Una designación judicial vuelve a poner el foco sobre la causa $LIBRA
El Gobierno oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal de Hurlingham. Es la esposa del magistrado que interviene en la investigación por la criptomoneda promocionada por el Presidente y que recientemente resolvió excluir a las querellas del expediente.
Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 589/2026 y volvió a colocar el foco político sobre la causa $LIBRA.
Juan es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo el expediente en el que se investiga el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda difundida por el Presidente. La vinculación familiar adquirió relevancia después de que el magistrado resolviera apartar a los querellantes que representaban a inversores afectados.
La decisión judicial fue apelada y deberá ser revisada por la Cámara Federal porteña. Hasta que ese tribunal se pronuncie, la investigación continuará sin la intervención de las querellas excluidas y con el fiscal Eduardo Taiano como representante de la acusación pública.
La designación en el Juzgado Federal de Hurlingham
El decreto firmado por Milei nombró a Juan al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, una dependencia creada para atender causas correspondientes a esa jurisdicción del conurbano bonaerense.
Su pliego había sido enviado al Senado como parte del proceso impulsado por el Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia federal. Luego de recibir la aprobación de la Cámara alta, el nombramiento requería la firma del Poder Ejecutivo para quedar oficializado.
Además de quedar como titular del juzgado de Hurlingham, la Cámara Federal de San Martín solicitó que la magistrada atienda temporalmente vacantes existentes en los juzgados federales de Moreno y Morón. La medida responde a la necesidad de cubrir dependencias que todavía no cuentan con titulares definitivos.
El vínculo con la causa $LIBRA
La designación se produjo pocos días después de una resolución de Martínez de Giorgi que modificó la composición de la causa $LIBRA. El juez hizo lugar a un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli y dispuso apartar a quienes intervenían como querellantes en representación de inversores.
Los afectados cuestionaron la decisión y presentaron recursos para recuperar su participación en el expediente. La definición quedó ahora en manos de la Cámara Federal porteña, que deberá determinar si confirma el criterio del juez o permite que las querellas vuelvan a intervenir.
El apartamiento implica que los inversores excluidos no pueden, mientras la resolución permanezca vigente, acceder plenamente al expediente, solicitar medidas de prueba ni impulsar la acusación mediante sus representantes legales.
La coincidencia temporal entre aquella resolución y la firma del nombramiento de Juan generó cuestionamientos políticos y judiciales. Sin embargo, las fuentes aportadas no presentan elementos que acrediten una relación causal entre ambas decisiones, por lo que deben analizarse como actuaciones institucionales diferentes.
Una causa que involucra al Presidente
La causa $LIBRA investiga las circunstancias que rodearon el lanzamiento, la promoción y el posterior desplome del activo digital difundido por Javier Milei. Entre los puntos bajo análisis se encuentran las relaciones entre funcionarios, empresarios e intermediarios vinculados con el proyecto.
Martínez de Giorgi quedó a cargo de la investigación después de una serie de planteos sobre qué juzgado debía intervenir. La Cámara Federal resolvió que el expediente continuara en el Juzgado Federal N.º 8, a cargo del magistrado.
La investigación mantiene medidas pendientes y todavía no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas. La exclusión de las querellas y su posterior apelación abrieron una nueva discusión procesal sobre quiénes podrán participar activamente en el expediente.
El nombramiento de Ana María Cristina Juan forma parte de la política del Gobierno destinada a ocupar vacantes judiciales. No obstante, su relación con el juez que interviene en una causa que alcanza al Presidente convirtió la designación en un hecho de especial sensibilidad institucional.
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