Milei avanza con una reforma para limitar el rol del Banco Central

El Gobierno nacional avanza con una nueva reforma clave de su programa económico: modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa apunta a limitar el rol de la autoridad monetaria, restringir sus mecanismos de asistencia al Tesoro y redefinir las funciones que quedaron incorporadas en la reforma de 2012.

El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei durante una reunión de coordinación con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada. Allí, el mandatario anticipó que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabajan sobre un proyecto para cambiar la ley que regula el funcionamiento del BCRA.

La decisión marca un giro respecto de una de las promesas más fuertes de la campaña libertaria. Milei había planteado la necesidad de cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Ahora, el objetivo oficial no pasa por eliminar la entidad, sino por conservarla bajo un esquema legal más acotado y con menos margen para intervenir en el financiamiento del Estado.

La discusión se inscribe además en el nuevo tramo de la agenda legislativa del oficialismo, que busca retomar la iniciativa política tras los cambios en el Gabinete y la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, Diego Santilli participó por primera vez de una reunión de coordinación política desde su llegada al cargo.

Una reforma para restringir la asistencia al Tesoro

El eje central del proyecto será impedir o limitar al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional. Para el Gobierno, ese mecanismo fue una de las causas de los procesos inflacionarios de las últimas décadas y debe quedar bloqueado por ley para futuras administraciones.

Actualmente, la Carta Orgánica no prohíbe de manera absoluta la asistencia monetaria al Tesoro. La normativa habilita herramientas como los adelantos transitorios y la transferencia de utilidades contables, dentro de determinados límites legales. Esos instrumentos fueron utilizados en distintos momentos para cubrir necesidades de financiamiento del Estado cuando el acceso al crédito era más limitado.

La intención oficial es modificar ese marco para reforzar la independencia del Banco Central y reducir su vínculo con la política fiscal. En términos económicos, el Gobierno busca consolidar la idea de que el déficit no podrá financiarse con emisión monetaria y que cualquier desequilibrio deberá resolverse mediante impuestos, recorte del gasto o endeudamiento.

La iniciativa también coincide con recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional dentro del programa acordado con la Argentina, en línea con un esquema de mayor disciplina monetaria y fiscal.

Qué funciones busca revisar el Gobierno

La reforma también apunta a revisar las funciones que el Banco Central incorporó con los cambios aprobados en 2012. Desde entonces, la Carta Orgánica establece que la entidad debe promover, dentro de sus facultades y en el marco de las políticas del Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Ese punto aparece como uno de los aspectos que el oficialismo quiere modificar. La intención es dejar sin efecto o recortar las funciones vinculadas con la regulación amplia del sistema financiero, la orientación del crédito y la promoción de la producción y el empleo.

El planteo oficial busca devolver al Banco Central un mandato más restringido, concentrado en la estabilidad monetaria y en la administración de la política financiera. Para el Gobierno, esa redefinición sería una señal institucional hacia el mercado y permitiría fortalecer la credibilidad del programa antiinflacionario.

Sin embargo, la discusión promete abrir un debate político y económico de fondo. Una reforma de estas características implicaría revisar no solo la relación entre el Banco Central y el Tesoro, sino también el papel que debe cumplir la autoridad monetaria frente al crédito, la actividad productiva, el empleo y la estabilidad financiera.

La nueva agenda legislativa del oficialismo

El anuncio fue realizado durante una reunión que reunió a funcionarios, legisladores y armadores políticos del oficialismo en Casa Rosada. El encuentro formó parte del intento del Gobierno por ordenar su agenda parlamentaria para el segundo semestre y mostrar una nueva etapa de coordinación interna.

Además del proyecto sobre el Banco Central, el oficialismo definió como prioridades legislativas la reforma política, el régimen de Zona Fría y cambios vinculados al proyecto de Inocencia Fiscal. La Casa Rosada buscará avanzar con ese paquete en el Congreso, donde necesitará construir acuerdos con bloques aliados y sectores dialoguistas.

Durante la reunión también se presentó el equipo político encargado de coordinar el avance parlamentario de las reformas. Ese esquema tendrá como misión articular la estrategia entre el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos, en un escenario marcado por negociaciones permanentes y mayor presión sobre la agenda económica.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece, en ese contexto, como una de las discusiones más sensibles. Para el Gobierno, se trata de blindar legalmente el programa económico y evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar la emisión para financiar el gasto público. Para los críticos, el riesgo es quitarle al Estado una herramienta que puede ser relevante en situaciones extraordinarias.

El debate quedará ahora sujeto al texto final que elaboren Economía y Desregulación. Allí se definirá hasta dónde llegará la restricción al financiamiento del Tesoro, qué funciones conservará el Banco Central y qué margen tendrá la autoridad monetaria para intervenir sobre el sistema financiero, el crédito y la actividad económica.