Caminos destruidos y una tasa bajo la lupa: productores llevan a la Justicia al intendente Carlos Rocha en General Guido

La gestión de Carlos Rocha quedó bajo presión en General Guido por un conflicto que toca uno de los servicios centrales para cualquier distrito rural: el mantenimiento de los caminos. Un grupo de productores agropecuarios decidió llevar el reclamo a la Justicia y presentó una demanda contra la Municipalidad por el estado de la red vial, el incremento de las tasas y el destino de los recursos que deberían sostener ese servicio.

La presentación tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Dolores y pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el intendente peronista: ¿qué pasó con el dinero que los productores pagaron durante los últimos años para mantener transitables los caminos rurales?

El planteo judicial busca que el municipio informe cuánto dinero recibió y destinó específicamente a la red vial, qué trabajos ejecutó y cuántos kilómetros fueron efectivamente intervenidos durante los últimos tres años.

La discusión no es solamente contable. Para los productores, detrás de cada camino deteriorado hay una consecuencia concreta: dificultades para sacar la producción, trasladarse, llegar a las escuelas rurales o acceder a una atención médica de emergencia.

Una tasa que quedó bajo la lupa

Uno de los principales cuestionamientos apunta directamente a la Tasa de Red Vial. Los productores consideran que debe existir una relación concreta entre lo que paga cada contribuyente y el servicio que recibe.

En otras palabras, la discusión que llegó a los tribunales es sencilla de entender: si se cobra una tasa destinada al mantenimiento de los caminos, los contribuyentes reclaman que ese dinero se traduzca efectivamente en obras sobre la red vial.

La demanda también cuestiona las ordenanzas tarifarias y el mecanismo utilizado para determinar el monto a pagar según la cantidad de hectáreas.

Los productores solicitaron que se revise la razonabilidad de los valores abonados y reclamaron, como medida subsidiaria, el reintegro de los importes que consideran cobrados en exceso.

Otra alternativa planteada consiste en retrotraer los valores a los establecidos por la Ordenanza Fiscal 2023, con posteriores actualizaciones que resulten razonables y no confiscatorias.

Tres años de obras: la pregunta que deberá responder Rocha

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el pedido para que el municipio detalle qué hizo concretamente durante los últimos tres años.

Los productores solicitaron información sobre: los fondos recaudados para la red vial, los recursos recibidos por otras vías destinados al mantenimiento, los trabajos realizados durante los últimos tres años, la cantidad de kilómetros reparados o intervenidos, el destino concreto de los recursos y la relación entre lo recaudado y el servicio efectivamente prestado.

El planteo pone así el foco en la gestión cotidiana del municipio y obliga a contrastar recaudación, obras y resultado. Porque el problema no se reduce a una discusión entre productores y funcionarios. En un distrito con una fuerte actividad agropecuaria, los caminos rurales son parte de la infraestructura básica que permite que el territorio funcione.

Cuando un camino rural deja de ser solamente un problema productivo

El deterioro de la red vial tiene además una dimensión que excede al campo. Los productores advirtieron que el estado de los caminos afecta el traslado de alumnos hacia las escuelas rurales, la circulación de quienes viven en las zonas más alejadas y la posibilidad de responder ante emergencias sanitarias.

Cuando un camino se vuelve intransitable, el problema deja de ser exclusivamente del productor que necesita sacar su producción: también alcanza a la familia que necesita llegar a una escuela, a una ambulancia que debe atravesar una zona rural o a un vecino que necesita trasladarse hasta el casco urbano. Ese es uno de los aspectos que vuelve especialmente sensible el conflicto que ahora quedó judicializado.

El reclamo de General Guido tampoco aparece aislado. En Ayacucho, la situación de los caminos rurales también volvió a generar preocupación entre productores y vecinos. La Sociedad Rural convocó a una asamblea abierta para analizar el estado de la red vial, el funcionamiento de la Mesa de Caminos y las alternativas para afrontar la problemática.

La coincidencia regional expone una dificultad que atraviesa a varios municipios del interior: cómo sostener caminos rurales en condiciones cuando los productores soportan tasas crecientes y, al mismo tiempo, reclaman que la contraprestación sea visible y efectiva.

Rocha, también bajo la lupa política

El conflicto judicial llega, además, en un momento poco cómodo para Rocha desde el punto de vista de su posicionamiento político. En marzo, un relevamiento publicado por GRUPOLAPROVINCIA.COM ubicó al intendente de General Guido entre los jefes comunales con peor diferencial de imagen de la Quinta Sección: registró -5,4 puntos y, además, el mayor nivel de desconocimiento de la sección, con 92,6%.

La medición de mayo volvió a poner el foco sobre ese aspecto. Allí, Rocha apareció nuevamente con un diferencial negativo y alcanzó un 96,4% de respuestas Ns/Nc, el nivel de desconocimiento más alto de la Quinta Sección en ese relevamiento.

El dato no permite por sí mismo atribuir una causa concreta al desgaste o desconocimiento, pero sí agrega un elemento al escenario político: el intendente enfrenta un reclamo judicial por un servicio municipal clave mientras las mediciones de imagen muestran dificultades para instalar su figura en el propio territorio.

En General Guido, la pregunta quedó instalada y es difícil de esquivar: si los vecinos y productores pagan por caminos transitables, ¿dónde están las obras?