Inocencia Fiscal II: el plan para cazar los dólares del colchón y el cerco ético que divide al Congreso
El Palacio de Hacienda reactivó su artillería legislativa con un objetivo entre ceja y ceja: movilizar la masa de divisas que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó formalmente en la Cámara de Diputados la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, un paquete de modificaciones técnicas diseñado para corregir las fallas del esquema aprobado en diciembre pasado y seducir a quienes atesoran una suma estimada en USD 170.000 millones en efectivo o cajas de seguridad.
La maniobra oficial busca profundizar la desregulación impositiva permitiendo que los contribuyentes formalicen tenencias sin la amenaza constante de fiscalizaciones punitivas. En el equipo económico consideran que la norma original quedó corta debido a trabas operativas y al temor persistente de los contadores frente a posibles giros políticos en 2027.
Para despejar esas dudas, la Casa Rosada resolvió levantar las restricciones y dar mayor cobertura jurídica a quienes decidan blanquear sus posiciones patrimoniales.
Sin topes patrimoniales y con nuevo umbral de presunción
La columna vertebral de la reforma radica en la eliminación total de las barreras de ingreso. La versión anterior establecía límites de $1.000 millones en ingresos anuales y $10.000 millones en patrimonio para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias.
Con el nuevo texto, cualquier persona humana o sucesión indivisa residente en el país podrá optar por este sistema, una medida que desde el Ejecutivo justifican bajo el argumento de democratizar el cumplimiento tributario y simplificar el esquema de declaraciones juradas.
Otro engranaje determinante reside en la redefinición del concepto de "discrepancia significativa", la herramienta con la que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar las presentaciones y anular la presunción de exactitud.
Con los cambios propuestos, solo se configurará un desvío punible cuando la fiscalización arroje un incremento impositivo o reducción de quebrantos no inferior al 15%, o bien cuando la diferencia supere los montos previstos en el Régimen Penal Tributario. Además, se incluyó un piso mínimo equivalente al 5% de dicho régimen penal para evitar que desajustes menores deriven en expedientes judiciales contra contribuyentes de buena fe.
El texto concede un margen de corrección al fijar un plazo de 15 días hábiles desde la notificación oficial para rectificar la declaración jurada sin perder los beneficios. Paralelamente, el proyecto incorpora un capítulo destinado al sector agrario que reconfigura las sanciones vinculadas al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), estableciendo un rango de multas de $120.000 a $7,5 millones graduadas según la gravedad del incumplimiento, valores que a partir de 2027 se actualizarán de forma automática mediante el índice UVA.
La sombra de la función pública y el rechazo en la Cámara Baja
La iniciativa ingresó al Parlamento escoltada por un incisivo debate ético. La oposición concentró sus dardos en la negativa del oficialismo a excluir de este esquema simplificado a los funcionarios del Estado y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
El antecedente inmediato que encendió la mecha fue la adhesión al sistema por parte del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo la lupa judicial en una causa donde se investigan presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y dádivas.
Desde las bancadas opositoras no tardaron en calificar el proyecto como una estructura a medida de la dirigencia gobernante. Agustín Rossi, de Unión por la Patria, apuntó severamente contra la falta de restricciones éticas al señalar que la norma premia a grandes evasores e inmuniza a quienes administran la cosa pública.
En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés formalizó un proyecto alternativo para bloquear expresamente el acceso de funcionarios al régimen, argumentando que los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exigen controles patrimoniales reforzados y no alivios normativos para evitar maniobras opacas.
El cuestionamiento sumó volumen con la postura del bloque Provincias Unidas. El legislador Pablo Juliano advirtió que la continuidad de este criterio convalida un mecanismo de opacidad donde las máximas autoridades pueden esquivar el escrutinio fiscal, criterio respaldado por su compañero de bancada Esteban Paulón, quien remarcó que las normas tributarias no deben funcionar como salvavidas para los estamentos del poder.
Las alianzas parlamentarias bajo prueba de fuego
El desafío de la conducción económica pasa ahora por articular los consensos necesarios en el recinto para transformar el borrador en ley durante el período del segundo semestre. En la votación de diciembre pasado, la Casa Rosada logró reunir los 130 votos afirmativos requeridos gracias al respaldo en bloque del PRO, sectores de la UCR, el MID y espacios provinciales representativos de Tucumán, Salta, Misiones, San Juan y Catamarca.
No obstante, las objeciones sobre la transparencia de la función pública amenazan con tensionar esa arquitectura parlamentaria.
Aunque el Palacio de Hacienda pretende encarar el tratamiento sin alterar el corazón de la propuesta, la insistencia de bloques aliados en introducir restricciones explícitas para cargos públicos marcará el ritmo de las negociaciones en comisiones, determinando si la nueva ley nace como una herramienta efectiva de dinamización financiera o como un nuevo foco de erosión política para la gestión nacional.