Milei abrió el juego del calamar: la pelea con Kicillof que puede llegar a la Justicia
El Consejo Federal Pesquero (CFP) adjudicó el 6 de agosto 18 proyectos para ampliar la flota dedicada al calamar Illex argentinus. La provincia de Buenos Aires fue el único distrito que votó en contra: 17 propuestas prevén desembarcar en puertos patagónicos y apenas una en Mar del Plata. El desenlace profundizó el enfrentamiento entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei por una actividad que exportó cerca de US$550 millones el año pasado.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, sostuvo que el puerto marplatense concentró entre el 40% y el 50% de los desembarques del último período. El material relevado ubica la captura anual por encima de 190 mil toneladas, con un crecimiento reciente del 47% y alrededor de 1.100 puestos directos e indirectos. Es esa estructura productiva —plantas, estibadores, talleres, transportistas y comercios— la que la Provincia considera perjudicada por el sistema de selección.
Un trámite con reloj acelerado
Nación comunicó a mediados de mayo que preparaba la convocatoria. Dos semanas después llevó al CFP un texto de 21 artículos y seis anexos, que fue votado en esa misma sesión pese a no figurar previamente en el orden del día. La Resolución 6/2026 fijó 20 días hábiles para presentar proyectos. En la etapa final, según dejó asentado Buenos Aires, los expedientes con “centenares de fojas” llegaron un miércoles y fueron aprobados al día siguiente, sin un plazo razonable de análisis.
El representante bonaerense en el CFP, Carlos Liberman, cuestionó la falta de instancias previas, advirtió sobre el impacto en el recurso y calificó la situación de “gravedad inusitada”. María Fernanda Grimaldi, gerenta del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), había pedido llevar el plazo a no menos de 180 días. En una nota al subsecretario nacional de Pesca y titular del CFP, Juan Antonio López Cazorla, afirmó que la brevedad “hace pensar que la misma podría estar dirigida”.
De 27 presentaciones, seis fueron rechazadas por incumplir requisitos: Altamare, Balfish, Congelados Ártico, Globocean, Fenix y S.W.A. Glaciar Pesquera y Semaloma obtuvieron 24 años; Compañía Pesquera del Sur y Pesquera Deseado, 21; Bentónicos, Proel, IBCO, ADH MOR, Vuogafe, Rusbuilding, Hispano Patagónica y Moscuzza, 18; Subastas del Mar, Pesquera Latina, Hauser Factory, Calamaris Marisur, Illex Fishing y Rich Marine Fishery, 15; y Red Chamber Argentina, nueve.
El puntaje y la discusión ambiental
La propuesta mejor calificada fue la de Glaciar Pesquera, adquirida en junio por Newsan, grupo vinculado al empresario Rubén Cherñajovsky. Comprometió más de la mitad de sus descargas en Puerto Deseado, incorporará un buque construido en el exterior y recibió una autorización por 24 años, proyectada hasta 2050. Moscuzza fue la única oferta bonaerense seleccionada.
El esquema territorial otorgó 30 puntos a Tierra del Fuego, 25 a Santa Cruz, 20 a Chubut, 15 a Río Negro y 10 a Buenos Aires. Rodríguez lo describió como una convocatoria con “la cancha inclinada”. El SUPA y la Federación de Cooperativas Portuarias acudieron a la Justicia, mientras la Provincia presentó una reconsideración y denunció una “discriminación arbitraria” hacia Mar del Plata.
La discusión también alcanzó la sustentabilidad. Nación se respaldó en una nota del INIDEP que recordó que la flota potera llegó a 150 barcos y consideró que sumar hasta 20 a los 84 actuales no pondría en riesgo el recurso.
Buenos Aires objetó que las nuevas unidades podrían capturar hasta 900 toneladas, frente a un promedio actual de 550, y reclamó estudios específicos sobre los distintos stocks. Un informe del investigador Milko Schvartzman señaló, además, que 53 de los 84 poteros de bandera argentina estarían controlados por firmas de origen chino.
La mesa bonaerense y la vía judicial
El frente provincial tomó forma en La Plata con la Mesa Bonaerense de Pesca, encabezada por Rodríguez y el ministro de Trabajo, Walter Correa.
Participaron Carla Seain, Matías Nicolosi, Andrés Reveles, Raúl Calamante, Esteban Mancusi, Marcos Gutiérrez y Gustavo Mariani, junto con sindicatos y cámaras. La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) acompañó el pedido de suspensión y reclamó evaluaciones científicas, técnicas y ambientales suficientes.
La misma articulación había logrado frenar el intento nacional de transferir cuotas de merluza de buques fresqueros a congeladores. Ahora, tras el rechazo de la reconsideración y con presentaciones judiciales en curso, el gobierno bonaerense resolvió retirarse del CFP, según pudo reconstruir este medio.
También cuestionó que ninguna de las 18 propuestas incluya construcción en astilleros argentinos. “Tenemos en claro que este recurso es para agotar las vías administrativas porque, si es necesario, vamos a ir a la Justicia”, afirmó Rodríguez.