Licencias profesionales: taxistas piden suspender el nuevo carnet y negocian rebajas en la Provincia
El conflicto por las licencias profesionales de conducir sumó dos nuevas postales bonaerenses. En La Plata, organizaciones de taxistas de la región le pidieron al gobernador Axel Kicillof que suspenda el nuevo carnet.
En Junín, choferes de taxis y remises iniciaron una negociación con el prestador local para conseguir descuentos por cantidad. Dos respuestas distintas frente a un trámite que, según los trabajadores, pasó de rondar los $22.000 a ubicarse cerca de los $300.000.
El reclamo dejó de ser solamente una discusión entre Nación y Provincia por la responsabilidad sobre el sistema. Mientras la Legislatura acumula proyectos para contener los aranceles, los conductores empezaron a buscar salidas urgentes en cada ciudad: suspensión, topes, exenciones, más centros habilitados o rebajas acordadas con empresas privadas.
Suspensión o descuento
La nota dirigida a Kicillof fue firmada por la Unión de Propietarios de Autos Taxis (UPAT), el Centro de Ayuda al Taxista y Afines (CATA), Taxistas Unidos La Plata, la Asociación Civil Taxistas 7 y 51, la Asociación de Propietarios de Taxis (APT), el Sindicato de la calle 43 y representantes de Berisso y Ensenada.
Las entidades sostienen que la implementación avanzó sin consenso y sin contemplar el deterioro económico de la actividad. También remarcan que los vehículos ya cuentan con habilitaciones y controles municipales.
Aunque pueden trasladar pasajeros a cualquier punto del país, no tienen permitido captar viajes fuera de su jurisdicción de origen. Con esos argumentos calificaron el esquema como recaudatorio, pidieron suspenderlo y propusieron una mesa de trabajo con el Ejecutivo provincial.
En Junín, el remisero Hernán Francese relató una reunión con el representante de CATAC, Ramón Jatip; Mario Olmedo; referentes municipales y organizaciones de taxistas. Allí se discutió el carnet interjurisdiccional requerido para quienes viajan fuera de la ciudad.
Según detalló, la charla cuesta $120.000 y el examen psicofísico, $185.000. La alternativa explorada consiste en reunir un cupo de choferes para obtener un precio menor por parte del prestador privado, con intervención del municipio. “Venimos luchando por el costo de la licencia profesional”, explicó Francese.
Menos viajes y más gastos
El planteo llega cuando la recaudación del sector pierde terreno. Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad platense registró en julio una caída interanual del 8,3% en la cantidad de viajes. Con un promedio de 11 por día, el poder adquisitivo de la recaudación mensual quedó 43% por debajo de 2023. La recaudación diaria real bajó 9,4% frente a julio de 2025 y los viajes por hora pasaron de 1,71 en 2023 a 1,27 en 2026.
La actividad también atravesó durante julio restricciones para cargar GNC, que recién cedieron con la habilitación de once estaciones. En Mar del Plata, donde avanza un registro municipal para conductores de aplicaciones, el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis, Pablo Sánchez, aseguró que se necesitan 26 viajes diarios para alcanzar “un sueldo digno”, pero actualmente se realizan entre 14 y 16, incluso con jornadas de hasta 14 horas.
Proyectos cruzados y responsabilidades
El origen normativo está en el Decreto Nacional 196/2025, que eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional como credencial independiente y trasladó evaluaciones, capacitaciones y exámenes a prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La regulación citada en los proyectos legislativos permite que esos centros fijen libremente sus aranceles bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
El espacio Hechos activó propuestas en ambas cámaras. En el Senado, Marcelo “Chubi” Leguizamón, presidente del bloque, planteó un techo de $25.000 para cada instancia obligatoria, actualización semestral por inflación y prohibición de cargos extra.
En Diputados, Manuel Passaglia impulsó un esquema similar y la realización de todas las evaluaciones en una jornada. Los fundamentos mencionan casos en San Nicolás con $175.000 por el psicofísico y hasta $418.000 por pruebas teóricas y prácticas.
Diego Garciarena, presidente de UCR + Cambio Federal en Diputados, pidió al gobierno bonaerense que detalle la composición del precio y analice subsidios o bonificaciones. Pablo Petrecca, titular del bloque PRO en el Senado e intendente en uso de licencia de Junín, propuso habilitar hospitales públicos para los psicofísicos y municipios para las capacitaciones. La Libertad Avanza reclamó gratuidad para policías, bomberos voluntarios, Defensa Civil y trabajadores de emergencias públicas.
La Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, presidida por Daniel J. Vicente, advirtió el 25 de julio que el costo podría reducir la cantidad de conductores habilitados. La ANSV anticipó un convenio para mantener al sistema provincial de bomberos bajo el régimen anterior, aunque todavía no se informaron sus alcances.
El Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, rechazó que la Provincia determine o perciba los nuevos aranceles y atribuyó el escenario al régimen nacional, que dejó los valores en manos privadas.
Esa posición difiere de la expresada por Francese, quien sostuvo que “Provincia determina esos valores”. Mientras se discute la responsabilidad, el Ejecutivo prorrogó por 60 días los vencimientos alcanzados por el sistema. En Junín quedó pendiente una segunda reunión con el prestador: “Ahí ajustaremos el valor”, anticipó el remisero.