El PRO presiona por los bomberos bonaerenses y pide actualizar un fondo que quedó viejo
El financiamiento de los Bomberos Voluntarios volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense, ahora con una iniciativa del senador provincial del PRO Juan Manuel Rico Zini para modificar el esquema de recursos que reciben las federaciones y asociaciones que funcionan en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto apunta a actualizar automáticamente el fondo provincial, incorporar un reajuste semestral en contextos de alta inflación y sumar intereses compensatorios cuando las transferencias no se giren en los plazos previstos.
La propuesta modifica el artículo 2 de la Ley 14.761, que regula el Fondo para el Financiamiento Operativo del Sistema de Seguridad Siniestral Bonaerense. La norma vigente establece que el 3% de los ingresos del Impuesto Inmobiliario que recauda ARBA debe destinarse a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, con un tope máximo de $500 millones y actualizaciones anuales según corresponda.
El texto presentado por Rico Zini eleva ese máximo a $700 millones y fija una actualización anual automática al inicio de cada ejercicio fiscal, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC.
También incorpora una cláusula de reajuste semestral: si la inflación acumulada supera el 30% durante los primeros seis meses del año, el techo del fondo se actualizaría de manera automática desde el 1° de julio y los pagos del segundo semestre se calcularían sobre el nuevo valor.
Un fondo desactualizado
El planteo del legislador del PRO se apoya en un dato sensible para el sistema: según expuso en los fundamentos, la última actualización efectiva de los fondos destinados a Bomberos Voluntarios se produjo en 2021. Desde entonces, el paso del tiempo y la inflación habrían deteriorado el poder de compra de los subsidios destinados al funcionamiento cotidiano y al equipamiento de los cuarteles.
“En economías con dinámicas inflacionarias persistentes como a las que estamos acostumbrados en este país, el diferimiento de la actualización al cierre de cada ejercicio fiscal somete a las instituciones a un severo proceso de descapitalización en el transcurso de los doce meses intermedios”, sostuvo Rico Zini.
El senador defendió, además, la inclusión de un umbral semestral del 30% como mecanismo de resguardo. Según explicó, “no representa una doble indexación, sino un mecanismo de compensación anticipada que evita el estrangulamiento financiero de los cuarteles durante los meses de mayor demanda operativa estacional”.
La iniciativa también prevé intereses compensatorios cuando los fondos no sean transferidos dentro de los plazos semestrales establecidos por la normativa vigente. Para Rico Zini, esa herramienta busca “evitar que las demoras en los giros terminen por reducir el valor real de los recursos asignados” a los cuerpos que operan en los 135 municipios bonaerenses.
Cuarteles, costos y una demanda que crece
El sistema de Bomberos Voluntarios bonaerense cuenta con aproximadamente 17.500 integrantes, distribuidos en 268 asociaciones que administran más de 300 instalaciones entre cuarteles y destacamentos. Ese despliegue implica gastos constantes en mantenimiento de vehículos, combustibles especializados, herramientas, autobombas, servicios básicos y renovación de equipos de protección personal.
En proyectos previos debatidos en la Legislatura, se advirtió que cada asociación recibe entre $2,5 millones y $3,5 millones al año, distribuidos en dos pagos semestrales. En distritos extensos, esos recursos deben repartirse entre el cuartel central y sus destacamentos, lo que reduce aún más la capacidad operativa.
La diputada radical Priscila Minnaard ya había planteado la necesidad de actualizar el fondo provincial y había sido tajante sobre el atraso de los montos. “Sostener que un cuartel de Bomberos Voluntarios, suponiendo que es único en el distrito y que además recibe el monto mayor, puede afrontar los gastos operativos con ese monto es casi utópico”, señaló.
La discusión provincial se cruza, además, con el reclamo por los fondos nacionales previstos en la Ley 25.054, que regula el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En mayo, el diputado bonaerense Valentín Miranda, acompañado por Minnaard y Alejandra Lordén, exigió que el gobierno de Javier Milei transfiera de manera urgente los recursos adeudados a los cuarteles.
Desde ese bloque advirtieron que la administración nacional estaría incumpliendo los plazos fijados por la ley, que establece que los fondos deben girarse dentro de los primeros seis meses de cada año. Minnaard describió que muchos cuarteles siguen funcionando con bonos, ventas de comida, aportes comunitarios y donaciones privadas para cubrir una parte de sus gastos corrientes.
Una pelea por previsibilidad
Rico Zini busca correr la discusión del terreno de los giros discrecionales y llevarla a un sistema automático. En los fundamentos del proyecto, remarcó que “los subsidios destinados a la seguridad siniestral no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ya que son utilizados para brindar respuestas reales a la población ante emergencias”.
El senador también aclaró que los intereses compensatorios vinculados a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires “no persiguen un fin punitorio”, sino que apuntan a impedir que las demoras funcionen como una forma de licuación presupuestaria.
El proyecto ya fue presentado en el Senado bonaerense y aguarda tratamiento en comisión. “Vincular la subsistencia de los cuerpos de Bomberos Voluntarios a un índice de actualización oficial previsible no solo garantiza la autarquía financiera de las asociaciones, sino que resguarda la continuidad del servicio público de seguridad, reforzando el esquema del voluntariado”, afirmó Rico Zini.