La oposición cierra filas en torno a la inseguridad y reflota un organismo que lleva décadas sin funcionar
La inseguridad reactivó una discusión que atraviesa a distintos gobiernos provinciales desde hace casi tres décadas. En ese contexto, La Libertad Avanza presentó en el Senado bonaerense un proyecto para exigir la convocatoria del Consejo Provincial de Seguridad Pública, un organismo previsto por ley desde 1998 que nunca logró funcionar de manera estable y permanente.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque libertario en la Cámara alta, Carlos Curestis, y cuenta con las firmas de los senadores María Cecilia Martínez, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Luciano Olivera y Florencia Arietto. El planteo apunta a que el gobierno de Axel Kicillof convoque de manera urgente a ese ámbito institucional previsto en la Ley 12.154 para coordinar políticas públicas vinculadas a la seguridad.
El proyecto se inscribe en un escenario donde el delito volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y en la disputa política entre oficialismo y oposición. Sin embargo, el reclamo excede las diferencias coyunturales y pone la atención sobre una herramienta que, pese a estar contemplada en la legislación bonaerense desde finales de los años noventa, nunca consiguió consolidarse como un espacio permanente de planificación.
Una ley vigente y una estructura que nunca terminó de funcionar
El Consejo Provincial de Seguridad Pública fue creado mediante la Ley 12.154 con el objetivo de colaborar en el diseño de estrategias de prevención del delito y en la elaboración de políticas integrales en materia de seguridad.
De acuerdo con la normativa, debe estar integrado por representantes del Poder Ejecutivo, funcionarios del área de Seguridad y Justicia, autoridades policiales y legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. La intención original era generar un ámbito de coordinación institucional capaz de trascender las gestiones y construir políticas de largo plazo.
Sin embargo, tanto el proyecto presentado por Curestis como otras iniciativas impulsadas en los últimos meses coinciden en un mismo diagnóstico: el organismo nunca alcanzó un funcionamiento pleno y sostenido.
"Los bonaerenses están cansados de escuchar diagnósticos sobre la inseguridad. Lo que esperan son decisiones concretas", sostuvo el senador libertario al fundamentar la propuesta. En la misma línea, afirmó que la Provincia ya dispone de una herramienta institucional para coordinar una política de seguridad seria, aunque consideró que jamás fue utilizada de manera efectiva.
La particularidad del planteo es que las críticas no apuntan exclusivamente a la actual administración. Los propios fundamentos reconocen que la falta de funcionamiento del Consejo atraviesa a gobiernos de distintos signos políticos que pasaron por la Gobernación desde la sanción de la ley.
Un reclamo que ya había aparecido en otros bloques
La presentación de La Libertad Avanza no constituye un hecho aislado dentro de la Legislatura bonaerense. Durante los últimos meses, distintos sectores opositores impulsaron iniciativas similares para reclamar la convocatoria del organismo.
Uno de los antecedentes más recientes corresponde al senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, quien en febrero de 2025 promovió un proyecto con el mismo objetivo. En aquella oportunidad advirtió sobre el crecimiento de los hechos delictivos en distintas localidades y planteó la necesidad de elaborar un plan integral que permitiera enfrentar la problemática.
"La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires", sostuvo el legislador en los fundamentos de su iniciativa, donde además reclamó una intervención más activa del Estado bonaerense.
El radicalismo también llevó la discusión al ámbito legislativo. En marzo, los diputados Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard presentaron un proyecto para instar al gobernador a convocar al Consejo Provincial de Seguridad Pública y promover, además, la participación de los foros vecinales.
Los legisladores de la UCR remarcaron que el organismo previsto por la ley nunca fue puesto en funcionamiento de manera plena y señalaron que una instancia de trabajo integrada por representantes de los distintos poderes del Estado podría contribuir a diseñar una estrategia de seguridad más amplia y consensuada.
El vínculo con las reformas que impulsa Kicillof
Otro de los aspectos que sobresalen en la iniciativa libertaria es que toma como referencia el discurso que Axel Kicillof pronunció ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el período ordinario de sesiones.
Durante esa exposición, el mandatario bonaerense planteó la necesidad de avanzar con reformas vinculadas al sistema de seguridad provincial, entre ellas una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública y una nueva normativa para la formación del personal policial.
A partir de ese planteo, Curestis sostuvo que antes de impulsar cambios normativos debería activarse el organismo creado precisamente para debatir y coordinar este tipo de políticas.
"Si el Gobierno considera que hay que debatir cambios en la política de seguridad, primero debería cumplir con la ley vigente y convocar al organismo que fue creado precisamente para eso. La herramienta existe. Lo que falta es voluntad política para usarla", afirmó el legislador.