Ley de apps: el Senado busca dictamen entre reclamos gremiales y dudas por los controles
El proyecto de Axel Kicillof para regular el trabajo mediante aplicaciones salió de su primera reunión informativa en el Senado bonaerense sin dictamen y con nuevos reclamos sobre la mesa. Mientras el oficialismo apunta a avanzar la próxima semana, representantes sindicales respaldaron la necesidad de una ley, pero advirtieron sobre cuentas bloqueadas, controles en la calle y dificultades para identificar a quienes efectivamente trabajan para las plataformas.
El intercambio se realizó el jueves 29 de octubre en el Salón Nunca Más del Anexo legislativo de La Plata, durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Legislación Social que preside la senadora María Rosa Martínez. Participaron repartidores, choferes, organizaciones gremiales y funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial. El ministro Walter Correa no asistió y estuvo representado por integrantes de su cartera.
En discusión está el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales, que alcanza a servicios de reparto y transporte prestados a través de aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber, DiDi y Cabify. Kicillof había anunciado la iniciativa en marzo y enviado el expediente en junio. La propuesta busca establecer obligaciones para las empresas y mecanismos de protección para los trabajadores, sin imponer de antemano una única clasificación contractual.
El oficialismo apunta a un dictamen la próxima semana
Martínez planteó que la reunión permitió conocer situaciones concretas de la actividad y anticipó que la comisión continuará el tratamiento con las observaciones recibidas. La presidenta del cuerpo expresó la intención de contar la semana próxima con un dictamen “con los aportes recibidos”. Por ahora, el expediente no completó esa instancia y todavía no está listo para ser votado en el recinto.
La negociación incluye otro proyecto del senador Federico Fagioli, de Patria Grande, orientado a establecer un régimen de protección integral para repartidores y choferes. Esa iniciativa también contempla seguros y herramientas de seguridad, como sistemas de geolocalización y una unidad policial de respuesta inmediata. La intención del oficialismo es evaluar una unificación, aunque el texto definitivo todavía no fue acordado.
Qué reclaman los gremios y por qué cuestionan los controles
La reunión contó con representantes del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), el Sindicato de Choferes Particulares de La Plata, Berisso y Ensenada y organizaciones de motociclistas. También participaron trabajadores de Rappi y de Mi Ciudad, la aplicación de repartos creada en la capital bonaerense.
Marcelo Parientes, secretario general de la Asociación Sindical Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), calificó el proyecto como un “enorme paso adelante” y destacó la apertura de una discusión legislativa. Sin embargo, señaló situaciones cotidianas que, a su entender, no quedan resueltas con la información proporcionada por las empresas.
Entre ellas mencionó el uso de cuentas alquiladas por repartidores que sufrieron bloqueos de sus perfiles originales. Esa práctica, explicó, puede dejar fuera de los registros a personas que realizan tareas efectivas mediante una cuenta a nombre de otro usuario. También advirtió que las plataformas podrían no entregar todos los datos necesarios para aplicar correctamente la ley.
La preocupación sindical alcanza a los métodos de fiscalización. Parientes cuestionó la posibilidad de que una inspección callejera termine afectando a quienes utilizan una moto o una bicicleta para ganarse la vida, en lugar de concentrar la responsabilidad en las empresas. El punto abre una discusión sobre cómo controlar la actividad sin que los trabajadores pierdan sus herramientas de trabajo por incumplimientos ajenos.
Martínez sumó otra cuestión a revisar: la salud mental de quienes prestan servicios bajo este sistema. La senadora consideró que el intercambio con trabajadores permite ampliar la propuesta y contemplar riesgos que no siempre aparecen en los requisitos administrativos.
Registro de empresas y datos para fiscalizar a las plataformas
Una diferencia central respecto de iniciativas anteriores es quién tendrá la obligación de registrarse. El proyecto oficial crea el Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, administrado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, y establece inscripción obligatoria para las compañías. Los trabajadores podrán incorporarse voluntariamente a través de una aplicación móvil que desarrollará la Provincia.
La comparación con la propuesta presentada en 2022 por el entonces senador Omar Plaini muestra el cambio de enfoque: aquel texto ponía el acento en habilitaciones personales para repartidores y vehículos, mientras que el actual intenta combinar asistencia, información y fiscalización sobre las plataformas.
Las empresas deberán aportar datos sobre cantidad de personas activas, modalidades contractuales, horas de actividad, duración de las prestaciones e ingresos medios. Esa información permitirá que el Estado conozca cómo funciona el sector y verifique el cumplimiento de las obligaciones previstas.
La asesora del Ministerio de Trabajo Lilia Alonso sostuvo que esa tarea requerirá coordinación entre diferentes áreas del Gobierno provincial. Mencionó especialmente la necesidad de trabajar con el Ministerio de Gobierno para analizar información vinculada con algoritmos e inteligencia artificial, además de articular la seguridad y la fiscalización laboral.
Seguros obligatorios, paradores y controles sobre depósitos
Uno de los capítulos más concretos establece que las plataformas deberán pagar seguros de accidentes personales para choferes y repartidores. La cobertura mínima comprenderá muerte accidental, invalidez permanente total o parcial y atención médica y farmacéutica de emergencia. Regirá durante la conexión a la aplicación e incluirá desplazamientos vinculados con la actividad, incluso los trayectos entre el domicilio y el lugar de inicio del trabajo. El costo quedará exclusivamente a cargo de las empresas.
El texto contempla una aplicación pública con herramientas para pedir ayuda ante emergencias, acceder a información y gestionar servicios. Además, prevé paradores con sanitarios, lugares de descanso y otras instalaciones básicas, cuya implementación exigirá coordinación entre la Provincia, los municipios y las compañías.
La fiscalización alcanzará también a las llamadas “tiendas invisibles”, depósitos y locales sin atención habitual al público donde se preparan pedidos y desde los que parten repartidores. La autoridad laboral podrá relevar esas instalaciones y controlar sus condiciones de seguridad e higiene. Los incumplimientos de las obligaciones previstas podrán dar lugar a sanciones bajo la normativa provincial.
El proyecto no resuelve automáticamente la discusión sobre si todos los repartidores y choferes deben ser considerados empleados en relación de dependencia. Su alcance comprende distintas modalidades de contratación y propone garantías específicas. Ese límite explica parte de los reclamos gremiales para que la protección incluya situaciones que el registro empresarial por sí solo podría no reflejar.
La comisión volverá a trabajar sobre el articulado la próxima semana, con la expectativa de consensuar el proyecto de Kicillof y el de Fagioli. El objetivo inmediato es conseguir un dictamen; la aprobación de la ley, que todavía no tiene fecha, requerirá completar el recorrido parlamentario. Hasta entonces, los seguros, registros y demás obligaciones siguen siendo propuestas y no medidas vigentes.