Agroquímicos: la Justicia frenó ordenanzas en distritos de Lunghi y Suescun

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender de manera precautoria parte de las ordenanzas que regulan la aplicación de agroquímicos en los distritos de Tandil y Rauch, una decisión que expuso la fragilidad normativa impulsada por los intendentes Miguel Ángel Lunghi y Maximiliano Suescun, y reactivó un conflicto ambiental y político de alto impacto territorial.

La medida fue adoptada a partir de una presentación realizada por vecinos de la Cuenca del Chapaleoufú, que abarca zonas de ambos partidos, y contó con el aval del dictamen del procurador general Julio Conte Grand. Mientras la Corte analiza el fondo de la cuestión, suspendió artículos clave de las ordenanzas municipales y exigió a ambos intendentes que, en un plazo perentorio de diez días, remitan todos los antecedentes que dieron origen a esas normas.

La resolución, firmada el 30 de diciembre y comunicada días después a los municipios, dejó en evidencia que los marcos regulatorios locales —presentados como acuerdos de “convivencia” entre productores y vecinos— no lograron superar el test de constitucionalidad frente a un reclamo ambiental sostenido.

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Ordenanzas cuestionadas y advertencia judicial

El secretario de la Corte, Juan José Martiarena, fue el encargado de notificar a los jefes comunales y reclamar la documentación vinculada a las ordenanzas 850/12 y 17.404/21, que habilitan aplicaciones de agroquímicos a determinadas distancias de viviendas, escuelas, pozos y cursos de agua.

El dictamen de Conte Grand reconoció la legitimidad del reclamo de los pobladores de la cuenca, que incluye también a las localidades tandilenses de Gardey y Vela, y recomendó suspender las normas vigentes hasta tanto se evalúe su adecuación a los principios de protección ambiental y prevención del daño.

En concreto, la Corte ordenó suspender los artículos referidos a los cuidados específicos frente a los cursos de agua. En el caso de Tandil, se trata del artículo 8°, que establecía una zona de exclusión de 50 metros para cursos de agua principales y de 20 metros para los secundarios.

Un consenso político que no resistió

En Tandil, el oficialismo municipal había presentado la ordenanza aprobada en 2021 como un ejemplo de consenso político. Sin embargo, ese proceso estuvo marcado por fuertes tensiones: una sesión del Concejo Deliberante debió ser suspendida por la irrupción de activistas ambientales y, recién luego, la norma fue sancionada por 19 votos a favor y una abstención.

El texto ampliaba las zonas de exclusión y amortiguamiento para la aplicación de fitosanitarios, fijándolas en 60 y 800 metros, según el producto y la zona. Para los establecimientos educativos rurales, se establecieron 150 metros de exclusión y hasta 500 de amortiguamiento, además de barreras forestales, acuerdos de horario y la obligación de que las escuelas estén vacías durante las aplicaciones.

Nada de eso fue suficiente para evitar la intervención del máximo tribunal provincial, que ahora puso en suspenso una de las regulaciones que el propio municipio defendía como “progresista”.

Reclamo vecinal y presión sobre los intendentes

Los vecinos nucleados en la ONG Defensores Ambientales de la Cuenca del Chapaleoufú —ocho personas que impulsaron la demanda— reclaman que se fijen distancias precautorias de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 2.000 metros para las aéreas, en línea con el antecedente judicial de Pergamino.

Desde la Sociedad Rural, en cambio, advirtieron que un fallo en ese sentido dejaría miles de hectáreas agrícolas de Tandil fuera de los esquemas productivos convencionales.

Mientras tanto, la Corte avanza con el análisis de fondo y mantiene en suspenso parte de las ordenanzas impulsadas por Lunghi y Suescun, dejando a ambos intendentes bajo una presión creciente y con explicaciones pendientes ante la Justicia bonaerense.