Con la demanda social en alza, la Provincia oficializa otro desembolso millonario para barrios populares
La administración de Axel Kicillof oficializó un desembolso superior a los $10.531 millones para afrontar la parte que le corresponde del consumo de energía eléctrica registrado durante 2024 en barrios populares abastecidos por Edenor y Edesur.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 517/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense. La norma aprueba los convenios suscriptos con ambas distribuidoras dentro del esquema de financiamiento compartido entre el Estado nacional y la Provincia que rige desde la década de 1990.
Del total autorizado, la Provincia destinará $5.450.114.783 a Edenor y $5.081.451.376 a Edesur. Los pagos se realizarán en cuatro cuotas iguales y bimestrales durante junio, agosto, octubre y diciembre de este año, luego de las validaciones técnicas efectuadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), la Dirección Provincial de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
La oficialización de estos pagos coincide con un escenario en el que la Provincia viene reforzando distintas políticas destinadas a contener el incremento de la demanda social.
En las últimas semanas, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, avanzó con nuevas entregas de equipamiento para comedores escolares en Benito Juárez, Maipú y San Andrés de Giles, con una inversión superior a los $24 millones. La iniciativa forma parte de un programa que ya permitió equipar más de 7.500 establecimientos educativos bonaerenses mediante una inversión que supera los $8.500 millones.
A ello se suma una inversión superior a los $775.000 millones destinada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y al programa MESA, que alcanzan a más de 2,5 millones de estudiantes en toda la provincia. Paralelamente, durante este año el Ejecutivo bonaerense informó una inversión superior a los $330.000 millones para el programa Módulo Alimentario Territorial (MATE), a través del cual distribuyó más de 75 millones de kilos de alimentos y 11 millones de kilos de leche en polvo.
Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo es sostener las políticas alimentarias y sociales frente al aumento de las necesidades que registran los municipios.
Municipios e instituciones describen un escenario cada vez más complejo
La decisión de formalizar el pago correspondiente al consumo eléctrico de los barrios populares se conoce mientras distintos intendentes vienen advirtiendo sobre un crecimiento sostenido de la asistencia que deben brindar desde los gobiernos locales.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, aseguró que la situación económica atraviesa todas las áreas de la gestión. "El vecino quiere soluciones. Está la cuestión laboral, el poder adquisitivo al que ya no llegan, y eso viene arrastrado después con la educación, la salud, todas esas variables", afirmó.
El jefe comunal señaló además que "la mayor demanda de alimentos se nota, la mayor demanda de remedios en el caso de salud, prótesis o cierta cirugía se nota", al describir el impacto que la situación económica tiene sobre los servicios municipales.
En la misma línea, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, sostuvo que "aumentaron mucho los costos de los medicamentos, de los insumos, y cada vez también es mayor la demanda de gente que tal vez antes no tenía necesidad de recurrir al municipio".
A ese diagnóstico se suman distintos municipios del conurbano bonaerense que también reportan un incremento de la asistencia alimentaria, mayores consultas en el sistema público de salud y un aumento de las dificultades económicas que enfrentan las familias.
La Iglesia también advierte sobre el crecimiento de la demanda.
La preocupación por el deterioro social también fue planteada por representantes de la Iglesia Católica durante los encuentros que mantuvieron con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
El ministro Larroque recibió al arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara; al presidente de la Comisión Episcopal de Cáritas y obispo de Quilmes, Carlos Tissera, y a autoridades de Cáritas Región Buenos Aires para analizar el trabajo conjunto que desarrollan en distintos puntos del territorio bonaerense.
Tras la reunión, Larroque explicó que realizaron un balance de las acciones articuladas y evaluaron el fortalecimiento de distintas políticas sociales frente a la situación que atraviesan numerosos barrios.
La subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, sostuvo que las diócesis describieron una realidad "muy compleja", marcada por el crecimiento de la demanda y por las dificultades que enfrentan numerosas organizaciones comunitarias tras la falta de actualización de fondos nacionales.
Un esquema vigente desde hace más de tres décadas
La resolución publicada este lunes no crea un nuevo subsidio ni modifica el sistema vigente, sino que formaliza el reconocimiento de los consumos correspondientes al año pasado dentro del mecanismo que desde la década de 1990 establece un financiamiento compartido entre el Estado nacional y la Provincia para abastecer de electricidad a barrios populares mediante medidores comunitarios.
En el acuerdo actualmente vigente, Buenos Aires asume el 42,47% del costo reconocido. Para el cálculo correspondiente a 2024 se descontaron, además, los montos que ya habían sido cubiertos entre enero y mayo de ese año a través del régimen de tarifa social eléctrica, beneficio que dejó de aplicarse desde el 1° de junio de 2024 tras la entrada en vigencia del Decreto provincial 940/2024 y la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura.
La normativa también dispone que aquellos usuarios que sean normalizados como consecuencia de estos convenios continuarán incorporados automáticamente al régimen de bonificación de la tarifa social provincial por el solo hecho de recibir actualmente un suministro comunitario.
La Subsecretaría de Energía será la encargada de impartir las instrucciones regulatorias necesarias para que el ENRE incorpore a esos usuarios en las validaciones que posteriormente serán remitidas a la Provincia para su reconocimiento y pago.
El desembolso será afrontado con partidas previstas en el Presupuesto General 2026 y se inscribe en una batería de políticas que el Gobierno bonaerense sostiene para atender la creciente demanda social, en un contexto en el que municipios, organizaciones comunitarias y la Iglesia coinciden en advertir un escenario de mayor presión sobre los sectores más vulnerables.