La negociación universitaria entra en una etapa clave antes de una definición judicial
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantienen abiertas las conversaciones para intentar destrabar el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la expectativa por una definición de la Corte Suprema y de los reclamos que sostienen las universidades públicas.
La Casa Rosada evalúa convocar esta semana a los rectores para avanzar en una propuesta que permita cerrar la disputa por los fondos. Las tratativas incluyen reclamos por recomposición salarial docente, becas y recursos pendientes para hospitales universitarios, entre otros puntos vinculados al funcionamiento del sistema.
El diálogo, sin embargo, todavía no derivó en una oferta formal. Desde el CIN señalaron que el Gobierno no presentó una propuesta concreta y que las universidades se mantienen a la espera de una definición por escrito sobre los fondos y las condiciones de un eventual acuerdo.
El punto más sensible de la negociación es la relación entre el ofrecimiento presupuestario y la acción judicial impulsada por las universidades. El Ejecutivo busca que, si se alcanza un entendimiento, los rectores retiren o suspendan la cautelar que exige el cumplimiento de los aumentos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.
La estrategia legal del Gobierno
La Procuración del Tesoro trabaja en la letra chica de un eventual acuerdo. El objetivo oficial es evitar que el conflicto llegue a una resolución adversa de la Corte Suprema, que debe pronunciarse sobre la aplicación de la ley.
El Gobierno había planteado transferir fondos vinculados al proyecto de financiamiento que el oficialismo envió al Congreso en febrero. Esa iniciativa buscaba reformular la ley vigente y reducir su impacto fiscal, con un esquema que reconocía la pérdida salarial docente de 2025, pero no contemplaba la caída acumulada entre diciembre de 2023 y 2024.
Ese planteo fue recibido con fuerte rechazo en el sector universitario. En el CIN interpretaron que la propuesta no alcanzaba para cumplir con la ley vigente y cuestionaron que se condicionara una mejora presupuestaria al retiro de la demanda judicial.
La discusión no se limita a los salarios. También abarca becas, gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y la previsibilidad presupuestaria necesaria para sostener la actividad académica, científica, de investigación y extensión en las universidades nacionales.
El reclamo presupuestario del CIN
El CIN viene reclamando que el Presupuesto Nacional 2026 incluya un monto mínimo de 7,32 billones de pesos para el sistema universitario. Según el organismo, ese cálculo actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023, siguiendo criterios de la Ley de Financiamiento Universitario, e incorpora una mejora específica para gastos de funcionamiento.
El planteo del Consejo Interuniversitario Nacional no contempla todavía la inflación ni las actualizaciones salariales de lo que resta de 2025. Tampoco incluye recursos para ciencia, técnica y arte, infraestructura, equipamiento o planes de becas, puntos que las universidades anticiparon que seguirán reclamando en las instancias correspondientes.
Para los rectores, contar con una ley de presupuesto nacional aprobada por el Congreso es clave para garantizar previsibilidad, funcionamiento pleno y continuidad de las actividades universitarias en todo el país.
La discusión ocurre después de meses de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, con clases públicas, paros docentes y medidas de visibilización del reclamo. Los gremios del sector no descartan nuevas acciones al inicio del segundo cuatrimestre si no hay avances en las negociaciones salariales y presupuestarias.
Por ahora, la posibilidad de una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del CIN sigue abierta, pero sin confirmación definitiva. El desenlace dependerá de si el Gobierno formaliza una propuesta que las universidades consideren suficiente y de cómo se articula esa salida con la causa que espera una definición de la Corte.