El conflicto docente escala y el Gobierno amenaza con sanciones por el paro
CTERA convocó a una medida de fuerza de 24 horas para reclamar una nueva negociación salarial, la restitución del FONID y mayor financiamiento educativo. El Gobierno controlará que las escuelas garanticen el servicio mínimo establecido por ley y advirtió sobre posibles sanciones.
Juan Manuel Villarreal
El paro docente nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) comenzó este lunes 3 de agosto y afecta a establecimientos de nivel inicial, primario y secundario de distintas jurisdicciones del país.
La medida de fuerza fue anunciada inicialmente por 24 horas, aunque algunos sectores docentes de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires resolvieron extender la protesta durante el martes 4.
El cese de actividades coincide con el regreso a las aulas después del receso invernal en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Su alcance dependerá de la adhesión de los sindicatos de base y de los trabajadores de cada establecimiento.
Los gremios reclaman la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
También exigen mayores partidas nacionales para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, además de la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
Los principales reclamos del paro docente
CTERA sostuvo que los salarios docentes continúan perdiendo frente a la inflación y cuestionó la falta de una mesa de diálogo con el Gobierno nacional para discutir una nueva actualización de los ingresos.
La organización también denunció el incumplimiento en la restitución del FONID y de otros fondos nacionales destinados al sistema educativo.
Entre los motivos del paro aparece además el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. Los sindicatos consideran que la iniciativa podría afectar derechos laborales, previsionales y el papel del Estado como garante de la educación pública.
Los gremios también expresaron su rechazo a eventuales modificaciones jubilatorias y reclamaron la continuidad del sistema previsional público, solidario y de reparto.
La medida alcanza principalmente a las escuelas estatales. En los establecimientos privados, la actividad dependerá de la decisión de cada institución, de la adhesión de los docentes y de la participación de organizaciones como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
El Gobierno controlará el servicio mínimo en las escuelas
En la previa de la protesta, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo una reunión con el Consejo Federal de Educación para coordinar el control de la jornada en las distintas jurisdicciones.
El Gobierno anunció que realizará inspecciones muestrales en establecimientos de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó a la educación inicial, primaria y secundaria entre los servicios esenciales.
La normativa establece que durante una medida de fuerza debe garantizarse una cobertura mínima equivalente al 75% de la prestación normal del servicio.
Capital Humano sostuvo que el operativo busca proteger el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias frente al paro. También advirtió que, si se detectan incumplimientos, se activarán los procedimientos previstos para aplicar las sanciones correspondientes.
Las penalidades contempladas para las organizaciones sindicales pueden incluir multas económicas. La normativa establece que el monto podrá alcanzar hasta el 20% de los ingresos provenientes de las cuotas sindicales correspondientes al mes en el que se cometió la infracción.
Esta respuesta profundizó la disputa entre el Gobierno y los gremios, que cuestionan la declaración de la educación como servicio esencial por considerar que restringe el ejercicio del derecho de huelga.
En qué lugares continuará la protesta el martes
Aunque la convocatoria nacional de CTERA está prevista inicialmente por 24 horas, algunos sectores anunciaron que mantendrán las medidas de fuerza durante el martes 4 de agosto.
En la provincia de Buenos Aires, las seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor convocaron a un paro de 48 horas. La medida incluye a distritos como La Matanza, Tigre, General Pueyrredón y Bahía Blanca, entre otros con representación de esa corriente sindical.
En la Ciudad de Buenos Aires, los docentes agrupados en Ademys también continuarán con la protesta durante el martes, en rechazo a las políticas educativas de los gobiernos nacional y porteño.
En territorio bonaerense, la jornada nacional cuenta con la participación de organizaciones como SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. El impacto concreto en cada escuela dependerá del nivel de adhesión de docentes y auxiliares.
El paro docente coincide, además, con una medida nacional convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Por ese motivo, también podría verse limitado el funcionamiento de dependencias públicas nacionales y provinciales durante la jornada.
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