El PRO busca blindar por ley el pase gratuito bonaerense en plena polémica por la SUBE para discapacidad

En medio del ruido que generó el cambio nacional para vincular la tarjeta SUBE con el Certificado Único de Discapacidad, un grupo de diputadas del PRO presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para darle rango legal al Pase Libre Multimodal, el sistema que permite viajar gratis en el transporte público terrestre y fluvial bajo jurisdicción provincial a personas con discapacidad, personas trasplantadas y otros beneficiarios alcanzados por normas vigentes.

La iniciativa, presentada por las legisladoras María Paula Bustos, Julieta Quintero Chasman y Natalia Blanco, y con estado parlamentario del 11 de junio de 2026, busca ordenar el esquema bonaerense: no discute el beneficio nacional, sino que intenta darle rango legal al Pase Libre Multimodal para los servicios que dependen de la administración provincial.

El movimiento aparece en un momento sensible. Desde este 19 de junio, Nación habilitó una nueva modalidad para que las personas con discapacidad accedan al descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante una SUBE registrada y vinculada al CUD, sin necesidad de presentar el certificado durante el viaje. Según la información oficial de SUBE, la adhesión no es obligatoria y el mecanismo convive con la presentación del CUD físico o digital.

El Gobierno nacional lo defendió como una forma de agilizar el acceso, reducir la exposición de documentación personal y evitar eventuales fraudes. Pero la puesta en marcha derivó en filas, dudas, versiones cruzadas y problemas en la web de SUBE, según relataron usuarios y organizaciones.

Una ley para no depender de una resolución

En la provincia de Buenos Aires, el Pase Libre Multimodal funciona hoy a partir de la Resolución 55/2020 del Ministerio de Transporte bonaerense. Esa norma unificó y actualizó el sistema de gratuidad para personas con discapacidad y trasplantadas en los 135 municipios, aprobó el diseño de la credencial, estableció reglas de accesibilidad y habilitó convenios con municipios.

El proyecto del PRO no desconoce ese recorrido. Al contrario, lo toma como base. Pero plantea que una política pública vinculada al ejercicio de un derecho no debería sostenerse únicamente en una resolución administrativa. En los fundamentos, las legisladoras sostienen que el acceso gratuito al transporte deriva de la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense, la Ley Nacional 22.431, la Ley 10.592 y la Ley 14.721.

La diferencia no es menor: con una ley, argumentan, el sistema ganaría seguridad jurídica, previsión presupuestaria y mayor fuerza frente a municipios y empresas de transporte. También se buscaría reducir cambios de criterio ante futuras gestiones. “Las personas con discapacidad no pueden estar cada 4 años esperando que un nuevo ministro decida si sigue el pase o cambia el formato”, advierten en los fundamentos.

El texto señala, además, que la Resolución 55/2020 derogó la Resolución 231/2016, por lo que en los últimos años ya hubo modificaciones en el esquema. Para las autoras, ese antecedente muestra la necesidad de fijar un piso más estable. En esa línea, comparan la situación bonaerense con otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Córdoba, donde existen sistemas respaldados por leyes.

App offline y reglas para empresas

Uno de los puntos novedosos es la creación de una aplicación móvil offline para acceder al Pase Libre Multimodal. Según el proyecto, el soporte digital deberá mantener las mismas especificaciones que la tarjeta física y tendrá validez para acreditar el beneficio.

La iniciativa también ordena una serie de reglas de accesibilidad que deberían exhibirse en terminales, boleterías y unidades de transporte. Entre ellas, establece que quienes posean la credencial en formato tarjeta o mediante la aplicación tienen derecho a ser transportados gratuitamente en servicios intercomunales terrestres o fluviales.

Además, dispone que quien tenga pase con acompañante pueda optar por viajar acompañado o solo, sin que esa figura se transforme en una obligación. También aclara que cualquier persona podrá cumplir el rol de acompañante, sin límite de edad, siempre que esté en condiciones de brindar asistencia.

El proyecto obliga a empresas y agencias a entregar, en el mismo acto, pasajes de ida y vuelta. Si el cupo estuviera cubierto, deberán informar por escrito los datos de quienes lo ocupan y dejar constancia de la reserva para el servicio inmediato posterior o para el que solicite la persona beneficiaria. También reserva los primeros cuatro asientos de las unidades para personas con discapacidad y aclara que, en vehículos de doble piso, no podrán asignarse en la planta superior.

La Provincia defiende su esquema

La discusión legislativa se mezcla con el cuestionamiento de la Provincia a Nación por la implementación de la SUBE vinculada al CUD en colectivos de jurisdicción nacional y trenes, con impacto directo en el AMBA. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó la medida nacional y ratificó la vigencia del Pase Libre Multimodal en territorio provincial.

Según la Provincia, las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante pueden viajar gratuitamente en líneas provinciales —de la 200 a la 499— y en servicios fluviales bajo jurisdicción bonaerense mediante las credenciales de PLM. El esquema, remarcan en la gestión de Axel Kicillof, no exige trámites adicionales, no tiene topes mensuales y alcanza traslados por salud, educación, trabajo, actividades familiares y recreativas.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por la administración bonaerense, unas 800 mil personas tienen Certificado Único de Discapacidad tramitado en la provincia de Buenos Aires. En lo que va del año, Transporte aseguró haber cumplido con el derecho de 80 mil familias mediante operativos de entrega y gestión de Pases Libres Multimodales.

Marinucci fue directo al cuestionar la decisión nacional: “Para las personas que necesitan que se les facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándoles”.