Una condena y tres absoluciones en el juicio por la tragedia del ARA San Juan
El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan terminó este miércoles con una condena y tres absoluciones. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz sentenció a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, a tres años de prisión en suspenso por su responsabilidad en la tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes.
La condena fue dictada por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Villamide no deberá cumplir prisión efectiva si respeta las condiciones fijadas por el tribunal.
En el mismo fallo, los jueces absolvieron a Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe de Operaciones del organismo.
La resolución llegó después de más de 30 audiencias de debate oral en Río Gallegos. Durante el proceso declararon testigos, especialistas navales, peritos, ingenieros, submarinistas y exintegrantes de la Armada, en una causa que buscó determinar si hubo responsabilidades penales en la cadena de mando por las condiciones operativas, el mantenimiento del submarino y las decisiones tomadas antes y durante su última misión.
El ARA San Juan había perdido contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Antes de la desaparición, la nave había informado una avería vinculada al ingreso de agua al sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio controlado en el compartimiento de baterías.
El submarino fue localizado un año después a más de 900 metros de profundidad. Los peritajes incorporados a la causa indicaron que la nave sufrió una implosión tras perder la capacidad de mantenerse a flote, en una secuencia asociada a fallas técnicas, ingreso de agua de mar y problemas eléctricos.
El debate por las responsabilidades
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que existieron incumplimientos que aumentaron el riesgo de la misión y que esas fallas contribuyeron al desenlace. En sus alegatos había pedido penas de prisión para los cuatro acusados: cinco años para Villamide y López Mazzeo, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa.
Las defensas, en cambio, plantearon que no se probó una conducta concreta que pudiera vincularse de manera directa con el hundimiento. También sostuvieron que las condiciones del submarino no impedían su operación y que la decisión del comandante del buque, Pedro Fernández, de iniciar la navegación demostraba que la nave era considerada apta para cumplir la misión.
Durante las audiencias se analizaron documentos sobre reparaciones pendientes, registros internos, pruebas técnicas y controles de mantenimiento. Entre los puntos discutidos estuvieron la falta de una prueba de máxima profundidad, tareas vinculadas al casco, controles del sistema de refrigeración y el estado general de alistamiento del submarino.
Antes de escuchar el fallo, Villamide volvió a defender su inocencia y cuestionó la acusación. Sostuvo que no comprendía por qué se lo responsabilizaba por el naufragio y afirmó que, a su criterio, no se había establecido una conducta concreta que explicara el hundimiento.
Familiares y posibles apelaciones
Los familiares de los 44 tripulantes reclamaron durante todo el proceso que se establecieran responsabilidades por una tragedia que consideran evitable. Tras la sentencia, distintos representantes de las querellas manifestaron disconformidad con el alcance del fallo, especialmente por la pena impuesta y por las absoluciones.
El tribunal aún debe dar a conocer los fundamentos completos de la sentencia. Esa instancia será clave para que las partes evalúen los pasos judiciales posteriores y definan si presentan apelaciones ante una instancia superior.
En paralelo al expediente por el hundimiento, la Justicia también investigó una causa por presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri. Esa línea judicial analizó supuestas tareas de seguimiento, fotografías e informes realizados sobre familiares que reclamaban avances en la búsqueda del submarino.