Fitosanitarios: productores y legisladores reclaman criterios comunes para los 135 municipios
La sentencia del juicio por aplicaciones de agroquímicos en Pergamino volvió a dejar expuesto un problema que atraviesa a buena parte del interior bonaerense: mientras la producción, los controles ambientales y la expansión urbana avanzan, la Provincia sigue sin una norma moderna que establezca criterios comunes. El resultado es un mapa donde conviven ordenanzas municipales, medidas cautelares y fallos judiciales que cambian las condiciones de trabajo de un distrito a otro.
El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió el 25 de junio a los siete acusados particulares —cinco productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador— al considerar que no se reunió prueba suficiente para atribuirles responsabilidad penal. En cambio, condenó a dos exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino, a dos años de prisión condicional y cuatro años de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fallo que apuró el reclamo
Los jueces también remitieron actuaciones para que el Ministerio Público Fiscal analice el desempeño de autoridades municipales durante los hechos investigados, ocurridos entre 2011 y 2019.
Para Jorge Solmi, abogado, productor agropecuario, exdirigente de Federación Agraria Argentina y exsecretario de Agricultura, el expediente mostró las consecuencias de una regulación fragmentada. “El tema de la aplicación de agroquímicos viene siendo de una conflictividad artificial, producto de que no hay normas claras”, afirmó en una entrevista reciente.
Solmi sostuvo que existen alrededor de 90 ordenanzas diferentes en los 105 municipios con actividad agropecuaria. La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, ubica en 86 la cantidad de distritos que tienen regulación propia. La diferencia no altera el cuadro de fondo: las distancias, exigencias y zonas de exclusión varían según el partido y, en algunos casos, son modificadas por decisiones judiciales.
Pergamino resume esa superposición. La ordenanza local contemplaba 100 metros de exclusión y condiciones especiales hasta los 600 metros para productos de banda verde, pero una cautelar federal fijó un límite restrictivo de 1.095 metros para aplicaciones terrestres. “Ya no necesito para aplicar un agroquímico un ingeniero agrónomo, necesito un abogado”, ironizó Solmi.
Municipios, Justicia y producción
La discusión también alcanzó a Tandil y Rauch, donde la Suprema Corte bonaerense suspendió preventivamente artículos de las ordenanzas locales. En Mar del Plata, el conflicto arrastra antecedentes desde 2012. Juan Carlos Petersen, presidente de la Sociedad Rural local, advirtió ante las 16 rurales reunidas por CARBAP que las restricciones sin ordenamiento territorial pueden desplazar cultivos, frenar inversiones y dejar tierras expuestas al avance inmobiliario.
CARBAP resolvió asumir el tema y brindar acompañamiento jurídico. Su protesorero, Santo Rosati, informó que la entidad comenzó a asesorarse para respaldar a productores. Petersen sintetizó la posición del sector: “Esto es un tema que nació de la política y lo tiene que resolver la política”.
El diputado bonaerense Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, coincidió en que la Legislatura debe fijar parámetros comunes y pidió evitar que el debate quede atrapado en consignas partidarias. Según planteó, el eje debería pasar por la receta agronómica, la supervisión profesional, el uso de productos autorizados por el Senasa y controles efectivos. “El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta”, sostuvo.
Proyectos que esperan una definición
Vaccarezza volvió a impulsar su proyecto para establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en la gestión, aplicación y uso de fitosanitarios. La iniciativa propone registros públicos de empresas, equipos aplicadores, asesores y fiscalizadores; un sistema para identificar zonas sensibles; y buenas prácticas destinadas a reducir la deriva. El texto fue elaborado con aportes de ingenieros agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, Coninagro, el INTA y otros actores.
La legisladora remarcó que la norma provincial vigente, la Ley 10.699, fue sancionada en 1988 y no contiene un esquema uniforme de distancias para los 135 municipios. “El campo bonaerense necesita previsibilidad y los vecinos tranquilidad”, sostuvo.
Solmi recordó que durante la gestión de María Eugenia Vidal participó de más de 80 reuniones con productores, ambientalistas, universidades, organismos científicos, aplicadores y asociaciones profesionales para consensuar otra iniciativa que nunca llegó al recinto. También citó el antecedente penal de Córdoba y reclamó definir con precisión zonas protegidas, productos habilitados y condiciones de aplicación. “Hay que resolverlo de una vez”, concluyó.