“Lo tiene que resolver la política”: judicialización y vacíos legales en fitosanitarios mantienen en alerta al agro bonaerense

La polémica por el uso de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires volvió a encender alarmas en el sudeste bonaerense. En los últimos meses, la judicialización del tema se profundizó: la Suprema Corte bonaerense suspendió artículos de ordenanzas municipales en Tandil y Rauch, amplió zonas de exclusión para aplicaciones y mantiene bajo revisión otras normativas locales. 

En paralelo, en Pergamino, siete productores enfrentan un juicio penal federal por presunto daño ambiental, marcando un salto de la discusión desde el ámbito local hacia la responsabilidad individual.

La cuestión fue eje de la reunión mensual de las 16 rurales que integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), realizada en Mar del Plata con la Sociedad Rural local como anfitriona. Allí, dirigentes y productores coincidieron en que el problema supera los límites de cada distrito y exige una respuesta política unificada.

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“Hoy soy yo, mañana sos vos”

El conflicto no es nuevo: Mar del Plata ya atravesó esta situación entre 2012 y 2014, cuando denuncias individuales impulsadas por particulares derivaron en restricciones que todavía condicionan miles de hectáreas del segundo cinturón hortícola más grande del país.

Según explicaron desde la Sociedad Rural local, ese patrón se repite: intervenciones judiciales, ampliación de distancias y desplazamiento de la producción hacia otros partidos, generando un efecto dominó que amenaza ahora a Tandil, Rauch y Azul.

Juan Carlos Petersen, presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, alertó: “Cuando iba a las reuniones y contaba lo que nos pasaba, muchos pensaban que era un hecho aislado. Yo les decía: hoy soy yo, pero en unos años nos va a tocar a todos”.

Según su análisis, el corrimiento productivo derivó en conflictos en distritos receptores y abrió la puerta al avance inmobiliario sobre tierras que quedaron en un limbo productivo. “El que estaba a 2 mil metros y podía producir, hoy tiene un barrio privado en el medio”, graficó Petersen, señalando que la falta de planificación territorial genera pérdida de inversiones y mayor incertidumbre entre los productores.

Falta de ordenamiento y vacíos legales

Para los dirigentes rurales, la problemática tiene dos ejes críticos. El primero es el ordenamiento territorial: en muchos partidos, aseguran, no está definido dónde termina lo urbano y empieza lo rural, lo que provoca conflictos permanentes y desplaza la actividad agrícola.

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El segundo apunta al rol de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), cuya ausencia de participación en la regulación pública genera incertidumbre sobre qué productos están autorizados y bajo qué condiciones.

“Si para la Justicia núcleo urbano son cuatro o más personas, estamos perdidos, porque no podemos hacer nada en ningún lado. Ya ni en el campo, porque un empleado tuyo con dos o tres hijos ya es núcleo urbano”, advirtió Petersen, quien pidió que la discusión deje de depender de fallos judiciales y pase a la política.

El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, coincidió en que se necesita una ley provincial que unifique criterios. Tras la suspensión de ordenanzas en Tandil y Rauch, Bugallo advirtió que el vacío legal provoca desorden territorial y regulaciones dispares: “Hoy muchos hablan de glifosato, de Monsanto… El problema no es el producto en sí, sino si se utiliza de manera incorrecta, sin receta agronómica ni supervisión profesional”.

Por su parte, la diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, recordó que la provincia cuenta con una ley de 1998 que quedó obsoleta y que su proyecto busca establecer un marco integral con criterios homogéneos en los 135 municipios bonaerenses, contemplando las perspectivas de productores, ingenieros agrónomos, veterinarios, el INTA y otras entidades técnicas.

Debate nacional y presión política

El caso de Pergamino evidenció que los conflictos locales pueden derivar en procesos judiciales con impacto penal. Frente a este escenario, CARBAP anunció que asumirá el tema como propio y acompañará jurídicamente a los productores. Santo Rosati, protesorero de la entidad, señaló que la organización ya se está asesorando para respaldar a los afectados.

“El país se tiene que poner y decir: con esto hay que terminar y estas son las reglas, o seguiremos igual. Esto es un tema que nació de la política y lo tiene que resolver la política”, concluyó Petersen, sintetizando el reclamo del sector: normas claras, previsibilidad económica y respaldo científico antes de que el mapa productivo vuelva a correrse.