Internaciones, psicólogos y presupuesto: las claves de la reforma de salud mental que ahora pasa a Diputados
El gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con una de sus reformas sanitarias más discutidas, pero debió negociar modificaciones de último momento para reunir los votos necesarios. Durante la madrugada de este viernes 30 de octubre, el Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa que modifica los criterios para las internaciones involuntarias, redefine las responsabilidades de los equipos profesionales y amplía las disposiciones sobre consumos problemáticos y adicciones.
El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención. Sin embargo, la votación favorable no significó un respaldo sin condiciones: Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, tuvo que aceptar cambios reclamados por senadores aliados, representantes provinciales y sectores profesionales para garantizar la aprobación.
Las principales diferencias estuvieron relacionadas con el lugar que ocuparán los psicólogos y psiquiatras en las decisiones clínicas, los criterios que permitirán disponer una internación involuntaria y los recursos que deberán aportar la Nación y las provincias para implementar el nuevo esquema.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar una nueva discusión antes de convertirse en ley. Por lo tanto, las modificaciones aprobadas todavía no están vigentes y el sistema continúa regido por la Ley 26.657, sancionada en 2010.
El debate se extendió hasta las primeras horas del viernes, después de una sesión de más de once horas en la que también se trataron otros proyectos impulsados por el oficialismo. La negociación sobre salud mental concentró buena parte de las diferencias políticas por sus posibles consecuencias sobre pacientes, familias y profesionales.
Bullrich tuvo que negociar para conseguir los votos
El oficialismo llegó al recinto con un acuerdo general para modificar la legislación, pero todavía enfrentaba diferencias sobre artículos centrales. Aunque contaba con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, varios legisladores condicionaron su respaldo a la incorporación de garantías relacionadas con el financiamiento y la participación de los distintos profesionales de salud mental.
Las negociaciones se concentraron especialmente en la composición de los equipos encargados de evaluar internaciones y altas médicas. El proyecto original otorgaba mayor protagonismo a los psiquiatras, una decisión que había generado cuestionamientos de facultades de Psicología y representantes sanitarios provinciales.
Para destrabar el conflicto, el oficialismo aceptó preservar la intervención de profesionales de distintas disciplinas y revisar la redacción de los artículos que regulan esas decisiones.
La segunda controversia estuvo vinculada con los recursos económicos. Senadores de distintas provincias reclamaron que la reforma contemplara responsabilidades nacionales para evitar que la implementación de nuevos dispositivos de atención quedara exclusivamente a cargo de los presupuestos provinciales.
Bullrich debió incorporar modificaciones sobre ambos puntos para asegurar la mayoría. El resultado permitió al Gobierno avanzar con la media sanción, aunque dejó planteadas diferencias que podrían reaparecer durante el tratamiento en Diputados.
Internaciones involuntarias: qué cambia con la reforma
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la modificación de los criterios para autorizar internaciones involuntarias, una de las cuestiones más sensibles de la legislación vigente. La Ley 26.657 establece que estas medidas deben tener carácter excepcional y vincula su aplicación con la existencia de una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros.
La reforma propone ampliar ese criterio hacia situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física, con el objetivo declarado de permitir intervenciones antes de que se produzca una emergencia de consecuencias mayores.
En determinados casos urgentes, la internación podría ser indicada inicialmente por un médico sin necesidad de que sea especialista en psiquiatría, aunque la decisión deberá ser revisada posteriormente por un equipo interdisciplinario.
El proyecto contempla una revisión dentro de las 48 horas, además de los mecanismos de comunicación y control judicial correspondientes. También habilita la utilización de teleconsultas con especialistas en aquellas localidades donde exista una disponibilidad limitada de profesionales.
Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones buscan resolver dificultades que, según su diagnóstico, impiden intervenir oportunamente frente a situaciones graves. Sin embargo, el cambio generó cuestionamientos sobre la necesidad de preservar garantías suficientes para evitar internaciones innecesarias o prolongadas.
Psicólogos y psiquiatras: el punto que obligó al Gobierno a retroceder
La composición de los equipos profesionales fue uno de los principales focos de tensión durante el tratamiento parlamentario. La propuesta original del Ejecutivo daba prioridad a los psiquiatras en decisiones vinculadas con internaciones, evaluaciones clínicas y altas médicas. Ese criterio provocó objeciones de universidades, representantes de la psicología y autoridades sanitarias provinciales, que reclamaron mantener el carácter interdisciplinario del sistema.
Después de las negociaciones, el texto aprobado establece la intervención de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y un segundo profesional del área de psicología. De esta manera, el proyecto conserva un papel importante para los especialistas médicos, pero también garantiza la participación de psicólogos en las evaluaciones.
La modificación alcanzó a las decisiones sobre las altas, donde se buscó evitar una redacción que pudiera interpretarse como una participación meramente opcional de estos profesionales.
La senadora radical Silvana Schneider defendió la necesidad de ofrecer respuestas a los médicos que trabajan en localidades alejadas y que, según sostuvo, enfrentan limitaciones para actuar ante determinadas emergencias.
