Ludopatía: el massismo exige a Kicillof que defina su postura sobre las apuestas online
El Frente Renovador volvió a plantearle una exigencia al gobernador Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense. Esta vez, el motivo es el tratamiento de proyectos para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online. El diputado provincial Roberto Vázquez pidió que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se reúna con el bloque peronista en la Cámara baja y precise qué posición tiene el Ejecutivo sobre las iniciativas que se discuten.
El planteo se hizo público el miércoles 28 de octubre a través de una publicación del legislador en la red social X. Vázquez, integrante de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, escribió: “Hoy necesitamos saber claramente la postura del Gobernador”. Su preocupación, explicó, es evitar posiciones contradictorias con el gobierno provincial que después puedan utilizarse en la interna de Unión por la Patria.
La solicitud apunta directamente a Bianco, uno de los funcionarios de mayor cercanía política con Kicillof. El massismo quiere que el ministro participe de una reunión con sus legisladores y aclare el criterio oficial sobre la regulación de la actividad. El planteo se produce mientras distintas bancadas intentan acordar medidas sobre el juego digital.
El reclamo también muestra que el debate excede la discusión sanitaria. En una Legislatura donde el oficialismo necesita coordinar posiciones entre sectores, el Frente Renovador busca que la Gobernación explicite su postura antes de que se definan los proyectos y los acuerdos parlamentarios.
Un arancel para ingresar a plataformas y salas de juego
En paralelo al pedido de explicaciones, Vázquez presentó una iniciativa para establecer un arancel obligatorio de acceso a las plataformas de apuestas online y a los establecimientos presenciales de juegos de azar. Para el ingreso digital, el monto equivaldría al valor de diez apuestas mínimas de la modalidad correspondiente; en los locales físicos se cobraría una entrada.
El objetivo declarado es desalentar las conductas compulsivas mediante un costo previo al momento de apostar. La recaudación se destinaría a programas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la ludopatía, además de investigación y capacitación. La propuesta presta especial atención a los riesgos que enfrentan niños y adolescentes, aunque la participación de menores de 18 años en las apuestas ya está prohibida.
El proyecto incorpora también límites de tiempo, frecuencia y montos apostados. Las plataformas tendrían que ofrecer alertas sobre el dinero utilizado y la duración de las sesiones, así como herramientas para que cada usuario pueda imponer restricciones personales o solicitar su autoexclusión. También contempla mecanismos para facilitar el acceso a asistencia cuando aparezcan señales de juego problemático.
La iniciativa se suma a otros expedientes en tratamiento, pero propone una vía particular: no plantea eliminar las apuestas autorizadas, sino introducir una barrera económica para acceder a ellas y utilizar lo recaudado para financiar políticas de salud pública.
La regulación integral y la disputa por el juego ilegal
Otra de las propuestas que se analiza en Diputados fue presentada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, integrantes de Fuerza Patria. Es un régimen integral de 64 artículos que busca reforzar los controles de identidad, restringir la publicidad y mejorar la respuesta frente a las páginas clandestinas que operan fuera del sistema autorizado.
El texto prevé validación biométrica al ingresar a las cuentas, depositar o retirar dinero. También establece avisos luego de 30 minutos de actividad y el cierre automático de la sesión al cumplirse una hora consecutiva de conexión, con otra hora de espera para volver a ingresar. A eso agrega límites de depósitos y mecanismos de autoexclusión.
La propuesta incluye restricciones a promociones y bonos de bienvenida, y contempla una fiscalía especializada para investigar apuestas ilegales en línea. En materia de financiamiento, plantea recursos para la atención de la ciberludopatía y una distribución de fondos entre municipios y el sistema provincial de salud. Su tratamiento todavía depende de los acuerdos entre las bancadas.
Las diferencias no se limitan a cómo regular. En el Senado, Federico Fagioli presentó la denominada Ley Lula, orientada a prohibir las apuestas deportivas y los juegos de casino por internet en territorio bonaerense, en lugar de mantenerlos bajo licencias con condiciones más estrictas. Así, dentro del propio oficialismo conviven propuestas de regulación y de prohibición.
El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, expuso el 19 de octubre ante la comisión de Diputados. Allí advirtió sobre la dimensión del circuito ilegal, el acceso permanente a las aplicaciones y la exposición de los jóvenes a las apuestas. También reclamó mejores herramientas judiciales para actuar contra sitios que operan desde el exterior.
En la provincia funcionan siete plataformas habilitadas, identificables mediante dominios terminados en .bet.ar. Esos operadores deben verificar la identidad de sus usuarios e impedir el ingreso de menores. Los sitios clandestinos, en cambio, escapan a esas exigencias, una dificultad que atraviesa los distintos proyectos legislativos.
La discusión se había intensificado además por la aplicación de una alícuota del 2% sobre determinados premios de apuestas online, cuyos recursos tienen destino social. El diputado radical Diego Garciarena cuestionó la decisión del Ejecutivo, mientras que Romina Braga, de la Coalición Cívica, reclamó avances en los proyectos demorados.
El massismo también le pone condiciones a la reforma sanitaria
El pedido por las apuestas online no es el único punto de fricción entre el Frente Renovador y Kicillof. En el Senado provincial, el espacio que lidera Sergio Massa condicionó su acompañamiento al Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una de las iniciativas impulsadas por el gobernador y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
La senadora Malena Galmarini planteó reparos a disposiciones cuestionadas por intendentes, vinculadas con las condiciones laborales del personal sanitario y con la administración de recursos municipales. El sector renovador reclama cambios en los artículos 8 y 43 y una negociación que incorpore a los jefes comunales. Sin esos acuerdos, el proyecto continúa sin avanzar en la Cámara alta.
El otro antecedente ocurrió el 21 de octubre, cuando una iniciativa sobre armas no letales y pistolas Taser, promovida por el diputado massista Carlos Puglelli, consiguió dictamen en comisión con apoyo de sectores opositores y sin el respaldo del kirchnerismo ni del kicillofismo. La medida todavía debe pasar por el recinto antes de convertirse en ley.
Con esos antecedentes, el reclamo de Vázquez coloca otra vez al Frente Renovador frente al gobierno provincial en una discusión legislativa. Mientras Diputados acumula propuestas sobre aranceles, controles y prohibiciones, el planteo inmediato del massismo es concreto: que Bianco lleve una definición del Ejecutivo al bloque antes de que se fijen posiciones sobre las apuestas online.