Coparticipación bonaerense: el ajuste nacional achica la caja municipal y reabre el debate por el CUD
La caja de los municipios bonaerenses volvió a mostrar el impacto del ajuste nacional y de la recesión. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la Provincia transfirió $1,77 billones en términos reales a los 135 distritos, prácticamente el mismo volumen que un año antes. Pero dentro de esa masa hubo un cambio fuerte: la coparticipación, que explica el 75% de los envíos, cayó 9,5% y pasó de $1,46 billones ajustados por inflación en 2025 a $1,32 billones este año.
La merma estuvo asociada a la menor recaudación provincial y al recorte de recursos nacionales durante la gestión de Javier Milei. El gobierno de Axel Kicillof compensó una parte con otras partidas: el Fondo de Financiamiento Educativo aumentó 112% y la Descentralización Tributaria subió 53,7%.
Un mapa con 52 distritos en baja
En la comparación interanual, 52 municipios recibieron menos recursos totales en términos reales: 35 están gobernados por Fuerza Patria, nueve por la UCR, cinco por el PRO, dos por fuerzas vecinalistas y uno por La Libertad Avanza. El dato impide sostener una lectura lineal sobre una distribución atada al color político.
Los mayores retrocesos fueron para San Isidro, con 9,7%; Pinamar, con 9%; y Vicente López, con 8%, los tres administrados por el PRO. Luego aparecen Villa Gesell, con una caída de 7%; Monte Hermoso y Malvinas Argentinas, con 6,5%; San Martín, con 6,2%; y La Costa, con 5,4%, todos bajo gestiones peronistas.
En la otra punta, Carmen de Areco mejoró 16,2% y Chacabuco 13,12%, ambos de Unión por la Patria. También crecieron Lobería, de la UCR, con 12,1%; Capitán Sarmiento, de La Libertad Avanza, con 11,9%; Monte, radical, con 11,5%; y Pergamino, administrada por el PRO, con 11%.
Frente al primer cuatrimestre de 2023, 72 municipios perdieron recursos reales. San Isidro volvió a encabezar las bajas, con 12%, seguido por Luján, Saavedra, Leandro Alem, Lezama, Morón y La Matanza, todos con retrocesos superiores al 10%.
El CUD vuelve al debate
El reparto automático se define mediante el Coeficiente Único de Distribución. El 58% responde a población, superficie y capacidad tributaria; el 37% depende de establecimientos y prestaciones de salud; y el 5% restante, de servicios sociales transferidos. Como la masa es fija, cada variación a favor de una comuna reduce la participación de otra.
Ese mecanismo acumula cuestionamientos oficialistas y opositores. Mauro Poletti, intendente de Ramallo, reclamó a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el debate provincial replique la discusión que Buenos Aires mantiene con Nación y contemple cuánto aporta cada distrito. “Aquellos que mayor participación tienen en la generación de recursos que van hacia arriba” deberían recibir una devolución acorde, sostuvo.
Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense de La Libertad Avanza, cuestionó que el porcentaje del CUD no guarde relación con lo que recauda cada municipio y promovió un debate sobre autonomía, facultades tributarias y fondos permanentes.
En el marco de la discusión por el recorte a la Zona Fría, Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, propuso una “coparticipación inversa” ante las obligaciones que absorben los gobiernos locales en salud, educación, seguridad y mantenimiento. “Si nos vamos a hacer cargo de mayores demandas de la sociedad, de mayores responsabilidades, lo que merecemos es que algunos impuestos sean coparticipados de manera diferente”, afirmó ante este medio.
Menos ingresos y más demandas
La discusión ocurre mientras cae la recaudación propia y crecen los gastos. Luis Mariano Martín, intendente de Exaltación de la Cruz, advirtió que el aumento de los servicios, el combustible y los costos sanitarios vuelve más difícil sostener el funcionamiento cotidiano. “La asfixia que está teniendo la Provincia por parte del Gobierno Nacional” y la baja del consumo hacen que las arcas municipales sean “cada mes más acotadas”, señaló.
Esteban Reino, intendente de Balcarce, reclamó mayor libre disponibilidad de los recursos para afrontar obras, salarios o aguinaldos según la necesidad de cada comuna. “Esta recesión grave que se está viviendo repercute en la cobranza de las tasas municipales y también en la caída de la coparticipación, que ocurre mes a mes”, explicó.
Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, respaldó la respuesta de Kicillof y remarcó que Buenos Aires ya era la provincia más perjudicada en la relación entre su aporte al producto y los recursos que recibe. “El Gobierno Nacional se ha ensañado con la provincia de Buenos Aires”, afirmó, y recordó el reclamo ante la Corte Suprema por fondos establecidos mediante leyes y convenios.
En ese contexto, la Provincia giró $20.000 millones del nuevo Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, previsto por $350.000 millones: 70% se distribuye por CUD y 30% mediante programas para infraestructura. La gestión bonaerense sostuvo que, pese a “la brutal caída de la recaudación” y al recorte de transferencias no automáticas de Nación, continúa trabajando con los 135 municipios.