Milei deberá poner números ante la Corte por la deuda de ANSES con el IPS

La Corte Suprema volverá a reunir esta semana a la provincia de Buenos Aires y al Estado nacional por uno de los expedientes más sensibles de la pelea fiscal entre Axel Kicillof y Javier Milei: la deuda de la ANSES con el Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), estimada por la administración provincial en más de $2,3 billones.

La nueva audiencia fue fijada para el miércoles 10 de junio, luego del encuentro realizado el 21 de abril, donde los representantes de la ANSES y del Ministerio de Economía nacional asumieron el compromiso de presentar una propuesta concreta para regularizar los fondos destinados a la caja previsional bonaerense. Para el gobierno de Kicillof, esa instancia marcó un cambio respecto de la primera audiencia del 17 de marzo, cuando la Nación había alegado falta de información suficiente para calcular la deuda.

El reclamo que llegó a la Corte

La demanda bonaerense fue iniciada en abril de 2024, después de que la Provincia agotara la vía administrativa. El planteo apunta a que la Nación cumpla con las compensaciones previstas para las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional durante los años noventa.

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El sustento legal del reclamo es la Ley 27.260 de Reparación Histórica, que establece que el Estado nacional debe compensar los eventuales déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas, para dejarlas en pie de igualdad con aquellas administradas directamente por la Nación.

Según la Provincia, la última acreditación al IPS fue en diciembre de 2023. El corte de los giros se consolidó con el DNU 280/2024, firmado por Milei en marzo del año pasado, cuya constitucionalidad fue cuestionada por Buenos Aires en la demanda. Desde la administración bonaerense sostienen que esa decisión dejó sin cobertura anticipos adeudados, actualizaciones pendientes y diferencias acumuladas de ejercicios anteriores.

Al salir de la audiencia de abril, Kicillof sintetizó el planteo: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago”.

Un sistema sostenido con fondos propios

El IPS administra más de 374.500 jubilaciones y pensiones en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con los datos expuestos por el gobierno bonaerense, los $2,3 billones reclamados equivalen a cerca de un tercio del presupuesto anual del organismo para 2026.

La presidenta del IPS, Marina Moretti, explicó en una entrevista reciente que la Provincia inició la demanda tras dos años de reclamos y remarcó que la deuda alcanza a las 13 jurisdicciones que administran sus propias cajas. También señaló que diez provincias ya lograron acuerdos con Nación, mientras que Buenos Aires continúa sin una propuesta cerrada.

“Estamos siendo prudentes porque estamos en medio de una negociación, pero es muy difícil porque la deuda es con los jubilados”, sostuvo Moretti. La funcionaria agregó que Buenos Aires “representa el 40% del país y tiene una de las cajas previsionales más grandes”.

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La titular del IPS también buscó despegar el reclamo de cualquier lectura partidaria. “Esto no es plata para Axel; se la sacan a los jubilados de la provincia”, había advertido antes de la audiencia de abril. Y luego insistió: “Nuestros jubilados siguen cobrando sus beneficios porque hay un gobierno que entiende que una prestación de carácter alimentaria no se puede suspender”.

Kicillof lleva el conflicto fiscal al máximo tribunal

La discusión por el IPS forma parte de una ofensiva judicial más amplia. La Provincia tiene ocho reclamos ante la Corte Suprema por deudas que, según el gobierno bonaerense, superan los $15 billones. Entre ellos aparecen la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la supresión de subsidios al transporte y la paralización de más de 1.000 obras públicas en territorio bonaerense.

En la audiencia de abril, Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y Moretti. Por Nación participaron funcionarios de la ANSES y del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

López valoró el canal institucional abierto por la Corte y advirtió que el recorte de transferencias se suma a “un contexto de fuerte caída de la recaudación producto de la crisis provocada por las políticas económicas nacionales”. También volvió sobre el desequilibrio estructural de la coparticipación: Buenos Aires aporta el 38% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7% del total distribuido, mientras la Nación concentra el 70%.

Kicillof, además, vinculó el reclamo previsional con otros recortes nacionales en áreas sensibles, como medicamentos, alimentos, obra pública y asistencia social. En paralelo, la Provincia anunció un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes, y una suba del 25% en los principales programas sociales, junto con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.

La expectativa bonaerense quedó puesta en la audiencia del 10 de junio. “Ya llevamos dos años y pico donde esto no ocurrió y ya pasó en otras provincias. Llegamos a ese compromiso de Nación, de traer un monto para transferir el próximo 10 de junio”, dijo Kicillof.