De las miles de preguntas del Congreso a las 20 de la Justicia: qué debe explicar Adorni
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni entró en una etapa central. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas y le reclamó respuestas documentadas sobre 20 puntos que abarcan dólares en efectivo, inmuebles, viajes, deudas, operaciones con criptoactivos y movimientos bancarios.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, y comprende el período transcurrido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, fecha en la que renunció a la Jefatura de Gabinete.
El requerimiento no implica una declaración de culpabilidad. Adorni tendrá la oportunidad de presentar documentación y explicar el origen de los fondos observados. Si sus respuestas no resultan suficientes, la fiscalía podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria.
El desbalance que sostiene el pedido de explicaciones
Según la reconstrucción incorporada al expediente, Adorni percibió 35 haberes durante su paso por la función pública. Al sumar los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti, los recursos del grupo familiar alcanzaron los $229.752.283,20.
Los gastos relevados durante el mismo período ascendieron a $272.820.832,20. La diferencia entre ambos montos es de $43.068.549 y constituye uno de los ejes que la fiscalía exige justificar.
A ese desbalance se agregan erogaciones por US$402.578,12 que, de acuerdo con el requerimiento, no encuentran correlato suficiente en los ingresos lícitos comprobados. Dentro de ese total, los pagos en efectivo habrían alcanzado los $51.715.080,41 y US$374.081,66.
El uso de efectivo representó alrededor del 92,9% de los desembolsos realizados en moneda extranjera. Las operaciones analizadas incluyen viajes, reformas y compra de propiedades, mobiliario, servicios profesionales y otros gastos familiares.
Las 20 explicaciones que reclama la fiscalía
El requerimiento concentra los interrogantes judiciales en los siguientes puntos:
- El origen de los dólares en efectivo declarados y el respaldo de la operación de “venta de activos” invocada para justificarlos.
- La existencia, fecha, entrega y aplicación de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo.
- La procedencia del dinero empleado para comprar un vehículo Jeep.
- El origen de los fondos destinados a adquirir el lote 380 del Country Indio Cuá.
- La procedencia de los US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar por la remodelación de esa propiedad.
- El dinero utilizado para pagar en dólares y efectivo los muebles del inmueble ubicado en Miró 550.
- Los fondos, la naturaleza y las condiciones de la operación mediante la cual se adquirió ese departamento.
- El respaldo de ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias y de bienes atribuidos a herencias, legados o donaciones.
- La procedencia del efectivo destinado a viajes, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
- La utilización reiterada de terceros para comprar bienes o afrontar pagos del grupo familiar.
- El detalle de las operaciones con criptoactivos y el origen del capital inicial.
- La relación entre los ingresos comprobados y los movimientos registrados en cuentas, tarjetas y billeteras virtuales.
- La efectiva realización y cancelación de 20 operaciones informadas ante ARCA por un monto superior a $6 millones.
- La eventual cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de los fondos utilizados.
- El pago de honorarios notariales por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.
- Los consumos efectuados por usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni.
- Una facturación de más de $4 millones emitida por una concesionaria y su posible relación con otro vehículo.
- Las acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo del Banco Nación.
- El criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550.
- La valuación y el origen de los fondos aplicados a las mejoras del lote ubicado en Indio Cuá.
Los ingresos de Angeletti, otro foco del expediente
El análisis patrimonial contempla a Adorni y Angeletti como una unidad económica, debido a que compartían bienes y gastos y utilizaban cuentas de ambos para afrontar pagos.
El informe técnico incorporado a la causa observó que la facturación de Angeletti como trabajadora autónoma aumentó un 1.440,97% durante el último trimestre de 2024 respecto del período anterior. Las operaciones de esos tres meses estuvieron concentradas en apenas tres clientes.
Durante 2025 facturó $124.282.864 a trece clientes, aunque el 81,95% del total correspondió solamente a dos. Uno de ellos había sido su empleador hasta diciembre de 2024 y luego pasó a contratar sus servicios profesionales.
La investigación también puso bajo revisión una diferencia cercana a los $11 millones. En el Anexo Reservado se habían consignado ingresos netos por $113.323.164 derivados de su actividad como asesora independiente, mientras que los registros de ARCA mostraban una facturación de $124.282.864.
Esas variaciones y la concentración de la facturación integran los elementos que deberán ser aclarados, pero no constituyen por sí mismas una prueba de origen ilícito.
Del Congreso a la exigencia de documentación
Adorni ya había respondido preguntas relacionadas con su patrimonio durante el informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados el 29 de abril. El documento remitido por la Jefatura de Gabinete reunió miles de consultas legislativas sobre distintas áreas del Gobierno y dedicó varios apartados a su declaración jurada, sus viajes y los bienes del grupo familiar.
Ante las preguntas por la evolución de su patrimonio, el entonces funcionario remitió a su Declaración Jurada Patrimonial Integral y explicó que los bienes de su esposa y del grupo familiar figuraban en un anexo reservado presentado ante la Oficina Anticorrupción.
El informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados en abril.
El organismo informó, además, que había recibido denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y que realizó análisis sobre las declaraciones juradas de Adorni. También señaló que el anexo reservado fue entregado a la fiscalía después de recibir un requerimiento judicial.
Sobre sus viajes privados, Adorni sostuvo que el Estado no había afrontado los costos y que no existían registros de viajes financiados por terceros dentro del régimen de la Oficina Anticorrupción. Durante su exposición parlamentaria negó haber cometido un delito y aseguró que demostraría su posición ante la Justicia.
El nuevo requerimiento traslada ahora la discusión desde las respuestas políticas e institucionales hacia la prueba documental. La fiscalía reclama trazabilidad sobre los fondos, fechas, medios de pago, operaciones bancarias y disponibilidad efectiva del dinero utilizado.
Una vez recibidas las explicaciones, Pollicita deberá evaluar si la documentación permite justificar el patrimonio y los gastos reconstruidos. De esa conclusión dependerá el próximo movimiento procesal en una causa que, por el momento, continúa en etapa de investigación.