Inocencia Fiscal II: el Gobierno envió el proyecto y la oposición cuestiona que no excluya a funcionarios
La iniciativa impulsada por Luis Caputo amplía el régimen vigente, elimina topes de ingresos y patrimonio, y no incorpora restricciones específicas para personas políticamente expuestas. Desde Unión por la Patria y Provincias Unidas preparan proyectos para impedir que funcionarios y familiares puedan acceder al beneficio.
Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Inocencia Fiscal II, una ampliación del régimen impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de incentivar la formalización de dólares que permanecen fuera del sistema financiero.
La iniciativa introduce cambios sobre la ley vigente y elimina los topes de ingresos y patrimonio que funcionaban como condiciones de acceso. Sin embargo, uno de los puntos que volvió a encender el debate político es que el texto no establece una exclusión específica para funcionarios, dirigentes políticos ni familiares directos.
Desde la oposición advierten que la nueva versión mantiene abierta la posibilidad de que personas políticamente expuestas adhieran al régimen, pese a los cuestionamientos que ya había generado la aplicación de la primera etapa.
Qué propone el nuevo proyecto
El régimen vigente había sido aprobado a fines de 2025, pero no alcanzó el impacto esperado por el Gobierno. Por eso, Caputo presentó una nueva versión con mayores facilidades para quienes busquen declarar fondos y formalizarlos dentro del sistema bancario.
Durante la presentación, el ministro sostuvo que el objetivo es que “los ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad”. También señaló que fuera del circuito bancario habría un volumen de dólares varias veces superior al depositado en entidades financieras.
Entre las modificaciones principales, el proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio previstos en la versión anterior. Esos topes estaban fijados en $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio total.
La iniciativa también incorpora cambios en los criterios de control fiscal, en los mecanismos de rectificación de declaraciones juradas y en los plazos de reintegro en caso de que una impugnación de ARCA sea revocada por la Justicia.
La discusión por los funcionarios
El punto más sensible del debate pasa por la falta de una cláusula que excluya a funcionarios públicos y otras personas políticamente expuestas.
El Gobierno sostiene que no se trata de un blanqueo, sino de una modificación vinculada al régimen penal tributario. Desde la oposición, en cambio, plantean que la Inocencia Fiscal funciona como un blanqueo permanente encubierto, porque permitiría incorporar fondos no declarados sin penalidad.
La discusión se reactivó luego de que, en la primera etapa del régimen, trascendiera una lista de funcionarios, dirigentes y personas vinculadas al oficialismo que habrían adherido al beneficio.
En ese marco, legisladores de Unión por la Patria y Provincias Unidas anticiparon que insistirán con iniciativas para impedir que funcionarios, familiares y personas políticamente expuestas puedan acceder al régimen.
Proyectos opositores para limitar el alcance
El diputado Agustín Rossi cuestionó la iniciativa y sostuvo que el oficialismo vuelve a impulsar una norma que beneficia a sectores con capacidad de regularizar fondos sin sanciones.
Por su parte, Eduardo Valdés presentó un proyecto para excluir a personas políticamente expuestas. El legislador argumentó que quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales.
También el socialista santafesino Esteban Paulón impulsó una propuesta en el mismo sentido y cuestionó que el proyecto habilite una mayor opacidad sobre el origen de los fondos declarados.
El oficialismo busca tratarlo en agosto
Pese a las críticas, el Gobierno buscará acelerar el tratamiento parlamentario de la Inocencia Fiscal II. La intención oficial es convertir el proyecto en ley durante agosto, en paralelo con otras iniciativas económicas que forman parte de la agenda legislativa del segundo semestre.
El oficialismo ajusta la ley de propiedad privada y busca llegar al recinto con los votos aseguradosEl debate anticipa una discusión tensa en Diputados, donde la oposición pondrá el foco en las exclusiones, los controles patrimoniales y el alcance real del régimen. Para el oficialismo, en cambio, la prioridad será mostrar la medida como una herramienta para formalizar ahorros y fortalecer el sistema financiero.
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