Adorni y los US$591 mil en Bitcoin: la Justicia perita ocho billeteras y amplía la investigación patrimonial
La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entró en una nueva etapa. La Justicia comenzó a peritar las ocho billeteras de Bitcoin que el exjefe de Gabinete presentó como parte de la explicación sobre el origen de US$591.544,61 y, después de una primera comprobación técnica, la fiscalía dispuso nuevas medidas para reconstruir quién operaba esas direcciones cuando se realizaron las transacciones.
El abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11, a cargo de Gerardo Pollicita, con una computadora y un sobre cerrado y lacrado que contenía las claves privadas correspondientes a las ocho direcciones informadas por la defensa. El procedimiento permitió comprobar la capacidad de firmar mensajes desde esas cuentas sin revelar las contraseñas ni transferir fondos.
La fiscalía busca ahora determinar si Adorni era quien efectivamente controlaba esas billeteras entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, período en el que se registraron los movimientos que forman parte de su explicación patrimonial. Para eso, Pollicita encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal un informe que deberá responder 29 preguntas técnicas.
Qué comprobó hasta ahora el peritaje
Durante el procedimiento se utilizó un denominado “mensaje desafío”. La fiscalía generó un texto que debía ser firmado mediante la llave privada asociada a cada dirección de Bitcoin. Posteriormente, técnicos de la Policía Federal comprobaron la validez de las firmas.
La medida permitió constatar que las ocho direcciones existen, que los movimientos registrados coinciden con los informados por la defensa y que las claves utilizadas permiten actualmente operar sobre ellas. Las actuaciones quedaron documentadas y las claves volvieron a ser preservadas en un sobre lacrado.
La fiscalía intenta establecer ahora otro dato: si las mismas claves estaban bajo control de Adorni cuando las billeteras registraron actividad años atrás.
Otro punto del peritaje son 41 movimientos registrados en las ocho direcciones entre 2014 y 2018. Los investigadores quieren establecer si pudieron ser realizados por una única persona, si necesariamente participaron terceros y si existe información en la blockchain, las plataformas de intercambio o los proveedores de internet que permita vincular las operaciones con un usuario determinado.
También se pidió determinar si es posible identificar quién depositó fondos en cinco de las ocho direcciones durante 2014. Según consta en el requerimiento fiscal citado por TN, esas operaciones no muestran conexiones con plataformas de intercambio.
La Policía Federal deberá analizar además qué regulación existía en Argentina para las monedas virtuales durante el período investigado, cómo funcionaban las denominadas billeteras de autocustodia y qué información podían conservar en aquel momento los proveedores y plataformas del sector.
La explicación de Adorni por los US$591 mil
Las ocho billeteras ingresaron al centro del expediente luego del descargo que presentó el exjefe de Gabinete ante el requerimiento de justificación patrimonial realizado por Pollicita.
Según la versión presentada por su defensa, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron una inversión inicial de US$1.897,20 en 2014 y posteriormente destinaron US$199.883,20 a criptomonedas en 2017. La defensa sostuvo que al vender esos activos al año siguiente obtuvieron US$591.544,61.
De acuerdo con esa presentación, las compras y ventas se realizaron mediante encuentros presenciales y pagos en efectivo, sin pasar por plataformas reguladas. La defensa afirmó además que el dinero obtenido permaneció guardado en efectivo en el domicilio familiar y posteriormente fue utilizado para afrontar gastos, adquirir propiedades y vehículos y financiar viajes.
Siempre según el descargo, hacia fines de 2025 quedaban US$209.961,52 de esos fondos. Esos planteos son ahora materia de verificación dentro del expediente.
El análisis de las criptomonedas no es la única medida adoptada en los últimos días. A pedido del fiscal Pollicita, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente, autorizó ampliar el período de investigación para reconstruir la situación patrimonial y financiera de Adorni y de Angeletti desde el comienzo de sus respectivas vidas económicamente activas.
En el caso del exjefe de Gabinete, la pesquisa se extendió hasta 1998, cuando cumplió 18 años. Para su esposa, alcanza información desde el año 2000. Hasta ese momento, el análisis patrimonial se había concentrado fundamentalmente desde 2012.
La fiscalía pidió a la ANSES información sobre aportes, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas laborales, actividades como autónomos o monotributistas y otras prestaciones o ingresos registrados.
Además, con autorización judicial, se levantó el secreto fiscal para acceder a información tributaria correspondiente a los períodos anteriores que ahora forman parte de la investigación.
Los primeros informes incorporados indican, según fuentes judiciales citadas por Infobae, que hasta 2014 Adorni y Angeletti habían registrado ingresos en pesos equivalentes a aproximadamente US$335.000, mientras que ARCA informó compras de moneda extranjera por unos US$85.000 durante el período analizado.
Los números que originaron el pedido de explicaciones
La investigación sobre el patrimonio de Adorni había avanzado en agosto con un requerimiento de Pollicita que incluyó 20 puntos sobre los cuales solicitó explicaciones y documentación.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026, el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20 en conceptos como tarjetas, seguros, expensas, servicios, impuestos, electrodomésticos y viajes. La diferencia calculada fue de $43.068.549.
El requerimiento también señaló US$402.578,12 en erogaciones en moneda extranjera que la fiscalía buscó contrastar con los ingresos acreditados. Esos gastos incluyeron operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres y viajes.
La defensa respondió que la evolución patrimonial se encuentra respaldada por documentación contable y técnica y sostuvo que la diferencia de $43 millones detectada inicialmente era una brecha residual que quedaba explicada con los elementos aportados.
Otro de los puntos analizados corresponde a las obras realizadas en una vivienda del country Indio Cuá. Adorni negó que los trabajos hubieran costado US$245.000 y sostuvo en su descargo que el desembolso fue de US$175.000.