Propiedad privada: los cambios que impulsa Milei y dividen al Senado
El Senado se prepara para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que introduce cambios en expropiaciones, desalojos, tierras rurales, regularización dominial, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
La propuesta atravesó numerosas modificaciones desde que obtuvo dictamen y llega al recinto después de varias semanas de negociaciones entre La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y sectores de la oposición. El oficialismo presenta la reforma como una herramienta para reforzar la seguridad jurídica y favorecer las inversiones, mientras que sus críticos advierten sobre el impacto territorial, social y ambiental de algunos capítulos.
Más requisitos para las expropiaciones
Uno de los principales ejes del proyecto es la reforma de la Ley de Expropiaciones. El texto establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de forma restrictiva y justificar de manera específica el objetivo perseguido.
Además, exige que la expropiación sea considerada idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese propósito. La medida busca elevar los requisitos que deberá cumplir el Estado antes de avanzar sobre un bien privado.
La iniciativa también amplía las condiciones de indemnización. Incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda acreditarse objetivamente y dispone que el valor del bien sea calculado antes de cualquier anuncio oficial relacionado con la expropiación.
El monto deberá actualizarse hasta el pago efectivo y la transferencia del dominio no podrá concretarse antes de que el propietario haya recibido la indemnización correspondiente. También se limita a un máximo de 90 días la ocupación temporaria de inmuebles.
Desalojos más rápidos y restitución anticipada
El capítulo referido a los desalojos convierte estos procesos en trámites sumarísimos y habilita la restitución anticipada de los inmuebles en determinados casos.
Una persona que invoque un derecho o un interés legítimo sobre una propiedad podrá solicitar su devolución antes de que exista una sentencia definitiva. El juez deberá evaluar inicialmente la verosimilitud del planteo y podrá ordenar la restitución si considera que existen elementos suficientes.
La reforma también agiliza las notificaciones y amplía las herramientas disponibles para los oficiales de justicia durante los procedimientos de lanzamiento, incluida la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública.
La versión que llegará al recinto incorpora una cláusula para los hogares donde vivan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, deberán intervenir los organismos competentes y se prevé un plazo de hasta diez días para coordinar una solución habitacional transitoria, aunque el proceso de desalojo no quedará suspendido.
El debate por las tierras rurales
Otro de los puntos centrales es la modificación de la Ley de Tierras Rurales. El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran campos en la Argentina, pero elimina o flexibiliza distintas restricciones para personas físicas y empresas de capital extranjero.
La legislación vigente establece topes a la propiedad extranjera y restricciones adicionales en territorios vinculados con zonas de frontera, cuerpos de agua y recursos estratégicos. La reforma reduce parte de esos límites e introduce mecanismos de autorización automática mediante el silencio administrativo positivo cuando la autoridad no responda dentro del plazo previsto.
La oposición y organizaciones dedicadas al estudio de la propiedad rural cuestionan este capítulo por considerar que puede profundizar la extranjerización de la tierra y facilitar la concentración de superficies con recursos naturales, minerales o pasos fronterizos.
Desde el Gobierno sostienen, en cambio, que la normativa actual limita inversiones privadas y que debe diferenciarse la adquisición realizada por un Estado extranjero de aquella concretada por particulares o empresas.
Las negociaciones incorporaron una modificación que mantiene en manos de las provincias la potestad de aprobar determinadas adquisiciones de tierras por parte de extranjeros, aunque el alcance definitivo dependerá del texto que sea sometido a votación.
Cambios en la regularización dominial y el manejo del fuego
La iniciativa también modifica la denominada Ley Pierri, utilizada para regularizar la situación dominial de familias que ocupan inmuebles destinados a vivienda.
El nuevo esquema exige acreditar una posesión pacífica, ostensible y continua durante diez años y limita el beneficio a viviendas únicas y permanentes. Además, incorpora una previsión específica para agricultores familiares.
En materia ambiental, el proyecto modifica las restricciones aplicadas a tierras afectadas por incendios. La normativa vigente impide durante determinados períodos que los terrenos quemados cambien de uso, una regla diseñada para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios o productivos.
La reforma elimina parte de esas limitaciones y redefine el régimen posterior al fuego, uno de los aspectos que concentra las objeciones de sectores ambientalistas y opositores.
Digitalización de los registros inmobiliarios
El proyecto se completa con una reforma del sistema de registros de la propiedad inmueble. Entre las medidas incluidas aparecen la digitalización de trámites, el uso de firma digital y la creación de una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones.
También se propone una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para centralizar gestiones y un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
El debate en el Senado definirá si el oficialismo consiguió reunir los apoyos para aprobar una reforma que atraviesa distintas áreas del derecho de propiedad. Los puntos con mayor resistencia son la flexibilización de la compra de tierras rurales por extranjeros, los mecanismos de restitución anticipada de inmuebles, los cambios ambientales y las nuevas condiciones para las expropiaciones.