¿Qué juzgados faltan y cómo se definirá el nuevo mapa judicial bonaerense?
La reactivación de la Comisión Permanente del Mapa Judicial abrió una negociación entre los tres poderes bonaerenses para definir qué juzgados deben crearse, cuáles necesitan estructura complementaria y qué proyectos pueden llegar a la Legislatura antes de fin de año. El organismo, creado en 2018 por la Ley 15.044, volvió a reunirse con una agenda que incluye 16 iniciativas con estado parlamentario, en su mayoría vinculadas con el fuero de Familia.
En distintas reuniones participaron los jueces de la Suprema Corte Daniel Soria y Sergio Torres; el procurador general Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; los subsecretarios Lisandro Pellegrini e Inti Pérez Aznar; las diputadas de Fuerza Patria Lucía Iañez y Maite Alvado; y el jefe del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo.
También hubo representantes de Economía y de los colegios de Abogados y Magistrados. El Senado todavía debía formalizar sus tres lugares y, según lo informado, no hubo representantes identificados de La Libertad Avanza ni del PRO.
Dieciséis proyectos y faltantes urgentes
La comisión acordó elaborar un diagnóstico común, ordenar los expedientes y establecer prioridades antes de emitir un dictamen consultivo para diputados y senadores. El objetivo es llegar a septiembre u octubre con una presentación formal que permita destrabar proyectos para nuevos juzgados, fiscalías y otras dependencias. “Acá hay que hacer un diagnóstico, ordenar y después crear cosas nuevas”, resumió uno de los participantes.
Entre los casos analizados figuran un Juzgado de Garantías para Hurlingham dentro del Departamento Judicial Morón; otro con asiento en Pehuajó y competencia sobre Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó; y un Juzgado Correccional en Saladillo para atender también Roque Pérez y Lobos. El debate alcanzó incluso la posibilidad de crear nuevos departamentos judiciales, aunque esa discusión quedó postergada.
La preocupación no pasa solo por abrir dependencias. Desde la Corte y la Procuración advirtieron que en ocasiones se aprobaron juzgados sin contemplar defensores, fiscales o personal suficiente. Por eso, la primera prioridad serían los Juzgados de Familia y las estructuras que necesitan para funcionar. El informe también buscará unificar los índices de litigiosidad y las estadísticas del Ministerio de Justicia y la Procuración, que no siempre coinciden.
La Suprema Corte planteó, además, avanzar con la autarquía judicial y crear una figura que le permita presentar proyectos directamente en la Legislatura. Hoy la comisión puede elaborar anteproyectos, pedir informes, convocar especialistas y opinar sobre la creación o transformación de órganos judiciales, pero sus resoluciones no obligan ni al Ejecutivo ni al Parlamento.
Magistratura activa y vacantes pendientes
La discusión sobre el mapa judicial avanza en paralelo con la reactivación del Consejo de la Magistratura. El Senado nombró a Sergio Berni y Fernando Coronel por Fuerza Patria, y a María Luz Bambaci por La Libertad Avanza.
Diputados designó a Mariano Cascallares y Sofía Vanelli, mientras Axel Kicillof completó los lugares del Ejecutivo con Santiago Pérez Teruel, Lisandro Pellegrini y Santiago “Lalo” Révora; como suplentes ingresaron Gabriela Demaría, Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino. Mena e Inti Pérez Aznar mantienen sus mandatos hasta diciembre.
También juraron Martín Endere, del PRO, y Diego Garciarena, de la UCR, en un acto encabezado por Daniel Soria y Facundo Tignanelli. Queda pendiente un suplente opositor en el Senado, donde el PRO impulsa a Juan Manuel Rico Zini mientras La Libertad Avanza reclama más representación, en una discusión atravesada por los sectores de Diego Santilli y Cristian Ritondo y bajo la conducción de Verónica Magario.
El Consejo retomó concursos, entrevistas y ternas después de haber producido más de 600 durante la gestión. En paralelo sigue abierta la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte —que depende de una propuesta del gobernador y del acuerdo del Senado, sin intervención del Consejo—.
El tribunal funciona con Torres, Soria e Hilda Kogan tras la salida de Luis Genoud. Aunque en 2025 se concretaron 412 designaciones, todavía quedan alrededor de 200 cargos pendientes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras.
El reclamo de los trabajadores
La Asociación Judicial Bonaerense viene advirtiendo que la falta de personal y de inversión agrava el funcionamiento cotidiano. En 2025 señaló que las causas laborales habían crecido 256% en dos décadas, con apenas 30% más de personal, y que los expedientes de Familia aumentaron 626% entre 2010 y 2024 frente a una suba de planta del 143%. También denunció oficinas saturadas y dependencias creadas por ley que nunca fueron habilitadas.
En mayo de 2026, trabajadores de las Defensorías Oficiales de La Plata exigieron a la Procuración una respuesta en 30 días por la sobrecarga de tareas y la falta de soluciones. “Sin defensa no hay justicia”, cerraron.