Licencias profesionales: la oposición pide descentralizar y eximir del pago al personal de servicios esenciales
La discusión por las licencias profesionales sumó un capítulo que ya no involucra solamente a camioneros, colectiveros, taxistas y remiseros. El costo y la concentración de los prestadores comenzaron a generar preocupación entre los bomberos voluntarios, mientras el PRO y La Libertad Avanza presentaron respuestas diferentes en la Legislatura bonaerense.
En paralelo, la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) anticipó la firma de un convenio con la Provincia para conservar el esquema que regía para el sector antes de la reforma.
El conflicto se originó con el régimen aplicado desde comienzos de julio para las licencias interjurisdiccionales de las clases C, D y E. La reforma nacional eliminó la LiNTI como credencial independiente y derivó los psicofísicos y las capacitaciones hacia prestadores habilitados por la ANSV, sin una tarifa nacional de referencia.
El Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, sostiene que la Provincia no fija esos aranceles y prorrogó 60 días los vencimientos ante la escasez de centros disponibles.
El temor de los cuarteles
Los valores difundidos por sectores afectados parten de unos $22.000 y llegan a alrededor de $294.000 en algunos casos, una diferencia superior al 1.200%. No se trata de un precio único: el monto puede variar según el prestador, la región y las evaluaciones requeridas.
Para los cuarteles, el impacto potencial se multiplica porque cada institución necesita varios conductores habilitados para cubrir guardias durante las 24 horas. Algunos bomberos pagan personalmente el trámite; en otros casos, lo afrontan las asociaciones con subsidios, cuotas de socios, rifas y actividades destinadas a recaudar fondos.
Dirigentes del sector advierten que una reducción de choferes habilitados podría demorar la salida de autobombas, cisternas y unidades de rescate, especialmente en localidades pequeñas.
El asunto fue tratado el 25 de julio durante una reunión de la Comisión Directiva de la Federación Bonaerense realizada en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rivadavia. El encuentro estuvo encabezado por su presidente, el comandante general retirado Daniel J. Vicente. Allí se analizó el Decreto Nacional 196/2025 y la adecuación de la Disposición ANSV 207/09.
La entidad comunicó que la ANSV le informó que “en los próximos días” suscribiría un convenio con la Provincia para que el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios continúe bajo el mecanismo anterior. Hasta que esa gestión se concrete, siguen abiertos los interrogantes sobre el alcance, los beneficiarios y la implementación territorial de la eventual excepción.
El PRO pide acercar los trámites
El presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, presentó un proyecto para habilitar a hospitales públicos provinciales y municipales a realizar los exámenes psicofísicos. También propuso que los municipios puedan dictar directamente las capacitaciones obligatorias.
La iniciativa busca reducir traslados, pérdida de jornadas laborales y gastos adicionales para quienes viven lejos de los prestadores registrados. Además, solicita modificar el Anexo II del Decreto provincial 532/09 para acercar la vigencia de las habilitaciones bonaerenses a los plazos nacionales.
Según sus fundamentos, la normativa nacional permite hasta cinco años para conductores de entre 21 y 65 años, mientras Buenos Aires establece dos años entre los 21 y 45, y uno para los mayores de 45. “Cuando una medida que busca simplificar termina complicándole la vida a quien trabaja, el Estado tiene la obligación de corregirla”, sostuvo Petrecca.
Gratuidad para servicios esenciales
El bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza eligió otra vía. Su proyecto propone que la obtención, renovación, ampliación o recategorización de las licencias sea gratuita para efectivos de la Policía bonaerense, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y trabajadores de sistemas públicos de emergencias como el SAME.
El beneficio incluiría tasas, certificaciones, estudios, psicofísicos, cursos y evaluaciones, sin eliminar los controles de idoneidad, capacitación y aptitud exigidos por las normas nacionales y provinciales. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Transporte y podría celebrar convenios con organismos de las distintas jurisdicciones. En el caso de los bomberos, el texto sostiene que “imponerles la carga económica implica trasladar al voluntario un costo que corresponde asumir al Estado”.