La pelea por las tierras llega a Buenos Aires: cómo es la jugada del kirchnerismo para desafiar la reforma de Milei
A una semana de que el Senado de la Nación retome el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto que avanza en sentido contrario a la propuesta del Gobierno nacional. El texto busca establecer un marco regulatorio propio para limitar la titularidad extranjera sobre tierras rurales dentro de la provincia.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero y propone fijar un tope del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales tanto en el territorio bonaerense como en cada uno de sus municipios, retomando el criterio que había establecido la Ley Nacional 26.737.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá la misión de relevar la titularidad de los inmuebles, controlar las operaciones inmobiliarias y garantizar la identificación de los beneficiarios finales en cada transacción.
Además, el proyecto establece que cualquier adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios o cambio de control societario que implique la participación de personas o empresas extranjeras deberá ajustarse a las nuevas reglas provinciales.
La propuesta también apunta a evitar maniobras para eludir la norma mediante la utilización de ciudadanos argentinos o sociedades constituidas en el país como testaferros. En esos casos, la iniciativa considera que se trata de una simulación ilícita y fraudulenta, por lo que los actos jurídicos realizados en esas condiciones serían declarados nulos.
El texto contempla algunas excepciones para ciudadanos extranjeros que mantengan un fuerte vínculo con el país. Quedarían excluidos de las restricciones quienes acrediten diez años de residencia permanente en Argentina; quienes tengan hijos argentinos y demuestren cinco años de residencia continua; y quienes estén casados con ciudadanos argentinos desde hace al menos cinco años y acrediten igual período de residencia en el territorio nacional.
El proyecto toma como referencia la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, que fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio.
Esa norma también establecía que una misma nacionalidad extranjera no podía superar el 30% del cupo permitido y fijaba límites de superficie para un mismo titular en las zonas de mayor productividad agropecuaria.
Sin embargo, ese esquema quedó en el centro de la discusión tras el DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la derogación de la ley. Si bien esa decisión quedó posteriormente suspendida por una medida cautelar que restituyó su vigencia, el Ejecutivo volvió a impulsar modificaciones a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El contrapunto con la reforma de Milei
La iniciativa que se debate en el Congreso propone eliminar los límites actuales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, suprimiendo tanto el tope del 15% como las restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo propietario.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, sectores políticos, organizaciones sociales y ambientales advierten que los cambios podrían facilitar la concentración de tierras y debilitar los controles sobre recursos considerados estratégicos.
En ese contexto, el proyecto impulsado por Unión por la Patria busca que la provincia de Buenos Aires cuente con herramientas propias para ejercer controles sobre la titularidad de las tierras rurales, apoyándose en las competencias provinciales en materia catastral, registral y de administración tributaria.
Otro de los capítulos más relevantes de la iniciativa crea un régimen especial para las denominadas zonas de protección territorial estratégica, entre las que se incluyen cuencas hídricas, humedales, islas, costas, reservas naturales, áreas protegidas, cinturones hortícolas, zonas periurbanas y territorios de agricultura familiar.
En esos sectores, cualquier operación que implique dominio, posesión, tenencia o explotación económica por parte de personas o sociedades extranjeras requerirá una autorización previa de la autoridad provincial competente.
Esa autorización deberá rechazarse cuando la operación pueda comprometer el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local, la agricultura familiar, el arraigo de las comunidades o la preservación de los recursos naturales.
Asimismo, el proyecto prohíbe la titularidad extranjera sobre inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de importancia y dispone que el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense no podrá inscribir operaciones que no se ajusten a la futura normativa.
Los argumentos del oficialismo
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la provincia debe recuperar herramientas para controlar la extranjerización de las tierras rurales y proteger recursos estratégicos frente a los cambios impulsados a nivel nacional.
El texto cita datos del Registro Nacional de Tierras Rurales según los cuales existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras en la provincia de Buenos Aires, lo que representa el 2,89% de la superficie rural bonaerense. No obstante, advierte que algunos distritos presentan porcentajes mucho más elevados, como Zárate, donde la titularidad extranjera alcanza el 24,8%, y Campana, con el 50,2% de sus tierras rurales.
Con esos argumentos, los autores sostienen que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y que Buenos Aires cuenta con facultades suficientes para establecer un régimen propio de control sobre la propiedad y posesión de tierras rurales.
Ahora, la iniciativa deberá iniciar su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados bonaerense. Su tratamiento coincidirá con un nuevo capítulo del debate nacional, donde el oficialismo buscará avanzar con una reforma que mantiene divididos a los bloques políticos y reaviva una discusión de fondo sobre la propiedad de la tierra, la inversión extranjera y el alcance de las competencias provinciales en la administración de sus recursos estratégicos.