Caputo vuelve por los dólares del colchón tras la baja adhesión
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, luego de reconocer que la iniciativa vigente no alcanzó el nivel de adhesión esperado.
El objetivo oficial es ofrecer mayores garantías jurídicas para que los argentinos incorporen al sistema financiero parte de los USD 170.000 millones que, según datos del Banco Central, permanecen fuera del circuito formal.
Durante una conferencia de prensa, Caputo volvió a cuestionar a quienes conservan sus ahorros en efectivo y calificó esa decisión como un error económico.
“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años”, afirmó.
El ministro buscó así convencer a los ahorristas de que depositen sus divisas, aunque el propio Gobierno admite que los intentos realizados hasta ahora no lograron modificar de manera significativa ese comportamiento.
El plan anterior no consiguió la respuesta esperada
Después de varios meses de vigencia, Caputo reconoció que Inocencia Fiscal no alcanzó el nivel de adhesión proyectado.
Los depósitos en dólares del sector privado permanecen alrededor de los USD 40.000 millones y registran cambios mensuales reducidos, una señal de que el esquema no consiguió atraer una parte sustancial de los ahorros mantenidos fuera de los bancos.
Pese a presentar la tenencia de efectivo como un “mal negocio”, el ministro no explicó por qué una porción importante de los argentinos continúa prefiriendo guardar sus dólares fuera del sistema financiero.
El Gobierno considera que esos fondos son necesarios para avanzar en la remonetización de la economía y ampliar las posibilidades de inversión y financiamiento.
“Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, sostuvo Caputo.
Sin una meta concreta para evaluar el resultado
Uno de los puntos más débiles de la presentación fue la ausencia de una estimación concreta sobre cuántos dólares deberían ingresar al sistema para considerar exitoso el nuevo proyecto.
Cuando se le preguntó qué proporción de los USD 170.000 millones debería bancarizarse, Caputo no brindó una respuesta. Los tributaristas que participaron de la conferencia tampoco expusieron proyecciones.
La falta de una meta impide establecer de antemano con qué parámetro el Gobierno evaluará el desempeño de la iniciativa.
En la presentación participaron Ricardo Paolina, socio de Lisicki, Litvin & Abelovich; Liban Kusa, socio del departamento de impuestos del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja; y Sonia Becherman.
Las dudas que obligaron a presentar otra ley
La decisión de enviar un nuevo proyecto al Congreso surgió después de las advertencias realizadas por contadores y especialistas tributarios.
Los profesionales señalaron que la legislación vigente deja expuestos a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027 y no ofrece garantías jurídicas suficientes para quienes decidan incorporar sus ahorros al sistema.
Caputo aseguró que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y expresó su confianza en que el Congreso vuelva a aprobar la propuesta.
Según explicó, el objetivo sigue siendo permitir que las personas que en el pasado se vieron obligadas a informalizar sus ahorros puedan bancarizarlos.
Sin embargo, la necesidad de impulsar otra ley confirma que el marco aprobado anteriormente no logró despejar las dudas ni generar la confianza que el Gobierno esperaba.
Los cambios que prepara el Gobierno
La versión de Inocencia Fiscal aprobada por el Congreso en diciembre presenta, según los especialistas, distintos puntos que deberán ser corregidos.
Uno de ellos son los límites para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. Actualmente, solo pueden adherirse quienes tengan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
La nueva propuesta permitirá la incorporación de grandes contribuyentes, aunque estos no tendrán la posibilidad de declarar dólares en efectivo.
También se modificará la manera de calcular la denominada discrepancia significativa.
La exclusión del régimen se configurará si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos igual o superior al 15%.
Además, se establecerá un umbral mínimo. Aunque la diferencia reclamada supere ese porcentaje, no se aplicará la exclusión si el monto no alcanza el 5% del valor de evasión previsto en el artículo 1° de la Ley Penal Tributaria.
El silencio sobre los funcionarios adheridos
Durante la conferencia, Caputo no hizo referencia a las tensiones generadas por la adhesión de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias.
Entre los casos mencionados se encuentra el del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.
El ministro concentró su exposición en las garantías para los contribuyentes y en la necesidad de captar dólares, sin abordar las controversias políticas vinculadas con el acceso de funcionarios al régimen.
Qué ocurrirá con las provincias
Otro de los interrogantes se relaciona con las provincias que decidan no adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.
Durante la gestión de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se firmaron convenios con diferentes jurisdicciones. En ese proceso, se indicó que las provincias que no acompañaran el esquema dejarían de recibir determinada información tributaria.
El nuevo proyecto deberá atravesar nuevamente el debate legislativo. Mientras tanto, Caputo busca convencer a los ahorristas de que abandonar el efectivo es una decisión conveniente, aunque todavía no presentó resultados ni objetivos concretos que permitan medir el éxito de su estrategia.