La educación bonaerense bajo presión: el informe que pone cifras al ajuste de Milei

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires reveló que el financiamiento educativo nacional se desplomó un 47,7% en términos reales entre 2024 y 2025 y advirtió que las provincias, entre ellas Buenos Aires, debieron asumir parte del retiro de fondos de la Nación para sostener el sistema. El diagnóstico se conoce mientras el gobierno de Axel Kicillof intenta cerrar una nueva negociación salarial con los gremios docentes en un contexto de fuertes restricciones fiscales.

El trabajo, titulado El futuro del financiamiento educativo en debate, fue realizado por especialistas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET) y AFISPOP, bajo la coordinación de Javier Curcio y Florencia Simonini. Allí se advierte que el sistema educativo argentino atraviesa una etapa de "fuerte contracción fiscal" y que el ajuste aplicado por el Gobierno nacional modificó de manera sustancial la distribución de responsabilidades entre la Nación y las provincias.

El informe sostiene que durante el bienio 2024-2025 el financiamiento nacional destinado a educación acumuló una caída real del 47,7%, una reducción superior a la del gasto público nacional en su conjunto.

Los investigadores remarcan que una parte importante de ese ajuste terminó siendo absorbida por las jurisdicciones provinciales, que incrementaron su participación en el sostenimiento de las escuelas frente al retiro de la administración nacional.

En ese escenario, la provincia de Buenos Aires aparece como uno de los casos más representativos. El estudio indica que el distrito destina una porción "cercana o superior al 30%" de su presupuesto a educación, ubicándose entre las jurisdicciones que mayor esfuerzo fiscal realizan para sostener el sistema educativo.

Sin embargo, esa elevada inversión no alcanza para posicionarla entre las provincias con mayor gasto por estudiante. La explicación está en la magnitud de su matrícula escolar: Buenos Aires concentra la mayor cantidad de alumnos del país, por lo que los recursos disponibles deben distribuirse sobre una población educativa considerablemente superior al resto de las jurisdicciones.

El informe también expone una diferencia marcada entre la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras la administración bonaerense destina alrededor del 30% de su presupuesto a educación, la Ciudad asigna apenas el 18,2%, una de las proporciones más bajas del país.

Sin embargo, su mayor disponibilidad de recursos fiscales le permite registrar uno de los gastos por alumno más elevados de Argentina, con un promedio de 3,4 millones de pesos por estudiante durante 2024.

Para los investigadores, el nuevo esquema de financiamiento nacional profundiza estas diferencias, ya que las capacidades económicas de cada distrito adquieren un peso cada vez mayor frente al repliegue del Estado nacional.

El impacto del fin del FONID

Uno de los principales factores que explica el deterioro del financiamiento educativo fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta que durante más de dos décadas complementó los salarios docentes en todas las provincias.

El informe recuerda que la discontinuación de ese fondo desde comienzos de 2024 dejó a las jurisdicciones con una mayor responsabilidad para afrontar los incrementos salariales utilizando exclusivamente recursos propios.

A esa decisión se suma la paralización del Fondo de Compensación Salarial Docente, que continúa vigente por ley pero no registró ejecución presupuestaria durante 2025 ni en lo que transcurre de 2026.

El escenario adquiere especial relevancia en Buenos Aires, donde el gobierno provincial acaba de mejorar su oferta salarial al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), proponiendo un incremento del 7% en dos tramos —5% en julio y 2% en agosto— luego de que los sindicatos rechazaran una propuesta inicial del 2,5%.

Desde la administración bonaerense sostienen que las dificultades para atender las demandas salariales están directamente vinculadas con la caída de recursos nacionales y denuncian una "asfixia financiera extrema" provocada por las decisiones del Gobierno de Javier Milei.

También se redujeron los fondos para la educación técnica y las universidades

El estudio de la UBA advierte además sobre el fuerte recorte aplicado al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional.

Según los especialistas, el financiamiento destinado a ese programa se ubica actualmente un 97% por debajo del nivel que hubiera correspondido mantener bajo el esquema anterior, comprometiendo inversiones destinadas al equipamiento y funcionamiento de escuelas técnicas.

La reducción del gasto educativo también alcanzó al sistema universitario. En mayo de este año, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional recortó más de 78.700 millones de pesos en programas de la Secretaría de Educación y suspendió partidas para obras de infraestructura en universidades nacionales.

Entre las instituciones afectadas figura la Universidad Nacional de La Plata, que perdió más de 1.043 millones de pesos destinados a infraestructura. También registraron importantes recortes las universidades nacionales de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos.

Un cambio estructural en el financiamiento educativo

El informe también alerta sobre una modificación normativa de fondo. La Ley 27.798 de Presupuesto 2026 eliminó los compromisos explícitos que establecían metas de inversión educativa, entre ellos el objetivo histórico de destinar el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto al financiamiento del sistema.

Para Javier Curcio y Florencia Simonini, la derogación de ese parámetro "reduce la previsibilidad del financiamiento" y deja a las provincias sujetas a decisiones presupuestarias del Gobierno nacional sin un piso legal que garantice niveles mínimos de inversión.

Los datos muestran además que la participación de la Nación en el financiamiento educativo cayó del 26,8% del gasto total en 2023 al 20,1% durante 2024, consolidando un proceso de transferencia de responsabilidades hacia las provincias.

En el caso de Buenos Aires, ese cambio coincide con una creciente presión sobre las cuentas públicas, ya que el distrito debe sostener el funcionamiento del sistema educativo más grande del país mientras enfrenta menores transferencias nacionales y continúa negociando mejoras salariales para los docentes.