Tierras, provincias y controles: las concesiones con las que el oficialismo busca los votos
El Gobierno acordó nuevas modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para intentar conseguir la media sanción en el Senado, luego de sucesivas postergaciones y negociaciones con los bloques dialoguistas.
El principal cambio se concentra en la reforma de la Ley de Tierras. La propuesta original eliminaba prácticamente todas las restricciones para que personas y empresas extranjeras adquirieran tierras rurales, pero el oficialismo aceptó finalmente incorporar un límite de entre el 20% y el 25%.
La cifra definitiva dependerá de la regulación que adopte cada jurisdicción. El porcentaje acordado sería superior al límite vigente del 15%, aunque se aleja de la intención inicial del Poder Ejecutivo de liberar completamente este tipo de operaciones.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentará los cambios este martes a las 16 durante una conferencia de prensa en la Cámara alta. Estará acompañada por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones que intervinieron en el tratamiento del proyecto.
El Senado retomará el debate el jueves 6 de agosto. El oficialismo apuesta a que las modificaciones permitan superar las diferencias con sus aliados y alcanzar los votos necesarios para aprobar la iniciativa.
El límite que reclamaron los bloques dialoguistas
La Ley 26.737 establece actualmente que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden concentrar más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un municipio.
El proyecto promovido inicialmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscaba eliminar ese límite para facilitar inversiones privadas y actividades productivas.
La propuesta generó objeciones entre gobernadores y senadores de provincias del interior, que consideraron excesiva una apertura sin restricciones y reclamaron mantener algún tipo de control.
Durante las negociaciones llegó a evaluarse la posibilidad de establecer un máximo del 30%. Sin embargo, el entendimiento final prevé un límite que se ubicaría entre el 20% y el 25%.
Ese porcentaje se calcularía a escala provincial y no por departamento o municipio, como sucede en el régimen actual.
Más facultades para las provincias
Otra de las modificaciones acordadas establece que las provincias tendrán mayor participación en la autorización, regulación o rechazo de las operaciones de compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La incorporación responde al planteo de los bloques provinciales, que reclamaron reconocer el dominio de las jurisdicciones sobre sus recursos naturales y su territorio.
Cada provincia podría dictar su propia normativa, siempre dentro del límite general establecido. De esta manera, las jurisdicciones contarían con herramientas para definir condiciones particulares según sus características productivas, territoriales o estratégicas.
El Estado nacional mantendría la facultad de intervenir en operaciones realizadas en zonas de frontera y en áreas consideradas sensibles para la seguridad nacional.
En esos casos, las compras podrían requerir tanto la autorización provincial como la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.
Registros para controlar las tierras extranjerizadas
El acuerdo también contempla la creación o el fortalecimiento de registros nacionales y provinciales destinados a identificar las tierras rurales que se encuentran en manos de extranjeros.
Estos mecanismos permitirían conocer la superficie adquirida, controlar el cumplimiento de los límites y coordinar la información entre las provincias y el Estado nacional.
La existencia de registros en ambos niveles fue uno de los pedidos formulados durante la negociación parlamentaria, especialmente por senadores que reclamaron evitar que la desregulación impidiera conocer el grado de extranjerización de la tierra.
Los cambios acordados se suman a otros capítulos incluidos en el proyecto, que modifica aspectos vinculados con las expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego.
Una sesión clave para el oficialismo
El proyecto llegará nuevamente al recinto después de varias postergaciones y de más de quince versiones del texto, según la información conocida durante las negociaciones.
La última suspensión se produjo ante la falta de consenso con los bloques aliados sobre el régimen aplicable a las tierras rurales. El Senado resolvió entonces pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta y necesita del acompañamiento de bloques dialoguistas y representantes provinciales para avanzar con la media sanción.
El Gobierno considera que la incorporación de límites, la intervención de las provincias y los controles sobre zonas estratégicas permitirán cerrar las diferencias que frenaron el tratamiento.
Mientras se desarrolle la sesión, sectores de la oposición y organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y ambientales preparan una movilización frente al Congreso en rechazo al proyecto.
El resultado de la votación será determinante para la agenda legislativa del oficialismo, que busca destrabar un paquete de reformas antes de que el calendario electoral complique las negociaciones parlamentarias.