La fuga de Bolsonaro escala en el Congreso: la oposición pide investigar el rol de la SIDE y Santiago Caputo
La fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos abrió un nuevo frente de investigación sobre el gobierno de Javier Milei. Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para determinar si la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) intervino en el traslado del excandidato presidencial brasileño a través de territorio argentino y qué participación pudo haber tenido Santiago Caputo, uno de los principales asesores del Presidente.
La presentación fue impulsada por Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, integrantes del organismo parlamentario encargado de controlar las actividades de inteligencia. Los legisladores reclamaron información sobre posibles operaciones, comunicaciones y movimientos de agentes durante los días previos a la salida de Bolsonaro desde Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Estados Unidos.
El requerimiento incorpora 14 preguntas dirigidas a la SIDE, entre ellas si el organismo conocía de antemano los movimientos del dirigente brasileño, si participó de la logística del traslado o si utilizó recursos estatales para facilitar su salida.
La iniciativa fue presentada ante el diputado libertario Sebastián Pareja, presidente de la comisión bicameral y dirigente cercano a Karina Milei. Su intervención incorpora un elemento adicional a la controversia: Pareja mantiene diferencias políticas con Santiago Caputo, cuya influencia sobre los servicios de inteligencia está bajo cuestionamiento.
La SIDE bajo investigación: qué quiere saber el Congreso
El cuestionario presentado por los diputados peronistas busca reconstruir el funcionamiento de los organismos de inteligencia durante los días en que se produjo el traslado de Bolsonaro.
Uno de los principales pedidos apunta a conocer si existieron alertas, documentos, informes de inteligencia o comunicaciones anticipadas relacionadas con la situación judicial del dirigente brasileño y su eventual ingreso a la Argentina.
Los legisladores también solicitaron información sobre la presencia de agentes en el puente internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, dos puntos centrales del recorrido investigado.
En particular, exigen identificar a los funcionarios de inteligencia que hayan desarrollado tareas en la zona entre el 25 y el 28 de octubre, así como los objetivos de esas actividades y las autoridades que eventualmente las ordenaron.
El pedido incluye consultas sobre posibles contactos con la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la ANAC y la Aduana, organismos que pudieron intervenir en los controles del desplazamiento.
También busca establecer si los servicios argentinos mantuvieron comunicaciones con agencias extranjeras, especialmente de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, en relación con el viaje del senador.
Santiago Caputo, en el centro de las preguntas
La presentación también apunta directamente a Santiago Caputo, asesor presidencial que mantiene influencia política sobre la estructura de inteligencia del Gobierno. Los diputados quieren saber si mantuvo comunicaciones con el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, antes o durante el traslado y si impartió instrucciones relacionadas con el operativo. Las preguntas incluyen su eventual presencia en Puerto Iguazú, posibles contactos con funcionarios nacionales y cualquier participación en la organización logística del viaje.
La situación adquiere una dimensión política particular porque la Comisión Bicameral de Inteligencia está presidida por Sebastián Pareja, dirigente de La Libertad Avanza vinculado con el sector de Karina Milei.
Las diferencias entre Pareja y Caputo forman parte de la interna del oficialismo, donde ambos espacios disputan influencia sobre distintas áreas del Gobierno. El pedido parlamentario ya fue remitido a las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes del cuestionario está relacionado con la posible utilización de recursos públicos y fondos reservados de inteligencia. Los diputados reclaman conocer si la SIDE destinó vehículos oficiales, viáticos, personal, partidas presupuestarias o recursos operativos al desplazamiento del dirigente brasileño.
También preguntan si el organismo mantiene algún vínculo contractual o de prestación de servicios con Baires Fly S.A., la empresa mencionada en las investigaciones sobre el avión privado que habría trasladado a Bolsonaro y su familia hacia Estados Unidos.
El objetivo es determinar quién financió el viaje, qué participación tuvieron los organismos estatales y si existió alguna erogación pública vinculada con el recorrido.
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro cruzó el puente Tancredo Neves durante la noche del martes 27 de octubre, antes de abordar la aeronave en Puerto Iguazú. La controversia se concentra en establecer qué controles se realizaron, si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño y si existió alguna colaboración para facilitar su traslado.
El caso Bolsonaro suma presión judicial y parlamentaria sobre Milei
El pedido de investigación sobre la SIDE se incorpora a una ofensiva más amplia de distintos bloques opositores. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la controversia ya había provocado solicitudes de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para esclarecer la posible participación de funcionarios nacionales.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, impulsó un proyecto con 91 preguntas dirigidas al canciller, mientras que representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios reclamaron información sobre los controles migratorios y aeroportuarios.
La investigación también avanzó en la Justicia federal. La jueza María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, ordenó obtener informes de Cancillería y Migraciones, además de registros de cámaras de seguridad, para reconstruir el paso de Bolsonaro por territorio argentino.
Las actuaciones buscan establecer si existieron irregularidades y si alguna autoridad nacional facilitó el desplazamiento pese a las restricciones judiciales que, según las denuncias, pesaban sobre el dirigente brasileño. El Gobierno había rechazado las acusaciones de colaboración oficial.