La pulseada por la recolección ya enfrenta a Camioneros con más de 300 sindicatos municipales
La discusión por la recolección de residuos dejó de ser un debate técnico entre municipios y empresas para convertirse en un frente político y sindical de alta sensibilidad en la provincia de Buenos Aires.
Mientras varios intendentes revisan contratos por el fuerte impacto que tienen sobre las cuentas comunales, la pelea entre el sindicato de Camioneros y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) sumó nuevos cruces y expuso la preocupación creciente por las dificultades financieras que atraviesan numerosos distritos.
Según pudo reconstruir este medio, en distintas comunas bonaerenses existe inquietud por el pago del medio aguinaldo ante la caída de la recaudación y el aumento de costos operativos. En paralelo, la discusión sobre la eventual municipalización de servicios esenciales, entre ellos la recolección y el barrido, comenzó a generar fuertes tensiones gremiales.
En ese escenario, FESIMUBO difundió una declaración institucional respaldada por más de 300 secretarios generales de sindicatos municipales de todo el país para responder a las acusaciones del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien había acusado a Hernán Doval de impulsar una “precarización laboral”.
“Defendemos el Estado municipal y no las privatizaciones”, sostuvo la federación que conduce Doval. El documento remarcó además que el dirigente municipal “ha sido siempre coherente con la defensa de los intereses y derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales”.
El trasfondo económico que preocupa a los intendentes
La discusión escaló luego de que el intendente de Ituzaingó reconociera públicamente el peso económico que representa la recolección de residuos para las administraciones locales. En una entrevista reciente, Pablo Descalzo aseguró que se trata de “uno de los gastos más importantes que tiene cualquier municipio”.
El jefe comunal planteó la necesidad de “un rediseño” del sistema y reclamó abrir una negociación integral entre municipios, empresas y sindicatos. También cuestionó el impacto impositivo sobre las comunas y apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de compensaciones económicas.
Detrás de ese planteo aparece una preocupación que varios intendentes vienen analizando en reserva: los costos crecientes de los contratos privados de recolección en un contexto de ajuste sobre las cuentas municipales.
Fue en ese marco donde Doval impulsó la idea de avanzar en procesos de remunicipalización de algunos servicios tercerizados. Desde FESIMUBO sostienen que numerosas comunas podrían prestar el servicio de manera directa con menores costos operativos.
La postura encendió alarmas en Camioneros, gremio históricamente ligado al sistema de concesiones privadas en la recolección urbana. Moyano reaccionó con dureza y vinculó la propuesta con una reforma laboral encubierta.
“¿Qué diferencia hay entre Caputo, Sturzenegger, Adorni, Jorge Macri y este señor Doval? Ninguna. Todos quieren lo mismo: precarizar trabajadores, bajar salarios y destruir derechos laborales”, lanzó el dirigente camionero en un video difundido en redes sociales.
Villa Gesell y la pelea que escaló en toda la Provincia
El conflicto tomó mayor dimensión tras lo ocurrido en Villa Gesell, donde el intendente Gustavo Barrera firmó el Decreto N.º 444/2026 para municipalizar parte del barrido manual que realizaba la empresa Santa Elena.
La medida derivó en la pérdida de alrededor de 45 puestos de trabajo y provocó protestas de Camioneros frente al Palacio Municipal, con quema de neumáticos y bloqueos de camiones recolectores. Moyano encabezó personalmente la protesta y acusó a Barrera de “despedir y precarizar” trabajadores.
“No vamos a entregar ni un solo puesto de trabajo”, advirtió el dirigente sindical, quien además aseguró que el gremio no permitirá “que se municipalice ni un servicio de la recolección”.
En respuesta, la conducción de FESIMUBO rechazó cualquier asociación con procesos privatizadores y defendió la remunicipalización como una herramienta de fortalecimiento del Estado municipal. “Nunca defenderemos el negocio y el lucro de una empresa privada ni una cámara empresarial”, remarcaron desde la organización.
El comunicado también reivindicó el rol histórico de Doval en la sanción de la Ley 14.646 de negociación colectiva para trabajadores municipales bonaerenses y calificó de “difamatorio y canallesco” intentar asociar sus planteos con intereses patronales.
Además, la federación llamó a evitar una escalada entre organizaciones sindicales. “No es fomentando la violencia entre trabajadores o sindicatos hermanos” como se enfrentarán las políticas de ajuste, señalaron los municipales, que también apuntaron contra el “modelo de hambre y entrega del Gobierno nacional”.
El documento lleva las firmas de dirigentes sindicales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén, entre ellos Rubén “Cholo” García, Antonio Ratner y Rubén Daniele.