Por su parte, Patricia Bullrich reconoció que existían diferencias entre las perspectivas de psiquiatras y psicólogos, aunque remarcó que ambas disciplinas son necesarias para abordar los problemas de salud mental.
La iniciativa también incorpora modificaciones en el abordaje de los consumos problemáticos y otras adicciones. Entre los cambios previstos aparece una ampliación del concepto de adicción para incluir situaciones que no necesariamente están vinculadas con el consumo de sustancias.
Uno de los ejemplos mencionados durante el debate fue la ludopatía, un problema que adquirió mayor visibilidad pública por el crecimiento de las apuestas y las plataformas digitales. El proyecto busca incorporar estas situaciones dentro de los dispositivos de prevención, atención y tratamiento contemplados por la legislación.
También establece criterios específicos para la atención de niños, niñas y adolescentes, con equipos profesionales que cuenten con formación en salud mental infantojuvenil. La propuesta reconoce principios como la autonomía progresiva, el derecho de los pacientes menores de edad a ser escuchados y la confidencialidad de sus tratamientos. Además, contempla que las internaciones de menores se realicen en espacios diferenciados de los destinados a adultos.
Otro cambio está relacionado con la intervención de los familiares y representantes legales. La iniciativa delimita quiénes podrán participar en determinadas decisiones y contempla la obligación estatal de garantizar apoyos cuando no existan personas responsables disponibles.
Qué pasará con los hospitales especializados y la atención comunitaria
La reforma también reabrió la discusión sobre el modelo de atención establecido por la ley vigente. La legislación de 2010 impulsó un sistema basado en la atención comunitaria, la integración de los servicios de salud mental en hospitales generales y la sustitución progresiva de los establecimientos monovalentes.
El nuevo proyecto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios, aunque introduce disposiciones sobre establecimientos especializados que generaron diferencias entre los senadores. Durante el debate, el radical Maximiliano Abad destacó que la iniciativa había mejorado respecto de su versión original, especialmente en lo relacionado con las incumbencias profesionales.
Sin embargo, manifestó objeciones a los artículos 23 y 24, al considerar que podrían permitir la continuidad de instituciones monovalentes bajo otras denominaciones. “Cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios”, cuestionó el legislador, quien defendió el fortalecimiento de las redes comunitarias y la atención en hospitales generales.
La iniciativa también contempla dispositivos alternativos, como hospitales de día, atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia y centros de capacitación sociolaboral. Asimismo, incorpora planes de egreso y seguimiento para favorecer la continuidad de los tratamientos después de una internación.
La oposición cuestionó la falta de presupuesto
El financiamiento fue otro de los ejes centrales de la discusión. Desde sectores opositores plantearon que modificar la legislación no resolverá las dificultades del sistema si no se garantizan recursos suficientes para sostener los servicios de atención.
La senadora justicialista Lucía Corpacci cuestionó la iniciativa y sostuvo que los principales problemas están relacionados con la falta de financiamiento y las limitaciones para aplicar la norma vigente. “Esto no funciona porque no hay presupuesto”, afirmó durante el debate, al cuestionar los recortes que atribuyó a la administración nacional. También señaló que, a su entender, las modificaciones no habían sido suficientemente consensuadas con los responsables provinciales de las áreas de salud mental.
En la misma línea, el senador Guillermo Andrada sostuvo que la legislación actual contiene herramientas importantes, pero que su implementación se encuentra limitada por la falta de recursos. “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”, expresó.
Las objeciones se concentraron en la necesidad de garantizar profesionales, infraestructura, dispositivos comunitarios y mecanismos de asistencia para que los cambios puedan aplicarse efectivamente.
La senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud y miembro informante, señaló que los avances habían sido insuficientes y defendió la necesidad de incorporar herramientas para intervenir antes ante situaciones graves. Por su parte, la oficialista Belén Monte de Oca cuestionó que el régimen vigente hubiera limitado las posibilidades de actuación de algunos profesionales.
El debate sobre el presupuesto también tuvo una dimensión federal. Los representantes provinciales advirtieron que las nuevas obligaciones podrían exigir una ampliación de servicios, equipos profesionales e infraestructura. En ese contexto, reclamaron que la Nación asuma compromisos de financiamiento, en lugar de trasladar las responsabilidades exclusivamente a las administraciones locales.
La discusión adquirió relevancia porque buena parte de la atención sanitaria depende de los sistemas provinciales de salud. Para reunir los votos necesarios, el oficialismo aceptó modificaciones destinadas a establecer mecanismos de cooperación financiera entre el Estado nacional y las provincias.
El acuerdo permitió superar una parte de las resistencias, aunque la implementación efectiva dependerá de los recursos disponibles y de los mecanismos presupuestarios que finalmente se establezcan.
La negociación mostró que el respaldo de los bloques aliados no estaba garantizado de antemano y que el Ejecutivo debió modificar aspectos relevantes del texto para conseguir su aprobación. La cuestión podría volver a discutirse en Diputados, especialmente si los legisladores reclaman mayores precisiones sobre las responsabilidades financieras de cada jurisdicción.