neumann también puso el foco sobre el acceso amplio y la obligación estatal de responder en tiempo y forma. La senadora definió como “información” a cualquier documentación que sirva de base a un acto administrativo, además de todo dato creado por el órgano requerido y que permanezca bajo su control.
“La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud; en el caso de no poseer la información requerida, el órgano consultado tiene la obligación de informar los motivos por los cuales no la posee”, señaló la legisladora.
Plazos cortos, excepciones y advertencias sobre el incumplimiento
Uno de los puntos donde aparecen diferencias entre ambas iniciativas es el plazo de respuesta. El proyecto del PRO fija un máximo de 15 días hábiles para contestar solicitudes, mientras que la propuesta impulsada por Neumann reduce ese período a diez días hábiles, con posibilidad de prórroga excepcional por otros diez, siempre que el organismo informe previamente los motivos.
La radical también incorporó un mecanismo frente al silencio administrativo. Según el texto, si vencido el plazo la información no fue entregada o la respuesta resulta ambigua o parcial, se considerará configurada una negativa, habilitando la acción de amparo por mora de la administración.
En ambos proyectos, las excepciones aparecen delimitadas sobre criterios similares. Neumann sostuvo que podrá restringirse el acceso cuando la difusión afecte la intimidad de las personas, involucre secretos profesionales, industriales o comerciales, o exponga información confidencial.
“Información cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial en la cual el sujeto obligado sea parte, o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación, así como saberes cuya publicidad pudiera revelar estrategias empresariales”, amplió la senadora.
El PRO, por su parte, incorporó límites vinculados a defensa nacional, política exterior y protección del sistema financiero, aunque remarcó que toda restricción debe interpretarse de manera excepcional.
La discusión se da además en un contexto donde persisten fuertes desigualdades en materia de transparencia, sobre todo en los municipios bonaerenses. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) mostró que el 36% de los distritos presenta niveles bajos, regulares o directamente nulos en publicación de información fiscal.
En ese escenario, Neumann ya había anticipado semanas atrás su intención de instalar el debate institucional. A mediados de abril encabezó una jornada sobre reforma política junto a bloques radicales y la Coalición Cívica, donde dejó una definición que ahora reaparece como hilo conductor de su iniciativa: “La transparencia no es solo un derecho: es una forma de acercar la política a la gente, con instituciones más abiertas, modernas y responsables”.